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lunes, abril 12, 2021

Decretaron el “fin del show de bonificaciones”

El Gobierno modificó los alcances del decreto 48/08 que establece la manera de liquidar los sueldos. El sistema generó polémica porque había situaciones en las que se vieron favorecidos sindicalistas, parientes y amigos de los gobernantes de turno, que el Ejecutivo consideró “perjudiciales” para el Estado. Ahora, nadie podrá cobrar más del 36,6 por ciento. En algunos casos, llegaban a cobrar hasta un 90,9 por encima del básico.

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El decreto 311 firmado por el intendente Salazar está llamado a denominar dentro del gabinete lo que investigaciones de La Opinión nombraron como “el festival de bonificaciones”. Se trata de la decisión del Ejecutivo de modificar la manera en la que se liquidan los plus por título, que tanta polémica trajeron desde que se instauraron en 2008.

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El famoso decreto 48/08 sufrió cambios en sus aspectos centrales y desde ahora nadie en el Estado municipal podrá percibir bonificaciones por títulos que nada tienen que ver con su tarea, de dudosa procedencia o de tal acumulación que impliquen el doble del salario básico, como sucedía en algunos casos.

Años de “perjuicio” al erario

Para el intendente Salazar y sus secretarios de Economía Mario Sánchez Negrete y de Gobierno Silvio Corti, el pago de bonificaciones tal como estaba “ha distorsionado el verdadero interés perseguido por la norma”, produciendo “situaciones que resultan a todas luces perjudiciales para la administración municipal en beneficio personal de algunos agentes”.

El decreto, firmado el 25 de abril pasado, no lo dice, pero su redacción lo insinúa: llegó la hora de poner fin al show de bonificaciones que instauró Barbieri, profundizó Guacone y continuó Giovanettoni.

Los intentos por modificar ese decreto siempre chocaron con el grito de los sindicalistas, que aseguraban que se trata de “derechos adquiridos” que no podían tocarse. Sin embargo, en el transcurso de los seis meses que lleva de Gobierno, Salazar quitó bonificaciones a quienes entendía que no le correspondían por sus funciones.

“Sólo para quien lo merezca”

Así describen en el Gobierno cómo será la distribución de las bonificaciones por título. La nueva redacción de la norma que rige el pago de ese plus señala que nadie podrá cobrar más del 36,6 por ciento sobre el básico, como sucedía hasta ahora, con personal que cobraba hasta el 90,9 por ciento porque todo papelito firmado le permitía acceder al beneficio.

Ahora el control será más estricto. Los pagos extra serán del 9,09 por ciento para quien posea título secundario y terciarios; habrá un adicional del 3 % para quienes certifiquen cursos de capacitación requeridos por la Municipalidad, con un límite de tres.

Quienes hayan cursado la Tecnicatura Superior en Administración Municipal “y/o tecnicaturas con títulos oficiales u otorgados por Institutos privados reconocidos” cobrarán 5,91 por ciento. Aquí, el Gobierno privilegió con casi tres puntos más la educación privada por sobre la pública, ya que todos los otros títulos terciarios no relacionados con la tarea municipal pagan menos.

Quien posea título universitario no cobrará por los anteriores y percibirá un 18,8 por ciento de bonificación sobre el básico. En este caso, no es necesario que la carrera esté relacionada con la tarea que cumple, como en el de los terciarios y los seminarios. Las bonificaciones tendrán una vigencia de tres años desde su otorgamiento.

El decreto incluye la comunicación expresa al Director de Personal Augusto Ramos para que “realice adecuaciones correspondientes en los legajos del personal municipal”, lo que implica que en el próximo salario se sentirán las consecuencias.

La disputa por “derechos adquiridos”

Los empleados están advertidos y los sindicatos preocupados, porque hay dos versiones respecto de la aplicación del nuevo régimen de bonificaciones por título. Una dice que la “adecuación de legajos” implicaría revisión de todos ellos para dejar de pagar como hasta ahora, y otra que será para los certificados que se presenten de ahora en más.

El Concejo Deliberante supo hacer consultas a la Asesoría General de Gobierno y al Tribunal de Cuentas sobre algunos casos testigo de la aplicación del decreto 48/08. Siempre la respuesta fue que las liquidaciones estaban “ajustadas a derecho”.

“Esto va a generar reclamos por derechos adquiridos, hay quienes les implicaría una reducción de sueldo importante”, analizan en las mesas de los sindicalistas. Además, creen que con un 3 por ciento por curso y sólo por 3 años “mucho incentivo para capacitarse no hay”.

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