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    …Cree una comisión

    A casi un año de la Ordenanza que declaró a la ciudad en “estado de emergencia habitacional”, la Comisión Multisectorial creada para tratar las adjudicaciones de viviendas no funciona y nunca se reunió. Mientras, los diarios nacionales relatan los problemas de “las casitas de Barbieri”, se suceden los allanamientos, Baradero sanciona una ordenanza que permitirá regularizar la entrega de viviendas sociales y el problema habitacional de San Pedro sigue siendo grave.

    3 de junio de 2009 | 00:00
    …Cree una comisión

    El 28 de Julio del año pasado, tras diez meses de intenso debate en la sociedad sobre el problema habitacional que sufren miles de sampedrinos —que se puso en evidencia con la toma masiva de las 309 viviendas del Plan Federal del barrio San Francisco—, se sancionó una Ordenanza que declaraba a la ciudad en “emergencia habitacional”, creaba un fondo para hacer frente a esa emergencia e instituía una “Comisión Multisectorial” que sería la encargada de “proponer soluciones y/o gestiones al Departamento Ejecutivo Municipal para facilitar el acceso a una vivienda digna de las personas que se encuentren comprendidas en la emergencia habitacional”. A casi un año, ese texto es apenas garabatos que manchan de tinta las hojas sobre las que se imprimió.

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    Emergencia habitacional
    La situación habitacional de los sampedrinos es problemática. Desde la pareja de profesionales recién casados que no puede soñar con comprar o construir la vivienda propia, hasta las familias numerosas de los barrios periféricos que están condenadas a recibir promesas electorales para ilusionarse con salir de las cuatro chapas que constituyen su pobre rancho en un terreno fiscal, todos sufren por igual una problemática que no tiene respuestas que permitan avanzar realmente en su solución.
    A ello, se le suma que las viviendas que en los últimos años se construyeron a partir de los Planes Federales y a través del Instituto para la Vivienda de Provincia no fueron suficientes para paliar la situación; los procesos de construcción, preadjudicación y entrega no fueron de lo más claro; la información al respecto es escasa y las versiones de uso de estos planes como instrumento de acumulación política sobran.
    El escenario llegó a su clímax con la toma masiva de 309 viviendas en Octubre de 2007, a semanas de las elecciones que Barbieri ganó por mayoría aplastante. En esa oportunidad, el barrio San Francisco fue tomado en su totalidad. Desde preadjudicatarios y beneficiarios efectivos a pobres sin otra opción, pasando por vivos de vario pelaje y punteros políticos, en dos o tres días, las viviendas estaban todas ocupadas.
    Tras diez meses de debate, se sancionó la Ordenanza 5.748, presentada por el oficialismo y donde se reconocía la problemática declarando el estado de “emergencia habitacional” creando un fondo y una comisión que estaría integrada por Dirección de Viviendas y Secretaría de Desarrollo Humano por el Ejecutivo, un Concejal por bloque del Deliberativo y un representante de “instituciones con personería jurídica” tales como “Iglesia Católica, Cáritas, Grávida, Centro de Comercio, Iglesia Evangélica, COOPSER, CGT, Consejo Escolar, Cruz Roja, Liga Deportiva Sampedrina y cualquier otra institución creada o a crearse”, según el texto de la Ordenanza.
    El Fondo de Emergencia Habitacional no tiene fondos, ni la Comisión Multisectorial se reúne. Mientras, “las casitas de Barbieri” son motivo de notas en diarios nacionales y los allanamientos en busca de documentación referida a los planes de vivienda se suceden uno tras otro y la única información oficial publicada en la web es un listado de solicitantes, cuando se habían comprometido a publicar la lista de beneficiarios de las más de mil casas construidas durante los casi diez años de gestión.
    En la vecina ciudad de Baradero, la semana pasada se sancionó una Ordenanza a través de la que se creó una Comisión Municipal de Viviendas, que tendrá como funciones “participar de la convocatoria de aspirantes a lograr una vivienda; analizar, seleccionar y adjudicar las viviendas que se ajusten a la reglamentación de acuerdo al orden de méritos; analizar sistemas de recaudación y recomendar métodos de optimización, control y distribución de los fondos; informar permanentemente a la población”. Lo mismo sucedió hace dos años en Ramallo y Salto, aunque se desconocen sus resultados.
    Las funciones y composición de la comisión de Baradero son similares a la de San Pedro. La nuestra tenía 60 días para comenzar a funcionar y a casi un año todos parecen haberse olvidado de su existencia. En Baradero ya se reglamentó y se discute su puesta en marcha para el plan de viviendas que se preadjudicó semanas atrás, aunque el oficialismo se opone, por las promesas realizadas como parte de la campaña.
    La Comisión Multisectorial local pretendía evitar los malabares que con las viviendas se realizan durante las campañas electorales. A menos de un mes de las elecciones del 28 de Junio y con once listas oficializadas prometiendo solucionar la “emergencia habitacional”, otra Ordenanza ve herrumbrar su letra en los cajones a la espera de que mejores vientos la soplen hacia la calle.

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    • Edición N° 896
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