Este viernes hubo una nueva audiencia en el Ministerio de Trabajo entre representantes de las empesas Estibaje San Pedro y Agencia Marítima Saliva y los sindicatos portuarios, en el marco del conflicto desatado por la decisión de la empresa rusa Baltic Shipping de llevar su operatoria de frutas a Campana.
De la reunión participaron el concejal de Cambiemos y sindicalista portuario Matías Franco; el referente del Supa, Diego Balcaza; el abogado de los sindicatos, Carlos Casini, y otros trabajadores; por parte de las empresas, el abogado José Benito Aldazabal, quien a la salida dialogó con La Opinión.
Informó que esta fue la última audiencia y que desde ahora deberá intervenir la Justicia, luego de que los trabajadores enviaran telegramas a las empresas para considerarse "injuriados y despedido". En ese sentido, Aldazabal dijo que ahora "se verá en sede judicial si tienen razón o derecho a cobrar".
Aldazabal señaló que el empresario Carlos Ybarra "apostaba a seguir trabajando, no despidió a nadie, no quiso despedir a nadie, pidió plazos para ver si podían seguir trabajando, conseguir otro armador, la ruta del Mediterráneo, estaba trabajando en eso y empezaron a llegar los telegramas".
El abogado aseguró que los trabajadores "permanentes con prestaciones discontinuas", es decir los "no mensualizados", desde el punto de vista de la empresa "no son permanentes, son trabajadores bajo el régimen portuario: si no hay barcos, no hay obligación de la empresa de dar trabajo".
"Ante esa situación, en vez de esperar que venga algún barco, se consideraron injuriados y despedidos, para la empresa hay un apresuramiento", consideró. Los telegramas comenzaron a llegar el jueves, por lo que las empresas entienden que ya no tiene sentido seguir reuniéndose en la Delegación de la cartera laboral.
"Ellos dirán que tienen derecho a que se les pague una indemnización por despido y la empresa dirá que no la tienen, que había otras posibilidades y definirá la Justicia", indicó Aldazabal para quien el conflicto suscitado puede tener consecuencias serias para el puerto.
Al respecto dijo que las empresas "van a intentar seguir trabajando" y analizó: "El punto es si con este nivel de conflictividad puede haber interesados en venir al puerto. Esto sepulta al puerto, es muy dramático lo que ocurre no va a querer venir nadie a este puerto".
Consultado sobre el escrache en los domicilios particulares de las familias Lara y Tufilli que encabezaron sindicalistas y trabajadores portuarios, señaló: "M parace que está mal, además con empresarios que se desvincularon de la empresa, eso es un delito de daño".
Consultado acerca de las versiones que señalan que esos empresarios no se habrían desvinculado de las empresas —de las que se hizo eco el propio intendente Cecilio Salazar—, respondió: "Yo entré con este nuevo empresario que compró las acciones, para mí, lo que tengo conocimiento es que se desvincularon".
"No tienen ninguna obligación, cuando ellos se desvincularon no echaron a nadie, en todo caso si hubieran echado a alguien en ese momento podría serle reprochable, pero después de tanto tiempo y cuando el problema se origina por otras circunstancias, agarrárselas con los anteriores accionistas me parece descabellado", sostuvo Aldazabal.
