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sábado, septiembre 25, 2021
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Contradicciones de un empresario en causa por usurpación en el nuevo Boulevard

La Cámara de Apelaciones del Juzgado Civil desestimó la sentencia por usurpación contra una mujer que ocupaba un terreno que reclama como propio el empresario Carlos Zuliani. Las contradicciones de los testigos y del propio demandante dieron lugar al fallo. María Isabel Pérez, la demandada, es la misma que en una oportunidad fue secuestrada y llevada “de paseo” mientras derrumbaban su precaria vivienda en ese predio.

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El empresario Carlos Zuliani, dueño del tomógrafo del Hospital, aparece en una causa federal por privación ilegítima de la libertad, delito del que fue víctima María Isabel Pérez en 2009, quien luego tuvo que enfrentar un juicio civil que el propio Zuliani inició en su contra para “recobrar” el terreno donde estaba la precaria vivienda que habitaba esta señora, que fue demolida la noche en la que la secuestraron.
Ese juicio tuvo un fallo de primera instancia, en la que consideraba que quedaba demostrado el “despojo” del predio, ubicado en la zona de barrancas, sobre el nuevo Boulevard, con vista al río. Pérez fue condenada allí a restituir el inmueble a Zuliani, con costas del juicio. Sin embargo, la Cámara de Apelaciones revocó ese fallo y planteó contradicciones en los testimonios.
Los jueces Fernando Gabriel Kozicki y José Javier Tivano no hallaron pruebas del “despojo mediante acción violenta o clandestina” que acusó el demandante, más allá de que el derecho de posesión pueda seguir en duda, sobre todo teniendo en cuenta que la señora Pérez dijo que había “cambiado la casa por una que tenía en el barrio Futuro” en 2007.
Los jueces descubrieron contradicciones en la declaración de Zuliani y en las de testigos ofrecidos por él como parte demandante. Es que el empresario dijo “en octubre de 2007 unas personas de nombre Graciela Fernández y Lucas Ramírez (no demandados en autos) ocuparon en forma clandestina y violenta el inmueble”, que luego “lo abandonaron” y “habrían cedido sus derechos” a Pérez. Sin embargo, luego dijo que aquellos se retiraron del terreno tras un acuerdo con él y que el “despojo” fue cometido exactamente dos años después, durante el mismo mes en que la señora fue secuestrada.
“Existe una clara contradicción entre los hechos denunciados en la demanda y los expresados por la propia accionante en la presentación”, señalaron en su voto los magistrados, que recordaron que el demandante “tiene obligación de explicar los hechos clara y circunstanciadamente brindando al juez la causa y razón de su pedimento”.
Lo más extraño es que la versión de Zuliani expuesta en esta causa civil no condice con lo que expresó en dos causas penales que inició contra quienes acusa de usurpación primero en 2007 y luego en 2009: Ramírez y Fernández, por un lado; María Isabel Pérez, por el otro.
El desfile de testigos que contradicen su propio discurso también fue sustancial para que la Cámara revocara el fallo inicial. En general se trata de vecinos de la zona, que presuntamente podrían dar cuenta de lo que vieron durante esos años en ese lugar.
Dicen que hubo una “usurpación” y dan cuenta de la operación de intercambio que Pérez dijo mantener con los anteriores ocupantes. Otros declararon que Zuliani había recuperado el terreno antes de que unos se fueran y la señora llegara.
“Tal testimonio carece de credibilidad, dado que se encuentra en evidente contradicción no solo con sus propios dichos prestados en la causa penal un año antes, sino también con las demás declaraciones y piezas precedentemente referidas”, escribieron los jueces.
En los registros del Hospital puede leerse que el niño que convive con la demandada fue internado allí en 2007 y ya tenía como dirección Boulevard Paraná 795.
Sin testimonios válidos y con la consideración de los jueces de que “nada aporta” la “prueba documental” que acompaña la demanda, el fallo de Cámara corrobora que “el ingreso de los demandados al inmueble en cuestión se produjo en forma inmediata el retiro de los primeros ocupantes, lo que no pudo suceder en modo alguno en el mes de octubre de 2009”.

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Varias causas, la misma historia
La noche del 19 de octubre de 2009, María Isabel Pérez y su nieto de 9 años fueron sorprendidos por un grupo de personas que llegaron a la precaria vivienda que habitaba en Boulevard Paraná 750. Según relató en la denuncia que efectuó en ese momento, fue obligada a subir a una camioneta para ser trasladada hasta llegar a inmediaciones de la Ruta 9 junto al niño. Luego la regresaron al domicilio, donde se encontró con la casa demolida. La policía detuvo ese mismo día a cuatro personas oriundas de Baradero, la misma ciudad donde vive Carlos Zuliani, a quien Pérez señaló como “instigador” de lo sucedido. A la causa por daños que inició el Fiscal Darío Giagnorio se sumó la de “privación ilegítima de la libertad”, a cargo del Fiscal Federal Juan Patricio Murray, que libró un pedido de captura contra el empresario y allanamientos en su vivienda. Zuliani pidió eximición de prisión para presentarse ante la Justicia. Todas estas causas judiciales están atravesadas por la misma historia que se reproduce en esa zona de la ciudad: la adquisición de derechos posesorios de origen dudoso mediante el que personas con capacidad económica y buenas relaciones logran quedarse con terrenos que valen fortunas. En la zona aseguran que el que adquirió los derechos posesorios del terreno que reclama Zuliani es un funcionario municipal y que habría pagado entre 12 y 15 mil pesos. Se trata de un polémico hombre “de peso” al que últimamente se lo ve preocupado por los procesos de organización barrial. Uno de esos que a esta altura parece inmune a todo.

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