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    Continúan los casos de usurpación de terrenos

    Durante el fin de semana largo hubo una toma en el barrio San Julián, en un predio sin construcción cuyo beneficiario es el deportista no vidente Silvio Velo. Allí se instalaron dos familias con sus hijos. Además, en el terreno que la familia Victores posee en calle Máximo Millán hubo otra que fue desactivada por la Policía y el Municipio.

    30 de noviembre de 2011 | 08:31
    Continúan los casos de usurpación de terrenos

    La toma de viviendas y terrenos parece no tener límites en la ciudad, que guarda en su historial no sólo hechos de intrusiones masivas en predios donde se construyeron asentamientos –desde el Hermano Indio a El Argentino– o la ocurrida en el barrio San Francisco antes de que finalizara esa obra, sino también casos que no por aislados y particulares dejan de ser alarmantes.
    Este fin de semana las usurpaciones volvieron a ser materia de intervención policial y municipal con la ocupación de dos terrenos, uno municipal con destinatario para plan de viviendas y otro perteneciente a la familia, donde supo funcionar el famoso galpón de calle Máximo Millán.

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    San Julián tomado
    El barrio San Julián fue construido tras un acuerdo entre los titulares del hotel spa que lleva ese nombre y se construye sobre la barranca y el municipio, puesto que había varios grupos familiares instalados en terrenos que formaban parte del espacio público cedido a la empresa para desarrollar su emprendimiento.
    Allí había quedado un terreno sin construcción, cuyo beneficiario es Silvio Velo, capitán de la selección argentina de fútbol no vidente y considerado el mejor jugador del mundo en ese deporte.
    El viernes, dos familias usurparon el terreno de Velo e instalaron precarias viviendas de chapa, nylon y cartón. La toma se produjo por la noche, en la intersección de las calles Yrigoyen y Humanes. Los primeros fueron un matrimonio con cuatro hijos. Los segundos, una familia que tiene estrecha relación con adjudicatarios de vivienda en el barrio, que vieron el movimiento y decidieron levantar un ranchito cerca del otro.
    En diálogo con este medio, Marta Correa, integrante de la primera familia de ocupantes, señaló: “Tomamos la decisión (de instalarse en el terreno) porque no tenemos donde estar. Hace ocho años que andamos de un lado para el otro, nos habían prestado y nos tuvimos que ir”.
    La señora indicó que vieron el predio vacío y decidieron ocuparlo tras preguntarle a algunos vecinos si tenían objeciones al respecto. “Nosotros sabíamos que era municipal, por los vecinos, lo que no sabíamos es quién era el dueño”, dijo Marta y explicó: “Nos enteramos el sábado a la tarde cuando vino Dalmy Butti (Secretario de Desarrollo Humano) y nos dijo que era de Silvio Velo”.
    Esta familia vivía en el Bajo Cementerio y luego estuvo alquilando en otro lugar, hasta que no pudieron pagar más. Tras ello, habitaban una precaria vivienda prestada, que también debieron abandonar.
    Hay una denuncia realizada e interviene la Justicia a través del Fiscal Hernán Granda. Desarrollo Humano visitó la zona el sábado y relevó la situación de la familia, a la que comunicaron que debían desalojar cuanto antes.
    Desde el área que conduce Dalmy Butti informaron a La Opinión que constataron que esta familia posee una casa en la zona de la Bajada de Chaves, aunque también sería producto de una intrusión ilegal.
    Como en el caso hay menores de edad involucrados, tomó intervención el Servicio local de protección y promoción de los derechos del niño. El acuerdo al que arribaron es que dejarán el terreno invadido y se instalarán en la casa de la madre de Correa. Además, si esa señora puede acreditar propiedad sobre el lugar donde vive, el Estado local aportará materiales para que puedan construir algo, en el marco de un programa de protección a la niñez.

    El galpón de Victores
    Este caso sucedió varios días antes que el otro. Fue en el terreno que la familia Victores posee en Maximo Millán, que ocupa una manzana completa. Se trataba de una familia que llegó a bordo de un colectivo tipo casa rodante, con ostensible deterioro, y se instaló ilegalmente en el lugar.
    Raúl Victores explicó a La Opinión que “por suerte no pasó a mayores”, y confirmó los datos ofrecidos por algunos testigos, que daban cuenta de la presencia de un micro, aunque no eran más que una familia.
    “Tomó intervención la Municipalidad y está solucionado”, dijo Victores y opinó: “La gente está pasando demasiadas necesidades y es obvio que estas cosas sucedan”.
    Desde Desarrollo Humano, su titular indicó a este semanario que los ocupantes clandestinos se fueron por sus propios medios. Explicó que se habían peleado con los familiares donde vivían y que no estaban en condiciones de recibir ayuda especial por parte del Estado local.
    Para el desalojo también había una medida judicial. Esta familia es sampedrina, aunque habían vivido un tiempo en Chivilcoy y ahora estaban de regreso en la ciudad.

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