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    Coopser y su posición sobre el conflicto en el barrio Azahar: "Todas las instancias fueron agotadas"

    El Consejo de Administración de la cooperativa emitió un comunicado para referirse a la situación, que el desarrollador Andrés Scazzariello y propietarios del loteo expusieron en Sin Galera el sábado. Aseguraron que hay una deuda y que el presupuesto reclamado había sido aceptado antes de la ejecución de la obra.

    21 de julio de 2026 | 17:46
    Lagos de Obligado o Barrio Azahar está ubicado en el camino Lucio Mansilla.
    Lagos de Obligado o Barrio Azahar está ubicado en el camino Lucio Mansilla.|PH: Agencia

    La problemática con Coopser del barrio Azahar, también conocido como Lagos de Obligado, expuesta en Sin Galera por el desarrollador del loteo, Andrés Scazzariello, y propietarios que compraron y construyeron fue abordada por la cooperativa.

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    En un comunicado, el Consejo de Administración aseguró que “todas las instancias fueron agotadas” antes de proceder al corte de suministro eléctrico en el predio, lo que motivó el reclamo.

    “No pretendemos polemizar con ninguna persona. Pretendemos que los vecinos conozcan la verdad completa”, aseguraron en el texto, remitido a los medios y difundido en redes sociales.

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    Coopser explicó que en noviembre de 2023 firmó un convenio con Scazzariello para ejecutar las obras, que presupuestó y notificó al desarrollador, quien aceptó e hizo pagos parciales para comenzar a ejecutar las tareas.

    La tercera etapa, que es la que generó el conflicto, “fue presupuestada y comunicada oportunamente”, dijo la cooperativa y aseguró que el presupuesto “fue aceptado en tiempo y forma”, por lo que hizo el trabajo contratado.

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    “Posteriormente remitió el detalle de los trabajos realizados, los pagos recibidos y el saldo pendiente. A pesar de ello, permanece impago un saldo de $ 31.219.526,99, correspondiente a trabajos efectivamente ejecutados”, indicaron.

    Coopser sostuvo que “el cuestionamiento surgió después de terminada la obra”, que tenía “un presupuesto conocido por las partes, aceptado y utilizado como fundamento para la continuación del contrato”.

    La cooperativa aseguró que el presupuesto acordado “reflejaba los costos reales de materiales, mano de obra especializada, equipos, cargas laborales y demás recursos necesarios para ejecutar la obra”.

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    Además, señalaron que hubo irregularidades en los pagos por parte de Scazzariello, de quien recibieron “numerosos depósitos” de cheques de terceros con “rechazos bancarios” por “diferencias de endosos, defectos formales, falta de fondos y denuncias de extravío o sustracción”, situaciones reconocidas por la empresa desarrolladora, detallaron.

    Respecto de la intervención del Oceba, que la semana pasada ordenó reponer el suministro suspendido, la cooperativa dijo que participó de “inspecciones, audiencias y presentaciones” a las que llevó “presupuestos, documentación técnica, antecedentes contractuales y fundamentos jurídicos destinados a explicar el origen y composición de los costos reclamados”.

    En ese marco, reconocieron que la cooperativa se opuso a planteos “orientados a promover la revisión de un presupuesto cuya ejecución ya había sido aceptada y concluida”.

    Otro de los temas en debate, indicaron, era la “existencia de una línea de media tensión instalada en el predio", que Coopser documentó “energizada y prestando servicio público desde el año 1984”.

    “Cualquier adecuación derivada del nuevo fraccionamiento constituye una consecuencia propia del desarrollo inmobiliario y no una obligación económica que deba ser trasladada al conjunto de los asociados de Coopser”, señelaron.

    Informaron que “antes de adoptar cualquier medida” hubo intimaciones vía carta documento para que el desarrollador pague el saldo aduedado, “otorgando plazo para regularizar la situación y advirtiendo las consecuencias legales derivadas del incumplimiento”.

    Explicaron que como esas gestiones no permitieron cobrar, procedieron a “defender el patrimonio de la cooperativa”, que pertenece a todos los socios a los que el Consejo de Administración representa.

    “Aceptar que una obra sea ejecutada, recibida y utilizada sin el pago íntegro del precio convenido implicaría trasladar ese perjuicio económico a todos los asociados, quienes no tienen porqué soportar el incumplimiento contractual de un tercero”, destacaron.

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