Crímenes de lesa humanidad: prisión perpetua para los máximos responsables de los delitos cometidos en San Pedro y la zona
El Tribunal Oral de Rosario dictó sentencia este martes en San Nicolás. El exjefe de Operaciones e Inteligencia del Área Militar, Antonio Federico Bossié, el exjefe de Inteligencia Omar Andrada, y el excapitán Guillermo Aníbal Piccioni, fueron condenados a prisión perpetua. Entre los casos ventilados en las audiencias había varios con sampedrinos víctimas del terrorismo de Estado.
Tribunal Oral Federal 1 de Rosario dictó sentencia contra los imputados por delitos de lesa humanidad cometidos en San Pedro y la región durante la última dictadura cívico militar y condenó a prisión perpetua a los acusados de haber encabezado el aparato represivo que cometió esos crímenes bajo jurisdicción del Área Militar 132 del Ejército.
El entonces jefe de Operaciones e Inteligencia del Área Militar, Antonio Federico Bossié, el exjefe de la Sección San Nicolás del Destacamento de Inteligencia 101 del Ejército, Omar Andrada, y el excapitán Guillermo Aníbal Piccioni, fueron condenados a prisión perpetua por los delitos de homicidio agravado por alevosía con el concurso premeditado de dos o más personas para procurar la impunidad para sí o para otros, secuestros ilegales y torturas.
El expolicía bonaerense Oscar Alberto Rodríguez fue hallado culpable como "partícipe secundario", condenado a 3 años y medio de prisión, y se ordenó su detención. Por su parte, Bernandro Luis Landa fue absuelto por "el beneficio de la duda" y el Tribunal dispuso su liberación.
Las audiencias se desarrollaron desde junio del año pasado en el auditorio "Macacha Güemes" del Instituto Tecnológico Rafael Aguiar, de la Unión Obrera Metalúrgica. El juicio fue sobre 16 causas con 50 víctimas de secuestros, privación ilegítima de la libertad, interrogatorios bajo tortura y tormentos sexuales.
Entre los casos había varios sampedrinos que fueron víctimas del accionar de las fuerzas represivas. Uno es el del secuestro de los hermanos Horacio, Ricardo y Benjamín Galarza el 18 de marzo de 1976, seis días antes del golpe, en el barrio Obrero, liberados el 5 de abril tras permanecer alojados en la Unidad Penal 3 de San Nicolás sin haber sido puestos a disposición del juez competente.
También fueron condenados los imputados por el secuestro y detención de Roberto Galarza su esposa Elena Farías y sus cuatro hijos de 14, 10, 4 y 2 años. Galarza había sido detenido junto con sus hermanos y puesto en libertad. A él lo volvieron a detener el 23 de abril. A ella, el 30 de junio, personas de civil fuertemente armadas se la llevaron a su casa de Aulí bis 370.
El matrimonio fue trasladado a centros clandestinos de detención donde fueron sometidos a interrogatorios bajo tormentos. Luego estuvo detenida en Villa Devoto hasta 1981. Roberto Galarza fue "blanqueado" el 6 de julio, tras ser torturado en la UP3.
Los hijos de Elena y Roberto, Rubén Daniel y Jorge Omar Magariños y Fabia y Saúl Galarza, quedaron en la casa el día que secuestraron a sus padres. Les dijeron que ellos volverían "enseguida". Al otro día se los llevaron. Los dos mayores fueron a parar a la Comisaría, luego a un instituto en La Plata del que se fugaron para retornar al barrio para vivir con una tía.
Luis Jaureguillorda y Olga Llanos fueron secuestrados el 25 de abril de 1976 a las 17.30 por una patota de cinco hombres vestidos de civil que dijeron ser policías. Estaban en su casa, en Fray Cayetano Rodríguez al 150, donde sus captores registraron todo.
Se los llevaron encapuchados y esposados. Estuvieron en la Brigada de Investigaciones y en la UP3 de San Nicolás. Luego él fue trasladado a La Plata y ella a Vila Devoto. Los liberaron en julio y diciembre de 1979, respectivamete.
María del Carmen Riera tenía 19 años cuando fue secuestrada de la vivienda que compartía con sus padres y su hermana en Boulevard Moreno al 800. Fue a la 1.00 de la madrugada del 1 de julio de 1976. Sus captores eran cuatro, estaban vestidos de civil y armados con fusiles. Entraron a la casa cuando todos dormían. A ella la despertó una linterna que la encandilaba.
En un automóvil, la trasladaron a la Brigada de Investigaciones. Antes, pincharon las cuatro ruedas del padre y le mintieron diciéndole que la llevaban a La Plata. El hombre pagó una especie de rescate para que su hija fuera liberada una semana después. María del Carmen Riera era novia de Víctor Hugo Gotmand, militante del PRT en Baradero a quien habían detenido el 6 de enero, dos meses y medio antes del golpe.
Claudio Tomás Fernández tenía 21 años. Activo militante católico, era carpintero y viviía con su madre y su hermana. Militaba periféricamente en el PRT. Lo detuviero con Gotmand en una plaza sampedrina, en enero del 76, efectivos de la policía uniformados. Estuvieron 24 horas en la Comisaría local y luego fueron trasladados a San Nicolás, donde fueron interrogados bajo tormentos, esposados y encapuchados.
La historia de Rubén Mario Benítez tiene sus particularidades. Lo detuvieron en San Nicolás, en mayo de 1976, en inmediaciones de Villa Pulmón, donde vivía. Permaneció detenido hasta 1990. Pasó por las cárceles de San Nicolás, Villa Devoto y Río Gallegos.
Todas las "confesiones" de Benítez fueron obteidas bajo tormento. Lo acusaban de formar la "célula subversiva regional norte o Riberas del Paraná". A casi todos los que secuestraron luego y cuyos casos aparecen en este juicio están relacionados con esa "célula" que los militares decían haber desbaratado.
La Dirección de Inteligencia (hoy Jefatura de la Policía de la provincia de Buenos Aires), la ex Brigada de Investigaciones y el exdestacamento 101 de Investigaciones, todos señalizados como centros clandestinos de secuestro, tortura y detención, fueron los escenarios de estos crímenes, cometidos durante la última dictadura cívico militar. También el Cuartel del Batallón de Ingenieros de Combate 101 y la Unidad Penal N° 3 fueron escenarios del horror.
El Tribunal Oral Federal 1, integrado por los jueces Otmar Paulucci, Ricardo Moisés Vásquez y German Sutter Schneider, sesionó en San Nicolás para este tercer juicio en los que se ventilaron hechos que fueron ejecutados por personal de las Fuerzas Armadas y policiales bajo el mando del teniente coronel Manuel Saint Amant, quien falleció en 2016 tras ser condenado a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad.