De Rosario a San Pedro: tres fallos sobre bloqueos sindicales de Camioneros con criterios opuestos y contradictorios
Mientras un tribunal rosarino condenó esta semana a dos sindicalistas por impedir el ingreso a la empresa de la familia Razzini ,en San Nicolás la causa por el bloqueo a la sampedrina Rey Distribución SRL arrojó dos sentencias contradictorias por los mismos hechos: la absolución de Cabaleyro por el juez Alejandro López y la condena a cuatro años de prisión resuelta para Fernando Espíndola por la jueza María Elena Baquedano.
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Una serie de resoluciones judiciales dictadas entre Santa Fe y la provincia de Buenos Aires expuso criterios opuestos a la hora de delimitar el alcance constitucional del derecho de huelga frente a los bloqueos de establecimientos comerciales realizados por el Sindicato de Choferes de Camiones.
Esta semana fue contundente para las causas que se tramitaban en ambas provincias. El martes 10 de noviembre, el Tribunal Pluripersonal del Colegio de Jueces de Primera Instancia del Distrito Judicial N.º 2 de Rosario —integrado por Gonzalo Fernández Bussy, Mariano Aliau y Paola Aguirre— condenó a dos años y tres meses de prisión en suspenso a dos integrantes de Camioneros de Santa Fe por el bloqueo que sufrió durante 90 días en 2020 la firma de materiales de construcción de la familia de la diputada Verónica Razzini.
Los magistrados rosarinos los hallaron culpables del delito de turbación de la posesión y establecieron en los fundamentos que el derecho a huelga "no es impedir por la fuerza que otros trabajen, compren o vendan", citando la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo "Orellano", que define la medida de fuerza como la abstención de la prestación laboral. Además, impusieron reglas de conducta y una restricción de acercamiento de 200 metros respecto de las sedes de la empresa.
Apenas tres días después, este viernes 13 de noviembre, el conflicto por los bloqueos ocurridos en 2021 contra la empresa sampedrina Rey Distribución SRL sumó un nuevo capítulo judicial en los tribunales de San Nicolás, dejando al descubierto una marcada contradicción entre jueces del mismo fuero y departamento judicial sobre una misma causa y sus correspondientes imputados.
En el expediente desdoblado de la causa original, la jueza María Elena Baquedano, integrante unipersonal del Tribunal en lo Criminal N.º 2 de San Nicolás, condenó en juicio abreviado al dirigente gremial de San Pedro Fernando José "Nano" Espíndola a la pena de cuatro años de prisión, más accesorias legales y costas, como coautor de turbación de la posesión en concurso ideal con amenazas coactivas en grado de tentativa (dos hechos) y amenazas coactivas consumadas, además de imponerle una prohibición de acercamiento hacia los hermanos Gustavo y Ariel Rey, sus familias y los locales de la distribuidora.
En sintonía con el criterio aplicado en Rosario, Baquedano sostuvo en su sentencia que el derecho de huelga previsto en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional no ampara la comisión de delitos ni la lesión al derecho de propiedad, y subrayó que la medida de fuerza deja de ser legítima cuando restringe mediante intimidación o vehículos apostados en los accesos el libre ejercicio de la actividad comercial.
De este modo, dio por acreditada la responsabilidad de Espíndola en los bloqueos del 15 de enero y del 22 al 25 de febrero de 2021 frente al galpón de calle Bonorino 175 —donde se estacionó un colectivo de la mutual sindical— y en las amenazas coactivas dirigidas en abril de ese año al contador Víctor Grabovieski para forzar la firma de un convenio de pago por $805.383,03 bajo advertencia de paralizar nuevamente la planta. La magistrada, en cambio, lo absolvió por el beneficio de la duda respecto al presunto cobro de cuotas mensuales ilegales entre 2017 y 2020.
La resolución de Baquedano choca frontalmente con el veredicto dictado el mes pasado en la causa principal por su colega del Tribunal Oral en lo Criminal N.º 2 de San Nicolás, el juez Alejandro López. Tras un juicio oral celebrado entre el 28 de septiembre y el 5 de octubre de 2026, López absolvió al secretario general de la seccional San Nicolás de Camioneros, Maximiliano Cabaleyro, y a otros seis imputados por los mismos bloqueos a Rey Distribución SRL.
Para fundamentar las absoluciones —que ya fueron apeladas por la Fiscalía y el particular damnificado—, el juez López encuadró los hechos dentro del ejercicio legítimo del derecho de huelga y la libertad sindical.
A diferencia de lo resuelto por Baquedano y por los jueces de Rosario, López consideró que la permanencia frente a la distribuidora constituyó una medida de acción directa protegida constitucionalmente, descartó que hubiera existido violencia o coacción para obligar a la empresa a pagar y entendió que los reclamos económicos del sindicato respondían a deudas laborales legítimas.
La jueza fue más allá de los delitos en cuestión y también observó la actuación del personal de la Delegación del Ministerio de Trabajo.
Sostuvo que una conversación entre el referente gremial una empleada de nombre “Natalia” se acordó darle tiempo al bloqueo y así la actuación de la titular del organismo la Dra. Sofía Rotundo que no documentó correctamente y a tiempo lo que acontecía en el lugar.
También entre la prueba documental, Baquedano mencionó a la presencia de camiones de conocidas empresas de San Pedro que se sumaron al bloqueo con sus vehículos y choferes.
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