Cuatro empleados públicos tuvieron “problemitas” con vehículos
En la última semana se conocieron cuatro hechos relacionados con empleados públicos que tuvieron algún tipo de incidente de tránsito. Al inspector que volcó en la subida del Náutico se sumaron un patrullero inutilizado tras incrustarse en la Casona de Turismo, una Policía Local que chocó a una moto y se dio a la fuga, y una unidad de traslado de Hospital, que terminó en el mecánico para reparar la tapa de cilindros.
En el Estado hay una máxima lamentable que dice que nadie cuida lo que es de todos como lo propio. “¡No cuidan nada!”, aseguran testigos que gritó el intendente cuando se enteró que un inspector había volcado un Toyota Etios de los adquiridos este año, quien ahora enfrenta un sumario. No fue el único caso que se conoció durante la última semana de empleados públicos involucrados en incidentes de tránsito.
El caso del inspector fue el más llamativo, sobre todo por lo inverosímil. Bien se preguntaron los funcionarios del gabinete la semana pasada, cuando detectaron la velocidad a la que circulaba el agente de la Dirección de Seguridad, Tránsito y Nocturnidad, Daniel Ortiz: “¿Cómo puede volcar un auto en subida y a 17 km por hora?”.
A ese hay que sumarle otros tres: una camioneta Toyota Hilux de las últimas que envió la Provincia quedó inutilizada tras chocar contra un auto en la esquina de Mitre y Liniers, cuando perseguía una moto; una agente de la Policía Local aparece involucrada en un accidente de tránsito cuya investigación procura establecer si era ella quien circulaba en un coche que atropelló una moto y se fugó de la escena, y una combi de traslado del Hospital fue a parar al mecánico por daños en la tapa de cilindros.
El último de los casos sucedió la semana pasada y no había trascendido públicamente hasta esta edición de La Opinión. Fuentes del gobierno confirmaron que el rodado debe ir al mecánico y calcularon que la reparación costará varios miles de pesos.
Los cuatro casos tienen como protagonistas a empleados públicos, y tres de ellos involucran a vehículos que pertenecen al Estado, es decir que pagaron todos y cada uno de los vecinos. No han sido los únicos en los que la responsabilidad o la pericia para la conducción ratifican las dudas a la hora de entregar cualquier unidad de la flota de rodados del estado local.
Sumariado y suspendido
El extraño caso del inspector Daniel Ortiz, que volcó un Toyota Etios en el que circulaba solo la semana pasada cuando subía a 17 km por hora la bajada del club Náutico desde la costa hacia el centro está en etapa de investigación.
El sumario administrativo en marcha procurará develar el misterio de ese inverosímil accidente, aunque será un tanto complicado tener precisiones acerca de cómo sucedió, en la medida en que los testigos sólo se percataron del hecho cuando ya había ocurrido.
El decreto 1002 instruyó el inicio del sumario y suspendió a Ortiz por diez días hábiles –dos semanas– mientras se sustancia la investigación, período por el que no cobrará salario, de acuerdo a lo dispuesto por el Gobierno.
El empleado no respondió las consultas de La Opinión. Sí envió mensajes a al menos tres emisoras de radio para señalar que no recuerda qué sucedió, pero que no iba con el celular en la mano, como señalaron algunos testigos.
En esas comunicaciones también hizo referencia a que se le “subió el azúcar”, algo que repiten quienes conversaron con él en privado. Cuando lo llamen a declarar se sabrá cuál es su versión oficial. Si insistiera con la que vincula el hecho a un padecimiento de salud, podría estar en problemas mayores, ya que un diabético tiene dificultades para obtener carnet de conducir y además no podría exponerse a una tarea tan estresante como la de los inspectores, la que, por otra parte, Ortiz cumple desde hace alrededor de ocho años.
Una Hilux inutilizada
Fuentes policiales informaron a La Opinión que la Toyota Hilux que el miércoles, pasada la medianoche, chocó en la esquina de Mitre y Liniers quedó “inutilizada” al punto de que sospechan que no tendría muchas posibilidades de reparación, al menos sin que ello comporte un gasto excesivo.
El móvil policial orden 46849, conducido por el oficial Brian Spenger, de 27 años, perseguía a esa hora a un motociclista que se había negado a ser identificado en la vía pública.
La persecución terminó en la esquina de la Casona de Turismo, cuando el patrullero, que iba por Liniers en sentido noroeste, embistió a un Renault Megane que circulaba por Mitre. El móvil policial arrastró al auto y quedó incrustado en la pared de la dependencia municipal que funciona en la casa más antigua que queda en pie en la ciudad, donde destruyó el cartel señalizador de la oficina.
El Megane, por su parte, quedó a mitad de cuadra, casi frente a la redacción de La Opinión, cerca de la vereda y con su lateral derecho hundido.
Ninguno de los ocupantes de ambos vehículos sufrió lesión alguna. La Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad inició un sumario administrativo para establecer las responsabilidades del oficial Spenger. Quedó acreditado que durante la persecución no accionó la sirena reglamentaria.
Chocó, huyó y la pescaron
Una agente de la Policía Local quedó involucrada en un hecho cuya gravedad podría complicar su futuro como miembro de esa fuerza, si se comprueba su participación efectiva en el hecho.
“Hasta el momento no hay ninguna novedad al respecto. Sigue trabajando de forma normal. No sabemos si hay algo plasmado respecto de la responsabilidad de ella en la parte judicial”, explicó ante la consulta de este medio del Director de Coordinación de Policías de Gobierno municipal, el comisario retirado Juan Carlos Agüero.
El hecho en el que aparece sospechada la oficiala sucedió durante la madrugada del 26 de agosto en Bottaro y Aulí, esquina donde un Ford Ka rojo atropelló a un motociclista y huyó sin socorrerlo.
El joven que guiaba la moto terminó en el Hospital, con fracturas de tibia y peroné, lesiones que el médico forense calificó de “graves” a los efectos de la causa penal que investiga lo que sucedió.
La semana pasada, a través de una serie de datos que fueron apareciendo en la investigación, la policía cumplió con una orden de allanamiento en un domicilio de calle Depietri al 2000, donde secuestraron el automóvil que participó del accidente. La Fiscala Ramos dispuso una serie de medidas para establecer la propiedad del rodado, en procura de acreditar quién conducía cuando se produjo el choque, y logró dar con la titular registral, una mujer de San Nicolás que informó que el auto había sido vendido hace aproximadamente un año, aunque no habían hecho el trámite de transferencia de dominio.
La agente de la Policía Local quedó involucrada en el hecho, puesto que sería quien compró ese auto y quien lo conducía habitualmente. Incluso habría testigos que la vieron la noche del hecho en un boliche y retirarse de allí en ese rodado.
La joven policía fue identificada y puesta a disposición de la Justicia. Además, se labraron las actuaciones administrativas en Asuntos Internos.