Cuarentena y liberación de presos: en la zona, los pedidos de prisión domiciliaria están “demorados”
Así lo aseguraron a La Opinión defensores oficiales y particulares de personas privadas de su libertad que hicieron presentaciones para solicitar arreso domiciliario para sus asistidos, con la pandemia de coronavirus COVID-19 y la problemática sanitaria como argumento. "Hay muchos pedidos pero pocos trámites", aseguró un reconocido abogado penalista sampedrino. Anoche en algunos hogares hubo cacerloazo y protesta de vecinos en desacuerdo con las decisiones de algunos jueces.
La polémica por la "liberación de presos" fue uno de los temas más relevantes de la semana a nivel nacional, a raíz de las noticias que señalaban que hubo fallos judiciales colectivos que beneficiaron a personas privadas de su libertad con arrestos domiciliarios. Hubo comunicados, expresiones de distinto tipo y el jueves por la noche un cacerolazo que se hizo escuchar en distintos puntos del país y con dispar intensidad en nuestro partido.
En San Pedro el tema también fue materia de debate y hasta hubo víctimas de delitos aberrantes que se preocuparon ante la posibilidad de que sus victimarios pudieran recibir algún tipo de beneficio de esas características, como por ejemplo una chica abusada por el violador serial Pablo Pérez, quien no tiene posibilidad alguna de que le morigeren la condena que pesa sobre él.
La Opinión consultó a reconocidos abogados penalistas que son defensores particulares de detenidos en las cárceles cercanas a la ciudad y que cumplen condena o prisión preventiva en unidades penales de San Nicolás, Campana y Junín.
Esos abogados confirmaron que hay muchos pedidos de morigeración de la situación de sus defendidos, pero que en el Departamento Judicial de San Nicolás todavía no hubo respuestas por parte de los juzgados intervinientes.
De la misma manera, defensores oficiales que se desempeñan en la zona aseguraron ante la consuta de este medio que en las Defensorías hay una gran cantidad de pedidos de arresto domiciliario sin resolver por parte de los jueces.
En San Pedro, por ejemplo, hay casos de personas privadas de su libertad que están cumpliendo condena y que reúnen las condiciones de conmutación de penas que pidió la Defensora General de San Nicolás, Mariana Garro, junto a colegas de toda la provincia.
La solicitud fue para que se den por cumplidas las penas de quienes tengan condena que vence en el transcurso de lo que queda de 2020 y para que se consideren las libertades condicionales de aquellos que hayan cumplido dos tercios del tiempo de cárcel asignado en sentencia.
Pero además hay pedidos de detenidos por "cuestiones de salud", relacionados con la emergencia sanitaria y la problemática de hacinamiento que hay en las cárceles como en la UP3 de San Nicolás, donde la población duplica la capacidad instalada.
En esos casos hay condenados pero también personas privadas de su libertad con prisión preventiva que están detenidos a la espera de juicio y en cuyos casos el Juzgado de Garantías interviniente consideró en su momento que había peligro de fuga o de entorpecimiento de la investigación y por eso los mantiene presos.
Uno de los detenidos con prisión preventiva que espera resolución respecto de su situación es, por ejemplo, Sebastián Dotti, el joven de 29 años acusado del homicidio de Elías Chaves, de 40, a quien apuñaló en el centro en el marco de un discusión de tránsito.
A pesar de que Dotti, a través de su abogado, Mauricio Gugger, hizo un planteo de "legítima defensa", el Juzgado de Garantías se inclinó por la posición de la fiscala Viviana Ramos y le dictó la prisión preventiva, ratificada en Cámara.
Ahora, Gugger presentó un pedido de "morigeracion de las condiciones de detención" para que lo beneficien con arresto domiciliario por cuestiones de salud, ya que fue intervenido quirúrgicamente por un tumor en diciembre de 2018 y eso lo convierte en persona de riesgo ante la situación sanitaria actual.
Sin embargo, el Juzgado no se expidió sobre este caso, como no lo hizo en tantos otros que plantearon defensores particulares y oficiales de personas privadas de su libertad.
Lo que sí sucedió fue una solicitud de la Justicia a la Unidad Penal 3 de San Nicolás para que informe la situación de esa cárcel, pero a más de 20 días de ese pedido el Servicio Penitenciario Bonaerense no elevó respuesta, lo que también suma a las demoras.
"Por lo menos en este Departamento Judicial hay muchos pedidos pero pocos trámites", consideró un reconocido penalista que es abogado particular de detenidos que están a la espera de resolución por parte del Juzgado.
Un representante del Ministerio Público de la Defensa en la zona dijo algo similar: "Los defensores oficiales de San Nicolás debemos tener entre 20 y 25 pedidos de arresto domiciliario cada uno. Ppor supuesto, no le dan nada a nadie".