Crece la sospecha de coimas en el Consejo Escolar
Tras el acta y la presentación en Fiscalía por presuntos sobreprecios en obras de mantenimiento, se esperan las actuaciones de la Dra. Ates. El proyecto de Comisión Investigadora ya denunciaba sospechas de estas características. Cecilia Macchia aseguró que irá a la Justicia contra La Opinión, que informó que ella era la tesorera del cuerpo saliente. En el Ejecutivo desmintieron su puesto como “coordinadora de educación”. El viernes, el Consejo desplazó a su hijo del cargo político con que lo habían beneficiado.
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La sospecha sobre coimas en el Consejo Escolar desató una crisis política en el oficialismo y una investigación judicial que buscará hallar a los responsables de los presuntos sobreprecios en la facturación de los que habló el proveedor Pablo Casas, un hombre ligado a la estructura partidaria del intendente Guacone.
Tal como publicó La Opinión la semana pasada, en el acta que firmaron cinco de los seis consejeros, incluyendo al Presidente Marcelo Paladini, consta que el proveedor dijo que “un miembro del consejo saliente” le cobraba “sobreprecios” para favorecerlo con obras. Le pedía “un porcentaje”.
No dio nombres, por lo que la sospecha recayó sobre los tres salientes: Jorge D’Andrea, Graciela Sambuñaque y Cecilia Macchia. Esta última es la más comprometida, en la medida en que era la tesorera del cuerpo cuando, en plena campaña electoral, Casas hizo varios y diversos trabajos de mantenimiento en escuelas y jardines.
“Graciela y yo nunca hablamos con Casas por un trabajo”, sostuvo D’Andrea, reelecto en el cargo, y aseguró: “Le vamos a pedir que lo aclare; en la reunión con los otros consejeros dijo que lo iba a hacer con abogados en la Justicia”.
Macchia y Paladini, compañeros
Si bien todas las miradas se posan en la extesorera Cecilia Macchia, por la sencilla razón de que su función es “preparar los pagos”, tal como detalló la actual consejera en ese cargo, Mónica Romagnano, no hay que olvidar la responsabilidad que sobre ello tiene el Presidente, puesto que también firmaba.
Además, acaso la casualidad quiso que Paladini y Macchia pertenezcan al oficialismo, como Casas, de un gobierno muy afecto a que sus proveedores monotributistas se excedan de la facturación justo en tiempos de campaña.
De hecho, las facturas de Casas crecieron de manera importante en agosto, mes de las Primarias, se redujeron en septiembre y volvieron a crecer en octubre, cuando las elecciones generales. Además, siempre tuvo suerte: con otros proveedores solían atrasarse en los pagos, no así con él.
Figurita repetida
La sobrefacturación es una sospecha que sobrevuela la gestión Paladini-Macchia en el Consejo Escolar. En el pedido de Comisión Investigadora que elevó Jorge D’Andrea en agosto de 2012, el entonces vicepresidente del cuerpo señalaba “el pago de un mismo trabajo por el cuádruple de lo que se le paga a otros proveedores del mismo servicio”. También indicaba que “entre algunos consejeros” se decidía “en forma arbitraria pagarle una parte de los trabajos realizados por los proveedores de servicios, sin consulta a todos los consejeros, aduciendo problemas económicos en la cuenta del Fondo Compensador”.
Además, se enviaba “a personas/empresas a realizar trabajos costosos sin previo tratamiento en Sesión o al menos en reunión conjunta con la totalidad del Cuerpo de Consejeros, tomando decisiones sólo algunos, cuando en muchas ocasiones hubiese correspondido un proceso licitatorio”.
La factura malhabida
Mónica Romagnano, consejera escolar electa por Unión con Fe y actual tesorera del cuerpo, explicó que la factura en cuestión que desató el escándalo era de “más de 4 mil pesos” y analizó: “No era una gran cifra, pero hay que empezar a cortar un poquito todo, si él (N. de la R.: Por Pablo Casas) hubiera hecho todo como decía la factura estaba todo bien”.
Detalló que la factura “decía que había hecho excavaciones, que había colocado llaves de paso nuevas, que había arreglado el tanque de agua, cosas así. Me puse a controlar la boleta, la llamé a la Directora, porque eran trabajos que me correspondía firmar a mí, por eso me puse a controlar, y eran trabajos que no habían sido realizados”. La consejera de Fe aseguró que desde el 11 de diciembre, cuando se hizo cargo, las cosas “son así: nadie se mete en ninguna escuela si no está autorizado por nosotros. Si los proveedores no van con las órdenes de trabajo, no pueden entrar a los establecimientos. No sé cómo sería antes”. “Ahora las órdenes de trabajo las tratamos en sesión”, dijo, lo que hace suponer que antes era distinto, tal como denunció D’Andrea.
“La tesorería tiene que hacerse cargo de estos temas. Yo no sé cómo era antes, pero a partir del martes 11 se trabaja así”, repitió.
