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jueves, abril 15, 2021

Contratarán a un abogado para que analice todos los expedientes del Tiro Federal

Los concejales reactivaron el tema y destinaron un día especial de reunión para debatirlo. Hay consenso entre las distintas fuerzas políticas y buena recepción en el Ejecutivo. El predio vive una situación irregular desde hace 22 años, cuando la comisión directiva del club cedió la explotación del camping a Roberto Calvet, quien no sólo nunca devolvió el predio, sino que además se vio envuelto en diversas situaciones que derivaron en denuncias en la Justicia. Ahora, buscan que profesionales del derecho aconsejen la mejor manera de recuperar ese lugar para todos los sampedrinos.

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La historia del Tiro Federal tiene un capítulo más por escribirse. Desde la cesión del predio en 1911 a los entusiastas impulsores de un polígono hasta el estado actual en el que conviven un club de Rugby y un empresario, todos en situación irregular, mucha agua corrió bajo el puente. Ahora, en el Concejo Deliberante, buscan reactivar el debate necesario para recuperar un espacio que es de todos los sampedrinos pero sólo usufructúan y disfrutan unos pocos.

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La Comisión de Planeamiento reactivó la semana pasada el tema. Allí se acumulaban expedientes relacionados con el asunto, los que pasaron a Peticiones, que destinó un horario específico para abocarse a su estudio. El objetivo es avanzar en la recuperación de ese predio para todos los sampedrinos, luego de 105 años de cesión a un club que ya no existe tal como fue fundado y cuya comisión directiva entregó parte del terreno a una empresa que se niega a devolverlo.

Desde hoy, los miércoles a las 10.00 de la mañana, revisarán los antecedentes y analizarán los dos proyectos de ordenanza que están en carpeta. La semana pasada, tras reunirse con representantes del Ejecutivo, acordaron la posibilidad de contratar un estudio jurídico especializado que permita el abordaje de la problemática.

Concejales de diversa extracción, como Américo Quintana (monobloque de posiciones cercanas al PJ-FpV) y Mónica Otero (Cambiemos), confirmaron a La Opinión que hay consenso para avanzar en el tema y que tuvieron “muy buena recepción” por parte de los integrantes del gabinete de Salazar.

“El Concejo tiene la decisión de contratar a un estudio jurídico para analizar el expediente”, señalaron los ediles. De la reunión con el Ejecutivo, que tuvo lugar el lunes, participaron además Pelletier, Rosa, Mosquera, Garavaglia y Butti, por el HCD, y los secretarios de Gobierno Silvio Corti, de Legal y Técnica Ramón Salazar y de Economía Mario Sánchez Negrete.

Un problema legal con trasfondo político

En el Concejo entienden que la trama enmarañada del Tiro Federal puede devanarse si se tienen a mano todos los elementos jurídicos del asunto. Por eso, consideran que lo mejor es que un profesional revise el expediente y les ofrezca un panorama que permita saber cómo avanzar.

Si al principio algún concejal entendió que había que ir despacio para no “avasallar” los “derechos” del empresario que ocupa el predio, incluso ese mismo edil apoyó la idea de que haya un análisis exhaustivo del tema, que implica recorrer todo lo sucedido desde que en 1994 la comisión directiva del Tiro Federal decidió “subconcesionar” la explotación del camping y la cantina a la empresa MyRC S. A., que nunca más quiso devolver el terreno.

“Se trata de una cuestión legal, no de ordenamiento”, dicen los concejales para argumentar el pase de la comisión de Planeamiento a la de Peticiones y para dar cuentas de que la ayuda profesional es para desentrañar la gran cantidad de puntos oscuros que tiene el tema.

Una de las posibilidades es convocar a una consulta popular para que la gente diga qué quiere hacer con esa tierra, que es de dominio público y para la que a lo largo de las últimas dos décadas hubo diversas propuestas.

Pero antes, avanzarán con la idea de la contratación de un estudio de abogados para analizar en profundidad todo lo relacionado con el caso y esperar que aconseje los pasos a seguir. Si es necesario irán a la Justicia, como lo hicieron Los Biguá cuando venció el contrato que ellos como directivos del Tiro Federal firmaron con Calvet en 1994, causa que está tan paralizada como el ímpetu que alguna vez tuvieron los rugbiers para “expulsar al usurpador” y que se apagó a poco de andar.

Los expedientes que están en el Concejo son dos proyectos de ordenanza. Uno fue presentado en 2007 por el entonces edil Abel González y proponía la recuperación del predio para el Estado local, con la cláusula de buscar un terreno fiscal para la instalación del club de rugby. El otro, del Gobierno de Guacone a dos meses de asumir, con cúpula barbierista en el gabinete, para dividir el lugar y que todos quedaran contentos, incluida la empresa acusada de “usurpadora”.

De Las Heras a la comisión de Peticiones

Esta historia comienza el 23 de diciembre de 1911, cuando fue sancionada la ordenanza 125 que dispuso la entrega del terreno al Tiro Federal Argentino de San Pedro. “Se destinará exclusivamente a la instalación del stand de tiro siendo la cesión mientras exista éste”, decía su texto.

El 28 de abril de 1913 se constituyó el usufructo a través de la Escritura Nº 68, que cambió el detalle de la cesión y le puso como plazo “99 años”, que vencieron, entonces, en 2012. Fue ante el escribano Juan M. Arana, ante quien comparecieron, para firmar, el Vicepresidente de la Sociedad Tiro Federal Argentino de San Pedro Santiago G. Lobbe, y quien fuera intendente de San Pedro entre 1913 y 1915, Luis Felipe de las Heras.

El 18 de marzo de 1989 la ordenanza Nº 4329 autorizó para ese predio, ubicado “entre las partes altas de la barranca y la costa del río, cuyo terreno se destinará exclusivamente a la instalación del stand de tiro”, la construcción de “una cancha para prácticas deportivas”.

En 1994, sin autorización municipal, la Comisión Directiva de club firmó un contrato de “subconcesión” en el que habilitó el desembarco de la empresa MyRC S. A., que explotó el camping desde entonces, aunque en el medio, y mientras su titular Roberto Calvet era nada menos que Secretario de Obras Públicas del Gobierno de Mario Barbieri, utilizó testaferros monotributistas que resultaron ser el jardinero uno y el personal de mantenimiento el otro.

Cuando en 2009 venció el “contrato”, Los Biguá que estaban al frente de la comisión directiva decidieron no hacer uso de la cláusula que permitía la extensión por otros 15 años de ese acuerdo -por el que apenas recibían “mantenimiento” de la cancha de rugby- y fueron a la Justicia Penal y a la Civil, a los medios y a la opinión pública para acusar a Calvet de “usurpador”, que los había confinado al ala este del predio, sin acceso a la zona de campings donde construyó decenas de “bungalows” de material que hasta ocuparon la vereda y taparon el histórico castillo -todo sin autorización-, donde tampoco se puede ingresar si no se paga la entrada al emprendimiento turístico que más y mejor recaudó en esta mala temporada de creciente.

En la Justicia, la causa quedó paralizada porque nadie quiso hacerse cargo de la caución que exigía el Juzgado para entregar el castillo a la comisión -había que poner en depósito la escritura de un inmueble-, lo que hubiera significado un gran paso adelante. Peor aún, los rugbiers construyeron un edificio al pie de la barranca -la que supieron “comer” para mejorar la cancha-, por supuesto sin autorización alguna del Gobierno provincial, tal como exige legislación vigente.

Desde aquellos años, pasó de todo, pero en silencio. A las marchas y movidas por recuperar el lugar “para todos” le siguieron esa construcción, la cesión irregular a carros de comida nunca habilitados y el olvido por parte de quienes supieron encabezar una lucha encomiable.

En el medio quedaron las historias de los falsos “tiradores” Peón Cifuni y Miguel Bautista Rojas, así  como los proyectos de ordenanza propuestos: uno para devolverle a la comunidad el predio y buscar otro para la cancha de rugby; otro para dividir en cuatro el lugar y dejar contentos a todos, porque preveía que el Castillo fuera sede de museo de los veteranos de Malvinas, que el camping siguiera en manos de Calvet, que Los Biguá permanecieran con cancha y vestuarios, y que el sampedrino “disfrutara” de un pequeño espacio público con rosedal al lado de lo que hoy es la “plaza de la integración” que lleva el nombre del histórico dirigente de Luz y Fuerza Oscar Smith, desaparecido por la dictadura cívico militar en 1977.

Ahora, un nuevo impulso devuelve el tema al debate dentro del Concejo Deliberante y el Gobierno. Quizás también lo haga entre la comunidad, que acompañó en 2010 y asistió impávida a los silencios ulteriores. La propuesta que surja esta vez puede ser histórica: por su éxito o por su fracaso. A los concejales y al intendente y sus funcionarios, que decidieron despertar el elefante dormido, les cabe una gran responsabilidad.

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