De paradojas y usurpaciones
Mientras el Municipio intenta “arreglar” con la Justicia la finalización de las viviendas en el barrio San Francisco de Asís, continúan las “operaciones inmobiliarias” con las casas usurpadas y se suman al embrollo, nuevos intentos de usurpación.
El Estado en general y el Municipio en particular, se encuentran frente a una verdadera encrucijada en la cuestión de las usurpaciones. El análisis de la situación, arroja la impresión de que cualquier decisión devengaría tantos problemas como soluciones, en un resultado de suma cero.
Todos aquellos que rodean el asunto, hablan ya no de buscar soluciones, sino de encontrar, de una manera u otra, el mal menor.
Es que según la Justicia, no va a haber desalojos, al menos por ahora en la primera resolución, porque no se configura claramente la figura de “usurpación” por la falta de violencia en el ingreso a las unidades habitacionales. Pero por otro lado, la sentencia impone al Intendente “…que tome las medidas que considere pertinentes para evitar inconvenientes en su ciudad.”
Con un panorama en el que no va a haber desalojo, la obra no está terminada, las casas siguen sin adjudicar, hay riesgo sanitario y humanitario, y un conflicto de intereses entre adjudicatarios, usurpadores y “dueños”, se configura una crisis social y humanitaria que se disparó desde la fatídica jornada de la usurpación, que se intensificó durante todos estos meses en el barrio San Francisco de Asís, lo que hace inevitable para el Estado local el intervenir en esta situación.
Además, la otra cuestión, es el cómo encarar futuros planes de vivienda. El fallo judicial por un lado, legitima de alguna manera el mecanismo usurpador, por parte de quienes se encuentren en “emergencia habitacional”, y desnuda las tremendas falencias y falta de transparencia que han tenido tanto las adjudicaciones como las obras, en los planes de vivienda, aunque desde la resolución enviada por la Dra. Vázquez, se explica y especifica como se deberían realizar las adjudicaciones. En este sentido, el Defensor General Dr. Gabriel Ganon, responsabilizó explícitamente a la administración Barbieri por acción u omisión en la causa de las usurpaciones. Dijo no saber, en relación a la adjudicación de las viviendas, “si es legítima o es ilegitima”, y que según sus representados “muchas de las personas adjudicadas, no deberían haber sido adjudicadas porque no reunían los requisitos para serlo”.
Ahora bien, ¿cómo seguir de aquí en más frente a este difícil panorama? De no recuperar rápidamente la legitimidad como entidad responsable ante nuevos planes de vivienda, se corre el riesgo -tal como pasó esta semana- en un nuevo intento de usurpación, que las emergencias individuales atenten contra las necesidades colectivas.
“Esto no es Suiza”
El conflicto social del barrio San Francisco, en el que familias vulnerables con derechos adquiridos reclaman por haber sido desplazadas de sus casas por otras sin derecho, pero con un grado de vulnerabilidad similar o mayor, generó desconcierto entre algunos funcionarios municipales, sobre todo cuando aún se temía por un desalojo que hubiera ocasionado problemas políticos y sociales aún mayores.
Según la gente de Desarrollo Humano, los relevamientos y mapeos de la zona, indicarían y demostrarían la gran rotación de gente que hubo, dado que muchos de los usurpadores originales, ya “hicieron el negocio” y partieron a otros rumbos.
“Se vendieron casas por pocos pesos” comentaron desde la Secretaría, con un gesto de incredulidad y resignación.
Se sabe también que, para consolidar la situación de matrimonio que garantizara y justificara la usurpación, hubo padres que autorizaron casamientos entre adolescentes de 14 años, sólo para poder obtener la vivienda.
En este sentido, y consultado con respecto a las soluciones de esta encrucijada, el Secretario de Coordinación Facundo Vellón comentó que “esto no es Suiza, es Argentina”, y que seguramente la solución será “a la argentina”.
En principio la idea del Municipio es por un lado hacer una presentación ante la fiscalía, proponiendo, de común acuerdo con la constructora, terminar la obra. Esto estaría ya pactado, según se dejó trascender, con la empresa Giribaldi, que estaría de acuerdo en retomar el trabajo para finalizar lo que quedó inconcluso y poder de esa manera cobrar por el trabajo. Por otro lado estarían trabajando en la atención social en el barrio, para intentar disminuír el impacto de la situación de vulnerabilidad social en la que se encuentran. En ese sentido, ya hay otro fallo favorable a la Defensoría Oficial que indica que la Coopser debe proveer al barrio de la energía eléctrica. Con ese panorama la entidad y el Municipio sostenían como preocupación la precariedad de las conexiones clandestinas que en cualquier momento puedan ocasionar un accidente con alguno de los vecinos.
El tema seguramente traerá un nuevo capítulo de discusión por las dificultades que debe afrontar cualquier ciudadano para acceder a un medidor y la rapidez de entrega en este caso. Igualmente, la Cooperativa necesita una certificación de domicilio, para hacer la conexión, cuestión que se podría llegar a utilizar en el futuro para certificar una posesión. Aunque para Vellón, “de ninguna manera le daría más derechos” a los usurpadores.
Por último, están buscando algún mecanismo que legitime la adjudicación de viviendas en el futuro, y que sirva también para confeccionar el listado definitivo de okupas del barrio, que cambia día a día, a raíz de las “operaciones inmobiliarias” que los mismos usurpadores hacen sobre las casas.
Los adjudicados
Adriana, es madre de tres chicos. Ella, junto a su familia decidió ir a vivir en la casa que les adjudicaron ni bien se enteraron lo que pasaba en el barrio. La noticia les llegó casi por sorpresa y a través de un comentario. “Estábamos una mañana en Desarrollo Social y escuchamos en el pasillo a alguien que decía que se estaban por meter en las casas” dijo el marido de Adriana, quien agregó: “ni lo dudamos y vinimos antes de no poder entrar más.” Ellos, están anotados en un plan de viviendas desde el año 1992, pero fueron adjudicados con su terreno en la ex quinta Picagli siete años después. Viven cerca de la escuela, en un sector que es tranquilo y entre su casa y la de enfrente hay cuatro usurpadores, según relatan.
El caso de Irene no es muy diferente. Ella, es de Capital Federal, donde trabajaba para la Obra Social OSECAC. Al conocer a un sampedrino, se casó y se mudó. Aquí nunca trabajó, al principio porque no lo necesitaba, después porque no encontraba. Al separarse, con ella quedó el hijo del matrimonio, que hoy tiene 27 años y vive con ella. En los 90 se anotó en un plan, pero hace casi cinco que paga por su lugar en el Barrio San Francisco. En la actualidad, es beneficiaria del Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados, se encuentra feliz por tener su casa, donde tiene muchos proyectos. La vivienda, cambió rotundamente, ya que en familia construyen un paredón que separa su patio, un porche para una nueva entrada lateral, hizo retoques en el interior y quiere en lo que sería el living, abrir su propio negocio: “Me gustaría poner un almacén o una verdulería” dijo. Su casa, está ubicada en una esquina, justo en frente del CIC. En cuanto a los censos y las noticias de entregas de material, se mantienen al margen, prefieren no involucrarse y casi como un casete, todos repiten “no vi nada, por acá no pasaron”, aunque algunos se arriesgan un poco más y dicen que esto se resuelve rápido y políticamente. La verdad, es que no los visitan porque existe un plano en manos de un importante referente, con todas las casas del barrio y saben donde golpear y donde no.
Los “usurpadores”
Historias hay miles, pero comentarios más. Todos llegaron de forma distinta al lugar, pero sin dudas con anécdotas que hacen increíble el proceso.
Una vecina, que llamaremos “N”, llegó como compradora. “A mí una señora de nombre Ana me vendió la casa donde vivo, en setecientos pesos” comentó, sabiendo además, que fue una modalidad muy utilizada la de las “inmobiliarias”, ya que según comentó la “agente de bienes raíces”, tenía más propiedades. Por la transacción no obtuvo ningún tipo de comprobante, como la mayoría, según dice. Ella, no tiene trabajo, no recibe ningún tipo de asistencia gubernamental; tiene un hijo de nueve meses y habita su hogar con su marido, que trabaja en el campo. Admite que no está bien lo que hizo, pero aclara que fue por necesidad y que al no ser de nadie la casa, no perjudicó a otro. Ella, también identifica a uno de los vendedores como Tony Correa. “El le dijo a Romina que salga de la casa porque él la iba a vender” comentó. Según dijo, era para que la chica (menor de edad) no tuviera problemas con la Justicia, porque igualmente no le iban a entregar la vivienda. Otro caso similar que señaló, es el de Juana, ya que quiso vender la casa donde ella estaba. En este caso, según relató, la habitante del lugar no estaba notificada, por lo que un día se enteró que su casa había sido vendida a otros, pero Juana se “avivó”, fue a discutir con Tony y finalmente se quedó.
“Hace muchos negocios” dijo, mencionando también al desaparecido Castells. “No desapareció, lo que pasa es que pidió armar una Comisión de Fomento y el Tony se quiso quedar con la mercadería y lo separaron. Mandaron 20 planes y él los repartió entre ellos, así que a algunos los dieron de baja.”
Diferentes son las corrientes, ya que de alguna forma, la política se apoderó del barrio y hay grupos que si bien en ciertas cosas trabajan juntos, en la intimidad no comparten casi nada. Afirman que recibieron elementos de construcción de manos de funcionarios públicos, que incluso en ciertos casos vendieron lo recibido.
La realidad según cada grupo
Cuando se habla de un caso como el de las usurpaciones, todo parece indicar un sitio donde hay paredes, ladrillos y números. Sin embargo, son cientos las personas que allí viven, en cualquier situación frente a la ley, con derechos, obligaciones y sobre todo, historias para compartir.
Los adjudicados
Adriana, es madre de tres chicos. Ella, junto a su familia decidió ir a vivir en la casa que les adjudicaron ni bien se enteraron lo que pasaba en el barrio. La noticia les llegó casi por sorpresa y a través de un comentario. “Estábamos una mañana en Desarrollo Social y escuchamos en el pasillo a alguien que decía que se estaban por meter en las casas” dijo el marido de Adriana, quien agregó: “ni lo dudamos y vinimos antes de no poder entrar más.” Ellos, están anotados en un plan de viviendas desde el año 1992, pero fueron adjudicados con su terreno en la ex quinta Picagli siete años después. Viven cerca de la escuela, en un sector que es tranquilo y entre su casa y la de enfrente hay cuatro usurpadores, según relatan.
El caso de Irene no es muy diferente. Ella, es de Capital Federal, donde trabajaba para la Obra Social OSECAC. Al conocer a un sampedrino, se casó y se mudó. Aquí nunca trabajó, al principio porque no lo necesitaba, después porque no encontraba. Al separarse, con ella quedó el hijo del matrimonio, que hoy tiene 27 años y vive con ella. En los 90 se anotó en un plan, pero hace casi cinco que paga por su lugar en el Barrio San Francisco. En la actualidad, es beneficiaria del Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados, se encuentra feliz por tener su casa, donde tiene muchos proyectos. La vivienda, cambió rotundamente, ya que en familia construyen un paredón que separa su patio, un porche para una nueva entrada lateral, hizo retoques en el interior y quiere en lo que sería el living, abrir su propio negocio: “Me gustaría poner un almacén o una verdulería” dijo. Su casa, está ubicada en una esquina, justo en frente del CIC. En cuanto a los censos y las noticias de entregas de material, se mantienen al margen, prefieren no involucrarse y casi como un casete, todos repiten “no vi nada, por acá no pasaron”, aunque algunos se arriesgan un poco más y dicen que esto se resuelve rápido y políticamente. La verdad, es que no los visitan porque existe un plano en manos de un importante referente, con todas las casas del barrio y saben donde golpear y donde no.
Los “usurpadores”
Historias hay miles, pero comentarios más. Todos llegaron de forma distinta al lugar, pero sin dudas con anécdotas que hacen increíble el proceso.
Una vecina, que llamaremos “N”, llegó como compradora. “A mí una señora de nombre Ana me vendió la casa donde vivo, en setecientos pesos” comentó, sabiendo además, que fue una modalidad muy utilizada la de las “inmobiliarias”, ya que según comentó la “agente de bienes raíces”, tenía más propiedades. Por la transacción no obtuvo ningún tipo de comprobante, como la mayoría, según dice. Ella, no tiene trabajo, no recibe ningún tipo de asistencia gubernamental; tiene un hijo de nueve meses y habita su hogar con su marido, que trabaja en el campo. Admite que no está bien lo que hizo, pero aclara que fue por necesidad y que al no ser de nadie la casa, no perjudicó a otro. Ella, también identifica a uno de los vendedores como Tony Correa. “El le dijo a Romina que salga de la casa porque él la iba a vender” comentó. Según dijo, era para que la chica (menor de edad) no tuviera problemas con la Justicia, porque igualmente no le iban a entregar la vivienda. Otro caso similar que señaló, es el de Juana, ya que quiso vender la casa donde ella estaba. En este caso, según relató, la habitante del lugar no estaba notificada, por lo que un día se enteró que su casa había sido vendida a otros, pero Juana se “avivó”, fue a discutir con Tony y finalmente se quedó.
“Hace muchos negocios” dijo, mencionando también al desaparecido Castells. “No desapareció, lo que pasa es que pidió armar una Comisión de Fomento y el Tony se quiso quedar con la mercadería y lo separaron. Mandaron 20 planes y él los repartió entre ellos, así que a algunos los dieron de baja.”
Diferentes son las corrientes, ya que de alguna forma, la política se apoderó del barrio y hay grupos que si bien en ciertas cosas trabajan juntos, en la intimidad no comparten casi nada. Afirman que recibieron elementos de construcción de manos de funcionarios públicos, que incluso en ciertos casos vendieron lo recibido.
“El Tony”
Antonio “Tony” Correa, es un personaje de la ciudad con un gran historial. Acciones legales y otras no tantas, sociedades y tratos, once años como empleado de Celulosa Jujuy, ex candidato a Intendente, líder barrial, esposo y padre de seis hijos. En la actualidad, conforma junto a unas treinta personas una comisión del vecindario. Dice no ser el presidente, pero la realidad indica que tiene gran actividad en la misma. Una de las últimas tareas que ha encarado junto a los miembros de este grupo es el de censar a los habitantes del lugar. Esto fue realizado el pasado viernes entre las dos y las cuatro y media de la tarde. “Sabemos todo de las personas, nombre, apellido, DNI, qué tienen en las casas, que algunas cosas no les pertenecen, pero ya tendrán que devolverlas” dijo Correa. El objetivo final de este grupo a través de la obtención de estos datos, es que la empresa responsable de la construcción les entregue a todos, los materiales (aberturas, ventanas, sanitarios). Para esto, se comenzaron a mantener charlas con los miembros de Giribaldi S.A., quien posee el obrador detrás del patio de Correa, quien comentó: “Las cosas que estaban ahí se las llevó la empresa”.
El tema, dio mucha tela para cortar, como mencionábamos antes, desde la cuestión política, Correa dice que hay sectores que fueron comprados por el Gobierno local con ladrillos, para que “controlen” los movimientos. “El pedido de las aberturas es puramente político, acá el Intendente tiene que hablar y resolver, pero depende de él”, dijo el contradictorio líder barrial, ya que luego comentó: “Mario (por Barbieri) no quiere al periodismo, nos dice que no salgamos a hablar. No quiero que hagan movilizaciones, si hay un mensaje a La Radio, nosotros nos echamos atrás.” Ante todo esto, en la tarde del lunes, por las casas del Barrio circuló una carta con fecha de ayer para entregar al Intendente, que decía: “Por medio de la presente, nos dirigimos a Ud. en nuestro carácter de habitantes del Barrio San Francisco a fin de formalizar el pedido que el Sr. Antonio Correa le efectuara semanas atrás en relación a la instalación de las aberturas que el municipio adquirió a fin de ser colocadas en el Barrio mencionado ut supra.
En virtud de lo expresado y atento a que la falta de colocación de las mismas genera problemas de salud en las personas que habitan en el Barrio, es que se solicita se de curso urgente a la presente petición.
Se deja expresa constancia que los aquí firmantes se comprometen a conservar en buen estado las aberturas que aquí se solicitan.”
Ante la pregunta ¿y quién paga la luz?, la respuesta fue rápida y tajante: vos!.
Correa, igualmente siente que no es representativo de la mayoría, sino que dice: “Más del 70% de la sociedad si me agarra me mata”, aunque sostiene que en algunos de los casos por los que se lo ha mencionado, ha sido el “perejil” por lo que le quedó “mala prensa”.
La última toma, de pelo…
Un trabajador rural, intentó ocupar la única vivienda libre del Barrio San Francisco de Asís. La misma, se encuentra nada más ni nada menos que pegada al destacamento policial. José Luis, de unos cuarenta años, llegó a la vivienda con algunos elementos de su hogar, para tomar posesión. El motivo, era la necesidad de poder tener su techo propio. Además, el hombre comentó que hace años desde el municipio vienen prometiendo algunas adjudicaciones para los gremios que no se cumplieron. Sin embargo, debido a la ubicación del inmueble, la policía actuó rápidamente, logrando desistir a través del diálogo la iniciativa de la toma.
El Plan de Emergencia Habitacional
En línea de intentar legitimar de alguna manera la adjudicación de viviendas, es que el ejecutivo envió en la última sesión del HCD, un proyecto de ordenanza que pretende regular de alguna manera estos procedimientos.
En el expediente Nº 1519-08, el ejecutivo propone declarar en “Emergencia Habitacional” a todos los sampedrinos que no poseen a la fecha vivienda propia ni medios legítimos para comprarla y a “aquellos ocupantes ilegales de viviendas sin o con sentencia judicial firme de desalojo, que utilizan la construcción que poseen para vivienda”.
El proyecto prevé la conformación de una “Comisión Institucional Multisectorial de Adjudicación de Propiedades y/o Viviendas” que será integrada por una importante cantidad de instituciones locales, entre las cuales están la Dirección de Viviendas y Escuelas de la Secretaría de Obras Públicas, la Secretaría de Desarrollo Humano, el HCD y un representante de cada Bloque Político, la Iglesia Católica, el Centro de Comercio e Industria de la ciudad de San Pedro, y la Cooperativa Eléctrica y de Servicios Públicos.
Si las mencionadas instituciones aceptasen “el convite”, el desempeño dentro de la comisión será considerado una carga pública para las mismas. Aunque muchas de ellas difícilmente puedan negarse, porque tal como dice el expediente “si alguna institución invitada a participar rehusare la misma sin justificación razonable y recibiera del estado municipal algún tipo de subsidio y/o exención de cualquier naturaleza, estos privilegios quedarán automáticamente sin efecto”. “Las instituciones tendrán su oportunidad para demostrar su compromiso social” comentó el Secretario de Coordinación y autor del proyecto, Facundo Vellón, con respecto a este tema.
La comisión deberá, entre otras cosas, manejar el “Fondo para la Emergencia Habitacional”, (que se integrará con programas gubernamentales para acceso a viviendas sociales), relevar y resolver los legajos que corresponda tratar a efectos de determinar las adjudicaciones, y fiscalizar también la ejecución de las obras que se realicen.
Vellón comentó que de todas formas, el trabajo lo seguirá haciendo la Secretaría de Desarrollo Humano y la Dirección de Vivienda, pero ahora como auxiliares de la comisión. Habrá que seguir de cerca la evolución de este expediente que por ahora se encuentra en varias comisiones del HCD, y que intentará dar algo más de legitimidad a una cuestión siempre polémica, como la entrega de viviendas sociales.
Ganon sepultó a la “ex Fiscal”
En declaraciones efectuadas a La Radio y tras explicar los motivos por los cuales la dirigencia municipal es la máxima responsable de la ocupación de las viviendas, el titular de la Defensoría Oficial, destacó que el abogado patrocinante de los “usurpadores”, Dr. Pariggini logró mostrar con facilidad que no había posibilidad de configurar delito. No escatimó palabras para referirse a la paupérrima actuación de la fiscalía que por entonces estaba a cargo de la Dra. Ates. Hay que recordar que la semana pasada, al reincorporarse a su cargo la funcionaria fue derivada a otro cargo. Para no dejar dudas, Gannon dijo: “usted sabe cual fue la situación de la fiscal que estaba trabajando en San Pedro y la relación política que en algún momento tuvo. Creo que eso quizá ha sido la consecuencia de que esto no haya sido investigado”.