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miércoles, abril 14, 2021

De la fábrica de pastas al shopping chino

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En una semana decepcionante para las promesas de generación de empleo, los escenarios locales de la incoherencia se multiplicaron y las reacciones de los responsables políticos se limitaron al lamento. A menos de dos meses del anuncio de la construcción de una fábrica de pastas en el predio de Maxiconsumo, la empresa decidió confirmar las versiones que ya circulaban y formaban parte de la sospecha desde aquel improvisado acto que tuvo como protagonistas al Intendente Municipal y a sus funcionarios en una curiosa charla con periodistas a los que se les entregaron detalles de una inversión cercana a los diez millones de dólares en maquinarias italianas.

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Sobre la misma y destrozada ruta 1001 en la que está el predio que pertenece a los dueños de Marolio y el hotel Azahares (ex San Julián), y a menos de cinco kilómetros en línea recta, comenzaron a erigirse con velocidad asombrosa “dos galpones” a los que nadie parece hacer visto en su verdadera dimensión.

Sin palabras rimbombantes y casi en secreto, en un amplio terreno ubicado sobre Lucio Mansilla a pocos metros de 11 de Septiembre, terminarán en dos meses el supermercado con “paseo comercial” y playa de estacionamiento que ya cuenta con 5.000 metros cuadrados y el anticipo de una ampliación que podrá considerarse como una pretenciosa “saladita” o un modesto shopping center.

Los datos corresponden al recorrido que La Opinión efectuó en el lugar conocido como “la quinta de Altamonte”, que fue autorizada a un loteo durante el primer período como concejal de Mario Barbieri para ser destinado a la construcción de viviendas y ampliación del casco urbano.

Aquella sesión del Concejo Deliberante fue tal vez la piedra basal de lo que el ya mítico Raúl Castells denominara pocos años después como “la capital nacional de la delincuencia inmobiliaria”. Hablaba de precios, mentiras, apropiaciones y otros enjuagues con los terrenos que tenían precio a valor de zona de quintas y hoy se subdividen en porciones de menos de mil metros cuadrados que se cotizan con una base de quince a veinte mil dólares promedio. Los memoriosos saben cómo en horas la anexión de un sector al casco urbano multiplica exponencialmente su precio y valor, aunque no tenga un solo servicio.

Con lógica matemática, una noticia sepulta a otra, un comentario tapa al anterior y un dato de la realidad se transforma en dudoso cuando lo pronuncian los mentirosos. En siete días los socios de la Coopser estuvieron a punto de comprar una clínica fundida, el municipio manifestó la misma intención pero para un alquiler de tres meses y algunos líderes sindicales aprovecharon para abrir sus kiosquitos sin que nadie los moleste. La población que sostiene estos delirios… bien, gracias.

Distraídos con las promesas de un empresariado nacional que vive más de la especulación que de su pericia en los negocios, los elefantes bailan en el bazar. No es una cuestión de gestiones políticas, sino de negocios, poder y derivación de fondos que no se traducen en una oportunidad laboral para una sociedad diezmada desde que desaparecieron las fuentes genuinas de producción y autoabastecimiento. Salvo excepciones, los más jóvenes pueden ser albañiles, changarines, punteros políticos o policías locales.

El viernes de la semana pasada, el edificio del hotel que lleva más de diez años de construcción a manos de distintas compañías fue escenario de un nuevo capítulo en la interminable novela que se teje y entreteje en las últimas décadas sin que se inmuten nuestros representantes. El conocido titular local de la Uocra Horacio Azzoni esperaba paciente a la abogada de la empresa que alberga allí a unos ochenta empleados declarados y que dice necesitar otros cincuenta para imprimirle más velocidad a la obra que intentarán inaugurar a mediados de 2017. Con planta potabilizadora, una depuradora propia y hasta una cuadra de pavimento a su cargo, la compañía sostiene que está “cansada” de las presiones y evita confrontaciones porque sus inversiones alcanzan al resto del país y “no puede ser que San Pedro sea un mal antecedente”.

El titular del gremio que llegó tarde para representar a los obreros que levantaban hasta el año pasado la malograda y ahora saqueada escuela de Banfield o que ha pasado de largo por edificios en los que la mano de obra no es sampedrina sin inmutarse, el mismo que ha sido protagonista de hechos inexplicables, no debe haber percibido las peligrosas condiciones en las que se desempeñan los albañiles que bajo la atenta y perseverante supervisión de Chen en los 5 mil metros cuadrados de Lucio Mansilla y 11 de Septiembre, donde recorren la cornisa sin cascos ni borceguíes. Es más, tampoco debe haber entrado en contacto con el nuevo encargado de la cuadrilla que el lunes buscaba una pieza para él y sus compañeros del Gran Buenos Aires, porque “el chino paga por trabajo terminado y sin cama”.

“No sabe casteiano, soy cargado acá, no sabe casi nada”, dice Chen cuando un periodista de este medio le pregunta por los dueños, los carteles, la autorización de obra o la inversión. Comprende perfectamente el idioma, pero señala con el dedo que el responsable no está y que aún queda una gran parte del predio por construir.

En el municipio sostienen que la autorización era para construir dos galpones diseñados por un conocido arquitecto que supo pertenecer al staff municipal y sobre el que pesa una causa penal por construcciones irregulares.

Parece que los ojos del funcionariado miran distinto o sesgado el modo en que crecen esas instalaciones que, está confirmado, son para un supermercado de proporciones en un sector de la ciudad en la que se pueden exceder los metros cuadrados y hasta albergar una gran cantidad de locales comerciales que el entusiasta responsable del control dibuja en el aire.

En síntesis, lo que puede observar cualquier transeúnte es extraño para quienes cobran por controlar o promover las inversiones de la ciudad. Es más, no se conocen hasta el momento las actuaciones de organismos de control provinciales ni nacionales sobre un sitio que a todas luces presenta irregularidades que van desde un solo baño químico a la inexistencia de un andamio reforzado o un arnés para resguardar la vida de un trabajador.

En siete días ya es una anécdota la fábrica de pastas y la cancelación de cincuenta posibles empleos en el sector privado sin que nadie se inmute, más allá de alguna manifestación pública de “preocupación” como la que pusieron en escena varios actores políticos que despertaron un rato de su siesta eterna.

En la misma semana en que la Cooperativa y la Muncipalidad disputaron palmo a palmo la administración de una clínica fundida usando la excusa de preservar a sus trabajadores hasta intentar manejar el argumento del “colapso hospitalario”, como si todo lo que se ha soportado en los últimos años se tratase de la ronda del Arroz con Leche, todo parece mucho más que una burla en medio de un sepelio.

Aún resuenan los números que se ventilaron en la última sesión del Concejo Deliberante con la fiesta de pitos, matracas y serpentinas con las que se ha administrado el recurso público que fundió a uno de los municipios más pobres de la provincia de Buenos Aires. Hasta se dieron el lujo del debate sobre un dinero que no se puede recuperar porque nadie abona multas por su torpeza, impericia o malversación, aunque haya aparecido un nuevo cargo de 1.600.000 pesos contra Guacone, por su ejercicio 2014, el que le costó el puesto.

En chino se dice que “tamojodido” y en nuestro rico castellano “estamos jodidos” si seguimos acumulando títulos de tapa sin chistar. No faltará un intérprete interesado que denuncie “discriminación” para desviar la atención de una realidad que nos avergüenza, incluso con nombramientos a dedo en reparticiones públicas que repiten la cantinela del gobierno anterior.

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