Crece la alerta por redes que atienden a ancianos para quedarse con sus bienes
Un enfrentamiento sordo entre varios grupos permitió a La Opinión acceder al mundo de las organizaciones que se disputan a los adultos mayores que están solos o cuyos familiares no les prestan atención. Sus tentáculos están en geriátricos, centros de salud, estudios de contadores, abogados, martilleros, escribanos y hasta en la administración pública. El plan es claro: detectar abuelos con bienes, ofrecerles cuidados, lograr que firmen un poder y disponer de sus cosas aun antes de que mueran.
Tan antigua como la propiedad privada, la modalidad de quedarse con bienes de adultos mayores que no tienen a quiénes dejárselos o cuyos familiares no les prestan atención existe en San Pedro como en tantos otros sitios del país y del mundo. Sin embargo, ese relato mítico se transformó en una alarmante realidad cuando La Opinión quedó en medio de una disputa sorda entre lo que serían dos de las varias redes bien organizadas que operan en la ciudad.
A medida que la investigación avanza -este semanario está recopilando denuncias y documentación que involucra a muchos “peces gordos”-, los detalles que aparecen son cada vez más sorprendentes.
Es que para que estas redes funcionen se necesita de la connivencia de muchos actores. Por lo que puede inferirse, cada uno recibe su tajada. Algunos, claro, son los más beneficiados. Otros, no menos cómplices, apenas “trabajadores” de lo que parecen verdaderas empresas -asociaciones ilícitas, podrá decir la Justicia- que tienen mecanismos bien aceitados.
La lógica es similar en todas: captan adultos mayores con bienes, preferentemente propiedades inmuebles, les ofrecen cuidados y atención profesional en salud y derecho, logran la firma de un poder y se quedan con campos, viviendas, automóviles y cualquier otra cosa que posean, incluso antes de que la muerte los encuentre.
Cazaviejos al ataque
La Opinión tuvo acceso a una serie de cruces entre dos de estas redes, cuando una mujer de muy avanzada edad llegó a un centro asistencial de salud porque tenía un problema que obligó a internarla.
El responsable era un conocido abogado, a estas alturas famoso por sus poco transparentes manejos a pesar de su apellido incoloro. A sus vecinos de cuarto, la mujer les decía que la tendría encerrada, que era “un sinvergüenza” y que lo único que perseguía era quedarse con sus bienes.
A su habitación sanitaria llegó una joven contratada para cuidarla, a quien la mujer le refirió las mismas historias. La “cuidadora” resultó ser una de las miembros de otra de las redes “caza viejos”, que opera desde un geriátrico no habilitado.
La anciana quedó en medio de la disputa. Una persona vinculada a un centro de asistencia a la tercera edad vio prohibido su ingreso al edificio sanitario donde estaba internada la mujer y el responsable de cerrarle la puerta sería en ese lugar uno de los “marcadores” de adultos mayores, que los hay y en muchos rubros.
Dada de alta, la abuela terminó en otro geriátrico donde este semanario estuvo la semana pasada.
Cómo funcionan las redes
El que detecta a las víctimas suele tener un contacto directo con los ancianos. Le puede haber tocado cuidarlo alguna vez ante una enfermedad, o ir a su casa a cortarle el pelo, el pasto, a limpiar, acaso a colocarle una inyección. Algunos están en las clínicas o en el hospital.
Ese contacto directo les permite saber qué sucede con su familia. Si tienen hijos, si éstos están ausentes, si hay otros parientes cercanos. En algunos casos, hasta les permite calcular la perspectiva de vida que tiene cada adulto mayor.
Puede haber médicos que están al tanto de las historias clínicas y que también saben a quién dirigirse. Además, hay sospechas de que hasta habría personal municipal con acceso a información sensible que podría estar pasando datos que sirven para la red.
Una vez que está disponible el detalle de los bienes que podrían existir, los vínculos familiares presentes y la perspectiva de vida de las víctimas, entran a jugar los más beneficiados y que serían los líderes de las redes.
En su mayoría, se trata de profesionales: abogados, contadores, martilleros y hasta podría haber connivencia dentro de las escribanías. Pero también los habría en las propias casas que ofician de geriátrico no habilitado.
Entre ellos están los que hacen la “inversión”: hay que pagar un escribano para firmar un poder, que cuesta alrededor de 2.000 pesos. Ello, en principio.
El abuelo o abuela necesita asistencia y se la brindan: médica, afectiva, la que demande. Como por lo general se trata de ancianos que no tienen familiares a cargo o tienen de los que prefieren no atenderlos, el ofrecimiento es ese, nada menos que estar presentes.
Un abuelo que está solo tiene dificultades para ir al supermercado, hacerse de comer, ir al banco a cobrar su jubilación, a la farmacia por los remedios, al Pami por algún trámite, entre otras cosas.
El poder que suele firmarse es “amplio”. La autorización para cobrarles la jubilación o pensión se puede firmar en Anses. Pero por lo general los integrantes de las redes “caza viejos” van a una Escribanía, para tener un documento que les permita hacer y deshacer a su gusto.
Así, los bienes siguen registrados a nombre de su titular, pero alguien más puede disponer de ellos. Lo habitual es que ese poder sea “postmortem”, lo que le permite al apoderado hacer lo que le plazca con los bienes de los ancianos cuando murieron.
“Un poder de esas características se hace en una Escribanía. Para ello hay que ir con el viejo a que te firme; pero bueno, siempre puede haber algún amigo con acceso al estudio”, dijo una fuente que conoce el funcionamiento de estas redes por haber sido parte alguna vez de ellas.
El titular de la Defensoría de la Tercera Edad, Eugenio Semino, aseguró que este tipo de delitos “viene indudablemente en aumento, con bandas que realizan estas estafas tras captar a las víctimas, siempre abuelos solos” y que reciben denuncias “todos los días” por parte de vecinos o familiares lejanos “que cuando se enteran que algo extraño ocurre ya es demasiado tarde”.
La figura legal de la “renta vitalicia”
Hay una modalidad creciente en Europa y que comenzó a extenderse en la Argentina para que los abuelos que tienen propiedades y están solos puedan gozar de una renta mientras vivan y evitar las avivadas de los que se acercan con presuntos fines nobles pero en realidad buscan estafarlos.
Se trata de la figura del usufructo por renta vitalicia, mediante la que un inversor se queda con el título de propiedad y paga una renta mensual a cambio -dinero en efectivo más gastos de impuestos, tasas y comisiones correspondientes-, mientras el adulto mayor hace uso del inmueble hasta su fallecimiento.
Es una modalidad que utilizan muchos geriátricos habilitados como tal, sobre todo en Buenos Aires y otras grandes ciudades.
Con 75 años, un adulto mayor puede ingresar al sistema, del que fueron excluidas las compañías aseguradoras. Si la expectativa de vida es baja, puede cobrar un adelanto de hasta el 10 por ciento del valor del inmueble.
El inversor debe presentar una hipoteca por el valor del inmueble, que será ejecutada si deja de pagar la cuota.
En San Pedro hay algunas experiencias de esta metodología en organizaciones que se dedican al cuidado de personas.
Las otras, las que hacen lo mismo pero sin un acuerdo escrito, son las que forman parte de la red descripta en esta página. Por lo general, las legales son beneficiosas para los adultos mayores. Las otras, sólo para los que se aprovechan de los pobres ancianos.
