Crónica de una injusticia

La Constitución de la Provincia de Buenos Aires en su artículo 36, advierte y reconoce el derecho a la vivienda propia, como un derecho social elemental. En el texto constitucional se promueve el acceso a la vivienda única y la constitución del asiento del hogar como bien de familia; y explicita que la provincia “garantizará el acceso a la propiedad de un lote de terreno apto para erigir su vivienda familiar única y de ocupación permanente, a familias radicadas o que se radiquen en el interior de la Provincia, en municipios de hasta 50.000 habitantes, sus localidades o pueblos”. Para garantizar esto Eduardo Duhalde (en ese entonces Gobernador de la Provincia) desarrolló, en el marco de la Ley 11.423, el Plan Familia Propietaria.
Con el slogan “cada bonaerense con su terreno” el programa consistió en distintos convenios celebrados entre la Provincia de Buenos Aires y los municipios, en los que el gobernador se comprometía a transferir fondos no reintegrables para inversión, y los intendentes se obligaban a transferir a terceros (los beneficiarios) los predios adquiridos. La finalidad era la de dar soluciones dignas a los problemas habitacionales de las familias, mediante el acceso a un lote de terreno con financiación a cargo del Estado.
En el año 1996 el entonces Intendente Municipal, Julio Pángaro, compró con $ 220.000 entregados por el Gobierno Provincial, el terreno denominado posteriormente como parque “San Martín”, en la intersección de la calle de ese nombre, con Rómulo Naón. No fueron las únicas tierras adquiridas durante su gestión, pero tal vez, los escándalos más frecuentes hayan sido los que hoy quedaron en plena zona residencial.
Se confeccionó un listado tomando como base la prioridad de los grupos familiares a partir de un puntaje surgido de las características demográficas, sociales y económicas. Como no se podía cubrir toda la demanda también se armó una nómina de suplentes.
Cada adjudicatario debía pagar 144 cuotas mensuales de $ 20, hasta completar los $ 2.880 que costaban los terrenos. Como los mismos habían sido comprados por el gobierno provincial, y los fondos eran “no reintegrables” (es decir que el municipio no debía devolver ni un solo peso), el dinero de la cuota debía regenerar un fondo, que fuera destinado a comprar más terrenos, o a la realización de obras públicas para mejorar los barrios que se estaban construyendo.
Hacia el final del gobierno justicialista, durante el mandato de Rodolfo Manuel Trelles y cuando Mario Barbieri ya había triunfado en la elección del 24 de Octubre de 1999 como candidato de la Alianza, se entregaron los primeros 95 terrenos de los 1.150 comprados en el contexto del Plan Familia Propietaria. Las casi cien familias beneficiadas, recibieron orgullosas su boleto de compraventa en el edificio del Centro Universitario Regional (ex correo), y su diploma como adjudicatarios. En Enero de 2000 debían comenzar a pagar las cuotas. Según el testimonio de Trelles, en el discurso que pronunció el día de la adjudicación les habría pedido a las familias que -“nunca se desprendan de los terrenos, porque están ubicados en un lugar estratégico de la ciudad, y su valor futuro es, hoy incalculable”.
Dos años después, llegarían el “corralito”, el 19 y 20 de diciembre, los cinco presidentes en una semana, la devaluación, la inflación y la pérdida de poder adquisitivo de los sueldos.
En los testimonios recogidos por este medio, se observa una constante en muchos de los beneficiarios. Comenzaron a pagar sus cuotas rigurosamente durante dos o tres años, y posteriormente (a partir de 2002), se empezaron a registrar atrasos.
Ya a fines de 2004, el en ese entonces funcionario de la Municipalidad, Oscar García, comenzaba a remitir a algunos beneficiarios cartas documento, donde se citaba a los mismos a concurrir a dicha dirección, con objeto de “actualizar datos y realizar un reempadronamiento”. Algunos testimonios dicen que en esa oportunidad se le habría dicho a la gente que “no se preocupe si no podía pagar las cuotas, porque seguramente después habría una moratoria”. Otros, aseguran que nunca recibieron notificación alguna, antes de ser despojados de su propiedad.
El 25 de Abril de 2006, mediante el decreto 0267-2006 firmado por el Intendente Municipal, se “readjudicaron por falta de pago” 28 terrenos, adjudicándoselos a otras personas, que en algunos casos ni siquiera estaban en el listado original de suplentes. A pesar de que algunos concejales justicialistas dicen haber estado recibiendo denuncias al respecto desde el 2004, ninguno de ellos solicitó al Departamento Ejecutivo Municipal, un pedido de informes para poder saber, al menos, a quiénes se les estaban otorgando los 28 terrenos, que para 2006, tenían en conjunto un valor cercano al medio millón de dólares, y que los nuevos adjudicatarios recibirían por $ 2.880 pesos o en el peor de los casos un poco más si algún “intermediario con testaferro” había logrado adelantarse al decreto municipal. El concejal Rodolfo Trelles dijo –refiriéndose a los funcionarios de Barbieri, que -“es una vergüenza como le robaron los terrenos a la gente. No tienen escrúpulos.” Las deudas por las que se expropiaron los terrenos, oscilaban entre $ 1.000, y $ 2.500.

La historia que contamos
Tal como se publicó en la edición anterior, la investigación aún tiene varios capítulos. A los terrenos comercializados por Vargas y Wolcan, hoy se suman otros entre los cuales, nada puede precisarse porque prolijamente sus autores han tratado de dejar la menor cantidad de huellas posibles. Por otra parte, quienes hoy viven en la zona, en muchos casos, han comprado de buena fe y ni enterados de la existencia del Plan Familia Propietaria.
Para refrescar la memoria del lector en Junio de 2007, se ofrecen para la venta terrenos correspondientes al Plan Familia Propietaria del Parque San Martín a través de los clasificados de “La Opinión”. Se pudo saber por declaraciones del vendedor, que contaba con la Escribanía y los papeles necesarios para escriturar.
En un encuentro fortuito con un cronista de este medio, una funcionaria provincial del Programa Familia Propietaria, dijo que todos estos hechos resultaban “asombrosos”.

El enroque
Mirta Alegre tiene 38 años y tres hijos de 5, 13 y 14 años. Trabaja como empleada doméstica y su marido maneja un remisse. Hace 20 años que con sus sueldos pagan el alquiler de su vivienda. En diciembre de 1999 resultó adjudicada en el Plan Familia Propietaria y empezó a soñar con su casa propia. Estudiaba todos los días los planos, pedía presupuestos en los corralones… en fin. Tenía la ilusión lógica de concretar, su anhelo de la casa propia.
Pero para Mirta, las cosas no iban a ser tan simples. Ella tuvo la “mala suerte” de haber sido adjudicada con el mejor de todos los terrenos: El más cercano a la esquina de Rómulo Naón y San Martín.
Un buen día, de buenas a primeras, sin haber mediado ninguna notificación y sin haber firmado ningún tipo de papel, Mirta se encontró con que “su esquina”, estaba siendo usurpada por, según consta en un pedido de informes realizado por el bloque de concejales del PJ en ese momento, la Sra. Gabriela Villalba, empleada municipal que desempeñaba sus funciones como Secretaria del Arquitecto Flavio Peiró en la Dirección de Viviendas y Escuelas, en el momento de la usurpación.
Mirta denunció esto en un expediente presentado a través de la Mesa de Entradas de la Municipalidad, el 21 de Julio de 2005. Nueve meses después, el Departamento Ejecutivo “enmendaba” el error adjudicándole a Villalba la esquina que antes era de Mirta, y otorgándole a ella una parcela que supo ser de Norma Isabel Camacho y Lino Enrique Benítez quienes ahora, se quedaron sin nada.

Nada de enroque
Maria L. tiene 40 años y es empleada en una panadería. Le comunicaron la baja hace dos años. Villalba, la secretaria de Peiró siempre la tuvo con excusas. Nunca pudo hablar con ningún funcionario. No le llegaron ni los recibos de pago, ni las cartas documento, ni nada. Su terreno se lo dieron a una persona que cuando se confeccionó la lista de beneficiarios y suplentes, tenía 14 años.

Tres más con y sin enroque
Un matrimonio del que tenemos conocimiento vendió su lote en $35.000 para poder construirse algo en el fondo de la casa de la madre de uno de ellos. Todavía figuran como beneficiarios ya que la escritura traslativa o la “cesión” se encuentran en una escribanía.
Luisa Elvira López, una abuela de 82 años, recibió 1.500 pesos por otro lote perteneciente al mismo plan, pero en el Barrio Parque Los Andes.La mujer, fue entusiasmada por un agente inmobiliario y entregó su terreno al hijo de una conocida militante social que sostiene un comedor comunitario. La cesión se firmó en una escribanía. Esta mujer vive en una habitación de dos por dos, según cuentan sus familiares. Cuando vendió pensó que la cifra era millonaria, ya que siempre le costó discernir “los cambios de moneda”. En Junio pasado recibió documentación desde la Dirección de Vivienda de la Provincia. Fue a consultar a la municipalidad y la persona que la atendió rompió los papeles en su cara mientras le explicaba que ninguno de ellos “tenía importancia”.
Miriam Noemí Romero tiene cuotas pagas hasta el 2005. La dieron de baja sin avisarle. Le dijeron que si devolvía todos los recibos pagos le iban a devolver la plata.Nunca pudo recuperar un peso. Su terreno se lo dieron a Schiros Paola del Carmen, y a Llull Cristián Alberto, a quienes les habían quitado el suyo para darselo a Ponzio Laura y Franzoia Roberto.

Enroque por Apriete
Estos no son los únicos casos con los que cuenta La Opinión, hay o “había” otros que fueron “rápidamente” solucionados por personas “muy eficientes y rápidas” a la hora de exigir silencio ante los medios. Es más, una mujer que hace dos años encabezó un movimiento para solicitar casas para los inquilinos, tuvo la “gran suerte” de ser adjudicada, dejando al resto de los firmantes del petitorio sin las mismas posibilidades.
La desesperación por borrar las huellas esta a la orden del día, pero… ya son muchos, más de dos decenas, los que se encuentran en nuestro archivo para ser chequeados. En estos últimos, hay inmobiliarias, testaferros y documentación que si llega a manos de las autoridades del Plan a nivel provincial, podrían quedarse directamente SIN ESCRITURAS.

Opinión: Una “inmobiliaria” en el Municipio
El Parque San Martín está dividido en 95 parcelas compradas en el año 1996, por el valor de $ 220.000, es decir, a razón de $ 2.315 pesos por parcela. Las parcelas fueron entregadas a ciudadanos, a los que se les hizo firmar un boleto de compraventa y se les dijo que esos terrenos eran suyos. Algunos pagaron más cuotas, y otros pagaron menos. El precio por lote aumentó – devaluación mediante – astronómicamente en los últimos años. Los mismos terrenos por los que la Municipalidad pago $ 2.300, hoy pueden costar tranquilamente entre 50 y 60 mil pesos. ¿Y Para quién debería ser ese beneficio? Indudablemente, para el adjudicatario original del terreno. ¿Quién puede dudar, que cualquier persona en su sano juicio, con un buen asesoramiento conseguiría el dinero para pagar la deuda sobre la propiedad de cualquier forma, al saber que la misma cuesta por lo menos 20 veces mas que la deuda que por ella se reclama? Si es el Estado quien financió la operación en primera instancia, ¿No debería velar, ese mismo Estado, por que la misma llegara a buen puerto, es decir que el adjudicatario lograra tener su vivienda?
Sin embargo en este caso, el Estado y varios particulares con buena llegada a la información actuaron como lo harían los usureros: Por deudas de 2.000 pesos, le quitaron a personas con pocas posibilidades de defenderse, propiedades de 20.000 dólares. Y para completar lo absurdo de toda la escena, el dinero que se reclama, nunca fue del municipio, porque había surgido de un fondo no reintegrable del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Indudablemente existió en toda esta la situación, la especulación de despojar a 28 familias de sus terrenos, para otorgárselos a otra gente (en algún caso, a personas cercanas a funcionarios). Los motivos de esta decisión, permanecen ocultos. La responsabilidad de cada funcionario también.
Lo que si queda perfectamente claro en todo esto, es que la discrecionalidad en las decisiones, la poquísima claridad en la información y el silencio a la hora de hacerse cargo, están en San Pedro, a la orden del día.

Que dice Peiró
“La baja de beneficiarios se dio exclusivamente por falta de pago. La decisión la tomó el Departamento Ejecutivo. Les mandamos 2 avisos y una carta documento. Los que no respondieron fueron dados de baja” dijo el Director de Viviendas y Escuelas al ser consultado por este medio.
“Acá todos piensan que nunca hay que pagar nada. Tomamos esa decisión y ahora nos bancamos el quilombo”.
“La decisión de quienes debían ser los beneficiarios se tomó en conjunto con Desarrollo Humano, y la comisión del barrio.”
“El caso del terreno de Villalba fue una cuestión exclusivamente de ella. Por haber hecho eso fue separada del cargo” (NOTA: No se la despidió ni se le sacó el terreno, simplemente se la trasladó a Desarrollo Humano)