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Desde la clausura del quirófano donde Apama castraba a bajo costo y tras los planteos del titular de esa ONG a las autoridades que sostienen una dependencia municipal para tratar, sin éxito ni recursos aún, la problemática animal, hay desconcierto y expectativas de uno y otro lado. Fabián Rodríguez, de Apama, vio con buenos ojos el interés del Municipio que derivó en reuniones y un convenio para trabajar en conjunto. Marina Farías, veterinaria a cargo del Programa de Control Canino desde enero, se mostró descontenta con el acuerdo, que en marzo se había hecho con la ONG Vida Animal para usar un quirófano que al final nunca pudo acondicionarse. Por su parte, Cecilia Tarsetti, contratada en la Oficina municipal para auxiliar a Farías, despertó la solidaridad de personas que abrieron una caja de ahorros en el Banco Provincia para ayudarla a costear comida, gastos de veterinaria y mantenimiento de los 70 perros que alberga en su casa, con la admiración de proteccionistas y el malestar de vecinos. El 27 de octubre, la ordenanza 6229 cumplirá un año de aprobada y ninguna castración.
