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domingo, noviembre 28, 2021
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Cuarentena: Abogados reclaman que se reactive el sistema judicial bonaerense para trabajar desde sus casas

Matriculados sampedrinos y baraderenses aglomerados en la asociación local remitieron una nota al Colegio de Abogados Departamento Judicial de San Nicolás en la que solicitaron se levante la feria judicial impuesta en el marco de la pandemia de coronavirus porque necesitan cumplir tareas para atender necesidades de sus clientes y generar ingresos económicos. En su planteo, alegan la inversión que debieron hacer en 2018 para acceder a un sistema electrónico que podrían en usa para seguir en funciones durante la situación extraordinaria.

 

Abogados independientes locales y de Baradero miembros de la Asociación de San Pedro que están matriculados en la Delegación San Nicolás del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires reclaman al Poder Judicial bonaerense que se reactive la actividad para poder trabajar desde sus casas mientras se extienda la cuarentena obligatoria que impuso el gobierno de Alberto Fernández para evitar la propagación del coronavirus.

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"Nos encontramos imposibilitados de ejercer nuestro derecho al trabajo; y en ese marco, nos manifestamos en contra de  la Resolución Nº 386 de la SCJBA  que establece el asueto judicial, circunscribiendo el servicio de justicia  únicamente a la atención de situaciones urgentes. Dicha resolución, nos impide continuar con las causas y expedientes en trámite, provocando una denegación de justicia para el conjunto de los ciudadanos y la imposibilidad de ejercer nuestra tarea profesional", indicaron en una nota que remitieron al Colegio de Abogados del Departamento Judicial de San Nicolás que preside Julio César Carigniano en la que fundamentaron su postura en las consecuencias económicas que les provoca la feria judicial en el sistema bonaerense.

El enojo, en parte, radica en que en 2018 se les exigió a todos los matriculados acceder al sistema electrónico mediante un token (pendrive de firma digital) que cada uno tuvo que adquirir por su cuenta, capacitarse para utilizarlo y "soportando el total de los costos". Desde entonces, trabajaron con papeles y de manera digital que va a pasar a ser sólo electrónico cuando la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires considere que se reúnan "las condiciones necesarias" tras "pruebas y errores".

Acerca de la efectividad del token para como único método de trabajo, aseguraron: "La aplicación del nuevo sistema, tuvo en vistas un único y claro objetivo, 'despapelizar' la Justicia e ir en busca del expediente electrónico. Dicho objetivo, necesario y compartido por los profesionales del derecho, fue reducir las presentaciones papel y pasar a la digitalización de los expedientes, sistema que garantiza efectividad, celeridad y transparencia. La Corte Suprema decide que el servicio de justicia se encuentra suspendido, desconociendo la efectividad y la vigencia del sistema electrónico de expediente que permitiría la continuidad de la actividad judicial, toda vez que el mismo, no pone en riesgo la salud de los Magistrados, ni de los empleados judiciales, ni de los profesionales abogados; vedando de esa manera el derecho al trabajo de los matriculados y del acceso a la justicia de los ciudadanos".

En su queja, los profesionales también exigen que se los exima del "pago total de la matrícula del año 2020" y se intervenga ante la Caja de Previsión Social para Abogados de la Provincia de Buenos Aires. También, pidieron "inmediatamente medidas" que no sean "el otorgamiento de préstamos de dinero".

Por último, abogados sampedrinos y baraderenses le pidieron a la Delegación San Nicolás del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires que "haga las gestiones necesarias para intentar paliar la angustiante situación" en la que se encuentran "procurando que se reactive la actividad" con trámites que se pueden "operar de manera electrónica". Y cerraron: "Confiamos que por su intermedio, la Suprema Corte de Justicia pueda rever la posición tomada hasta el momento, resguardando el acceso a la justicia de todos los ciudadanos y el derecho al trabajo de los profesionales abogados, quienes nos vemos impedidos de ejercer nuestra profesión, único medio de subsistencia en la mayoría de los casos, provocando un perjuicio económico de proporciones inusitadas".

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