Coronavirus: defensores oficiales piden que algunos presos salgan antes por la crisis sanitaria
Un grupo de defensores oficiales, entre ellos la Defensora General de San Nicolás, Mariana Garro, solicitaron al Gobernador que conmute penas a detenidos con sentencias firmes cuya condena termine durante este año y a quienes habiendo sido condenados a cinco años ya hayan cumplido dos tercios del total. El pedido tiene como argumentos la "crisis humaniaria" por la situación de hacinamiento en las cárceles en medio de la pandemia de COVID-19.
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Defensores oficiales de toda la provincia de Buenos Aires le pidieron al gobernador Axel Kicillof que contemple la posibilidad de conmutar penas para liberar presos y reducir la población carcelaria en medio de la pandemiad de coronavirus COVID-19.
Los representantes del Ministerio Público de la Defensa que firmaron la solicitud, entre los que se cuenta la Defensora General de San Nicolás, Mariana Garro, pidieron conmutación de penas para detenidos con sentencias firmes cuya condena termine durante este año y a quienes habiendo sido condenados a cinco años ya hayan cumplido dos tercios del total, es decir el requisito temporal para acceder a la libertad condicional.
"La situación de hacinamiento en las prisiones y comisarías de la provincia, como es reconocido hoy por todos los operadores del sistema penal, ha alcanzado la dimensión de una verdadera crisis humanitaria", señalaron los defensores.
En ese sentido, plantearon que ese hacinamiento genera "peligro para la vida e integridad física" tanto para los privados de su libertad como para quienes trabajan en las cárceles o deben ingresar por otros motivos, sobre todo ante la propagación del COVID-19.
"El tiempo se agota", advirtieron y recordaron que "el registro del contagio de una persona privada de su libertad y de cinco trabajadores penitenciarios indica que el tiempo para disponer medidas 'en forma racional y ordenada' se está agotando".
"Se vaticina que el contagio de una importante proporción de la población, demorada gracias a los esfuerzos de toda la sociedad, llegará indefectiblemente y sería de un optimismo ingenuo y muy peligroso pensar que ello no ocurrirá también dentro de las cárceles", indicaron.
Al respecto, advirtieron que "cuando suceda, el hacinamiento aumentará los índices de contagio -esperables en el medio libre- en el interior de las prisiones" y que "ello contribuirá al colapso de los sistema de salud, pondrá en grave riesgo al personal de traslado y custodia, a sus familias y a la comunidad".
Para los defensores que firman la nota, conmutar las penas a la población carcelaria señalada implicará "un acto de consideración humanitaria" que "no sólo no incidirá en la 'seguridad ciudadana', por el poco tiempo que resta de las condenadas, sino que también implicará para los liberados un reconocimiento en tanto personas, que redundará, seguramente en muchos ellos, en una mayor predisposición emocional al cumplimiento de las normas al sentir que sus intereses también son tenidos en cuenta".
Respecto de los detenidos con penas de hasta cinco años que hayan cumplidos dos tercios de la condena, señalaron que se trata de presos por "hechos que no son de los de mayor gravedad y respecto de los cuales ya se ha cumplido gran parte de la condena bajo condiciones de hacinamiento".
"La conmutación no solo se estaría disponiendo sobre personas que ya llevan en prisión el tiempo que la ley ha considerado suficiente para los pretendidos fines resocializadores, sino que también implicaría reconocer y compensar las condiciones en las que permanecieron privados de libertad", aseguraron.
