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jueves, junio 24, 2021
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Crecen las sospechas de connivencia policial en la venta de drogas

Un intenso operativo tuvo lugar el viernes por la noche en el barrio Hermano Indio e inmediaciones, a partir de denuncias de vecinos que alimentan los diversos expedientes que dan cuentas de que esa zona es epicentro de la comercialización de estupefacientes, con varias bandas que, cada tanto, se enfrentan entre sí. Fotos, videos y testimonios apuntan contra personal policial por presunta protección. El grupo que lideraba la venta en el barrio irá a juicio. Al resto, la Justicia busca cercarlos.

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La venta de drogas tiene en San Pedro un radio de comercialización con epicentro en la zona del barrio Hermano Indio. Allí, en el último año, hubo varios procedimientos que permitieron el secuestro de sustancias prohibidas, armas, teléfonos celulares, elementos de corte y otros que forman parte de los gruesos expedientes que tramitan en las fiscalías de Marcelo Manso y Viviana Ramos.

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Las investigaciones avanzan más lento de lo que la comunidad puede tolerar. Sobre todo los vecinos de esa zona, para quienes ya es habitual el desfile de compradores, vendedores, adolescentes que intercambian sexo por drogas, jóvenes armados, disparos, usurpaciones de vivienda, robos y hasta crímenes vinculados a las bandas que por momentos parecen disputar territorio, pero a la hora de enfrentar a la Justicia cierran fila común.

Cuando hay detenidos, siempre aparecen abogados “de Buenos Aires” dispuestos a hacer valer los derechos de los sospechosos. A juzgar por las pésimas condiciones en las que viven muchos de ellos, llama la atención la presencia de esos letrados. ¿Quién los envía? ¿Quién les paga? ¿Para quién trabajan?

Viernes agitado

Entre la noche del viernes y la madrugada del sábado hubo 12 allanamientos en la zona. Deberían haber sido 18, pero al Juez de Garantías Ricardo Prati se le ocurrió que las sospechas sobre las hermanas y vecinas de un conocido personaje sindicado como uno de los cabecillas de una de las bandas no estaban fundadas, así que desestimó seis objetivos de los planteados por Fiscalía.

El procedimiento debería haber sido el viernes anterior, durante la misma noche en que dos facciones se enfrentaron entre sí porque se acusaron una a la otra de ser quienes denuncian ante las autoridades judiciales lo que sucede en el barrio.

Sin embargo, un error administrativo demoró todo una semana. A pesar de que el Fiscal Marcelo Manso requirió la participación de la división drogas peligrosas de la Policía Federal ante las sospechas de que hay personal policial de la Bonaerense involucrado, otra vez hubo falencias técnicas en la confección de actas y hubo que esperar.

El operativo surgió a partir de la articulación de una causa en la que se investiga a presuntos proveedores de droga del conurbano con otra que comenzó a partir de la denuncia de vecinos, que ven cómo se vende drogas en
ciertos domicilios del barrio.

En varios expedientes hay una sospecha clara respecto de un proveedor de la zona de Malvinas Argentinas que “atendería” a varios revendedores locales. Los hay también de Rosario y hasta de Baradero. Los últimos, parece, sólo venderían cuando les falta “mercadería” al resto y a un precio mayor.

La Policía Federal detuvo a tres personas. Dos de ellas ya recuperaron la libertad. En el expediente obran muchos otros nombres, apodos y apellidos, todos conocidos por aparecer en diversas crónicas policiales. En el barrio, los buenos vecinos y los no tan buenos también los sindican como “los transas” de la zona.

“Secuestramos, armas y cartuchería, secuestramos un poco más de 300 gramos de cocaína, 420 semillas de marihuana, pastillas, elementos de corte, balanzas, teléfonos celulares”, detalló el representante del Ministerio Público Fiscal sobre el procedimiento.

Venden “de la mala”

La droga fue incautada, casi toda, en un solo domicilio. También encontraron balanzas y elementos de corte. “Estos son unos estafadores”, dijo un agente de la Policía Federal durante el procedimiento, mientras blandía en su mano un pedazo de yeso con el que, entienden, cortaban la cocaína de máxima pureza que encontraron, para “estirarla”. Su comentario desató risas. “En San Pedro aspiran durlock”, bromeó otro agente durante el operativo.

“Estamos hablando de una cantidad de droga que luego se corta con otros elementos y se estira, hay mucha droga con bajísimo contenido de estupefaciente”, sostuvo Manso en relación a la cocaína secuestrada el sábado en el programa Sin Galera.

Para saber con precisión la pureza de la droga incautada deberán esperar tres, cuatro acaso cinco meses. El peritaje químico se hará en Rosario. Cuando haya turno, claro.

Las sospechas contra la policía

“El año pasado agarraron a uno y ahora siguen los otros. El negocio no paró. Buscan mujeres de bajos recursos y venden cocaína. Pasa mucha gente, es un negocio millonario”, cuentan los vecinos y aseguran: “Va más gente del centro que otra cosa a comprar”.

Los búnkers de drogas los conocen todos. “La policía sabe”, aseguran los vecinos. “Pasan todos los días por acá”, sostienen. Claro, el barrio es zona caliente y los patrullajes son recurrentes. Sin embargo, algo más hay.

El titular de la UFI 5, Marcelo Manso, remitió a la Fiscalía General una nueva solicitud de investigación contra sí mismo: cada vez que se aproxima un operativo vinculado a las drogas, alguien dice públicamente que él “protege a los narcos”. Los propios dealers dicen alegremente a sus adversarios delictivos que están “arreglados con Manso”, como si el Fiscal acordara con ellos esa protección. “Mi obligación es denunciar esas cosas y que se investiguen”, dice Manso.

“No se metan, están protegidos”, se escucha en el barrio. “La policía los defiende”, señalan unos a otros. Además de las acusaciones cruzadas, en el expediente hay algunos elementos más precisos que alimentan la sospecha de connivencia policial: fotos y videos muestran a un patrullero en la puerta de un “quiosquito de drogas”, con agentes que entran y salen. En la causa hay entre cinco y seis efectivos sospechados. La investigación procura establecer si es cierto que, a cambio de protección, reciben dinero y drogas. Hay una certeza: alguien avisaba cada vez que se planificaba un allanamiento.

En febrero fueron detenidas cuatro personas acusadas de ser proveedores de droga. Venían de Malvinas Argentinas, tenían 100 mil pesos encima y más de 100 gramos de cocaína. Esa causa tuvo varias irregularidades en la que apuntaron a la policía: los efectivos utilizaron la balanza en onzas, por lo que los 300 gramos iniciales resultaron ser 100, y del testigo no anotaron domicilio ni teléfono de contacto.

Durante el procedimiento del viernes fueron secuestrados muchos teléfonos celulares de cuyas pericias puede haber resultados importantes para la causa. Eso sí: las pericias pueden demorar dos, tres, cuatro, cinco, seis meses.

La Justicia bonaerense tiene una sola asesoría pericial para ello, en La Plata. Hay otra federal en Buenos Aires. Vaya como ejemplo el caso Lillo: los teléfonos de esa causa tiene fecha de pericia para julio. “Salió rápido, porque se trata del asesinato de un policía”, confió un hombre del Poder Judicial.

Una banda a juicio

En junio del año pasado, la Fiscala Viviana Ramos encabezó un megaoperativo que incluyó hasta un helicóptero. Ese día detuvieron a ocho personas, que luego recuperaron la libertad porque no tenían antecedentes, a pesar de que todos los sindicaban como una banda dedicada a la comercialización de drogas.

Luego, en otro procedimiento, correspondiente a una causa que instruía Manso, detuvieron a varios de esos mismos acusados de vender estupefacientes. Entre ellos, “la transa del barrio”: Stella Maris Salazar, quien continúa detenida junto a otro integrante de “la banda”.

Por la causa que instruyó Ramos, varios de los acusados irán a juicio. El expediente ya fue clausurado y remitido al Juzgado de Garantías para su elevación. Resta que el Tribunal disponga fecha para el debate oral y público.

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