Concejo Deliberante: $ 114 mil por mes para dos ordenanzas de iniciativa propia en todo el año
El debate sobre lo que costará cada concejal el año que viene volvió a calar hondo en la comunidad e incluyó a vecinos que enviaron notas para expresar formalmente al cuerpo su descontento. En lo que va del año, los ediles locales aprobaron 43 ordenanzas. Sin contar las iniciativas del Ejecutivo y las formalidades, apenas dos fueron de real relevancia para la comunidad. Quedan tres sesiones para que termine el período ordinario 2019.
La semana pasada, La Opinión reveló que los casi 40 millones de pesos del presupuesto 2020 para el Concejo Deliberante –calculados a partir de la suma del total de las dietas, cargas sociales, bonificaciones, antigüedad, aguinaldos, etc.– significan un promedio de $ 114 mil pesos de costo por cada edil, a lo que hay que agregarle el 50 por ciento del monto resultante para el resto de los gastos del cuerpo, que incluye al personal político y administrativo.
Como cada vez que este medio hace la cuenta que los representantes del pueblo no publican ni explican a sus representados, entre los concejales hubo quejas silenciosas e intentos de aclaración entre los cercanos para, como hicieron el año pasado, intentar revertir la sensación que queda en la comunidad cuando se informan los números, puros y duros, irrefutables, de un costo que podría ser menor si los propios protagonistas lo decidieran.
En tiempos de la mayor crisis económica que el país recuerde tras el colapso de 2001, entre ajustes, inflación y dificultades para las mayorías en el día a día, que los concejales sigan decidiendo cobrar el máximo posible de dieta resulta bochornoso a los ojos de una sociedad que lucha por llegar a fin de mes.
En la corporación política no hay diferencias para levantar la mano y tampoco para defender esa decisión. De una punta a la otra del espectro –con la excepción clara de quienes nunca tuvieron y probablemente nunca tengan posibilidad alguna de ocupar espacios de decisión–, el poder se abroquela para protegerse el bolsillo.
Sí, son 114 mil pesos
Repetir la explicación es relevante: la presidencia del Concejo Deliberante tiene dos opciones para calcular su presupuesto: el 2 por ciento del presupuesto general del Municipio (hasta el año pasado era el 3 %) o sumar las dietas. La ley establece que la segunda opción se elige cuando la primera no alcanza para cubrir los gastos. En ese caso se calcula “la suma resultantes de la dieta votada y SAC (sueldo anual complementario), incrementada con el aporte patronal (jubilación, obra social)” más “un 50 % para cubrir el resto”.
Para 2020 son 39.778.148,20 pesos. Casi 40 millones calculados de la manera más cara posible: el total de las dietas con cargas sociales, antigüedad, aguinaldo y todo concepto que cobran los concejales más el 50 por ciento. Ello permite calcular cuál es el costo de las dietas, que pasaron de 96.000 pesos del año pasado a 114.000 para 2020.
Que el presupuesto total del HCD ascienda a casi 40 millones significa que la sumatoria de dietas, aguinaldos, aportes, etc. suma más de 26,5 millones de pesos. Dividido 18 son casi 1,5 millones por año por edil, dividido 13, porque también cobran salario anual complementario, son casi 114 mil pesos por mes por cada representante del pueblo en el poder deliberativo local. Los otros 13 millones están para los gastos de funcionamiento.
Con la aprobación de su presupuesto, el 26 de septiembre pasado, los concejales volvieron a ratificar que seguirán cobrando el máximo posible de dieta: tres sueldos y medio de un municipal con 40 horas. La dieta podría ser la mitad, pero aquí eligen cobrar el máximo. También podrían optar por no percibir “indemnización alguna”. Siempre hay opciones.
Laboriosos pero no tanto
“Representar, legislar y controlar” son las responsabilidades del Poder Legislativo, que en las municipalidades tiene a los Concejos Deliberantes como protagonistas. Renovado por mitad cada dos años, el cuerpo deliberativo tiene como rol en la democracia el control de la gestión del Ejecutivo, la recomendación de acciones –que suelen llegar por reclamos ciudadanos– y sancionar las ordenanzas que crean, reforman, suspenden o derogan las normas que, con fuerza de ley por debajo de las nacionales y provinciales, regulan la vida de los vecinos del distrito.
Una tarea muy importante que no siempre tiene la independencia que podría pensarse. En San Pedro, como en muchos otros municipios y como en la Legislatura provincial y el Congreso nacional, el órgano deliberativo está supeditado al Poder Ejecutivo y su capacidad política. Es que la mayoría de las iniciativas suelen provenir del gobierno. Cuando gobernaba Guacone, con minoría en el HCD, nada se aprobaba; con la mayoría absoluta de Salazar, nada de lo que propone la oposición se discute.
Y así pasa la vida: en lo que va del año, los concejales sampedrinos aprobaron 43 ordenanzas y quedan apenas tres sesiones del período ordinario. Ya en diciembre, deberán abocarse al tratamiento del paquete del presupuesto 2020.
De esas 43 ordenanzas, la mayoría fueron iniciativas del Ejecutivo, aunque son pocas las que realmente implican una tarea legislativa de estudio y debate, como por ejemplo la decisión sobre la nueva Terminal, que de todas maneras era una decisión tomada en el oficialismo, que cuenta con 12 votos propios, es decir una mayoría absoluta para aprobar todo lo que necesite.
Hay que contar una serie de iniciativas ciudadanas y de organizaciones, como la Mesa por la Memoria, el Círculo de Periodistas o el Automóvil Club. También una gran cantidad de declaraciones de interés municipal a actividades organizadas por entidades como clubes, escuelas y otras organizaciones intermedias.
Y entre las 43 ordenanzas se cuentan apenas dos de iniciativa de los propios concejales que impliquen cuestiones de relevancia legislativa: la que confeccionaron desde el oficialismo a partir del reclamo de vecinos de Villa Jardín para dotar a la ciudad de una norma actualizada sobre ruidos molestos; la propuesta de Tirelli para que los empleados municipales se capaciten en técnicas de RCP, que el gobierno había vetado y hubo que rediscutir.
Con un poco de ganas se puede incluir la del programa “camino a la susentabilidad”, que el bloque Cambiemos formuló a partir de la inquietud de la agrupación Conciencia Ecológica y la aprobación, a principios de año, de una modificación a la San Pedro 2000 que habían pedido vecinos que compraron una manzana y no podían subdividir, proyecto que fue impulsado en el verano al calor de la usurpación de esos terrenos.
Cuando el sábado en Sin Galera se repasó este número de ordenanzas sancionadas, no faltó quien apuntó que hay temas que están en comisión y que ante la falta de voluntad de la mayoría oficialista no fueron tratados todavía. Es cierto. Algunos son relevantes y otros no tanto.
Corresponden a 2019: la creación de una mesa para la prevención y control de las adicciones (Unidad Ciudadana); el programa municipal de cuidado del embarazo (Frente Renovador); incorporación de payamédicos al sistema de salud (Frente Renovador); instalación de carteleras públicas para eventos culturales (Mosquera); programa de capacitación obligatoria en temáticas de género (Unidad Ciudadana); designar Evita a la plaza del barrio Obrero (Unidad Ciudadana); Registro de postulantes del Centro de Formación Profesional N° 401 para el empleo municipal (Frente Renovador); y la creación de una escuela municipal de manejo (Lafalce, Cambiemos).
Ponerle voz a las iniciativas ciudadanas es uno de los roles de los concejales, pero no el único. Se supone que quienes están en una banca llegaron preparados para proyectar la ciudad, con un partido detrás que tiene una plataforma política en la que está expresada el San Pedro que quieren a futuro y por el que muchos militan a diario, incluso dejando la vida.
Vecinos en alerta
Primero llegó la queja del Centro de Comercio y el viernes entró al Concejo Deliberante una carta enviada por un vecino identificado como Pablo Roca, que sumó cientos de adhesiones en las redes sociales y que tuvo algunas réplicas de parte de otros que se sumaron y también enviaron su misiva con el mismo contenido a los ediles.
Roca repudió la aprobación del presupuesto del cuerpo sin debate y con el máximo posible “ante la terrible situación económica del país”. En ese sentido, se preguntó: “¿Ustedes están ajenos a dicha realidad? Porque la falta de empatía que demuestran ante la gran cantidad de ciudadanos que viven con el 15 % de lo que ustedes ganan por mes me hace pensar que viven en otra realidad”.
El vecino pidió “un ejemplo de grandeza” y que renuncien a la dieta o que donen a entidades de bien público el aumento, que a fin de año sumará, como los municipales, 31 por ciento.
“Ustedes son concejales gracias a nuestro voto y le damos ese lugar de privilegio para que trabajen en consecuencia. Ustedes tienen el poder de mejorar nuestra ciudad, de ayudar, de proyectar, y de debatir qué es lo mejor para San Pedro. Pero lo que veo cotidianamente es la pelea de partidos políticos culpándose los unos a los otros siempre mirando el pasado, por eso les exijo que estén a la altura de la situación y trabajen para mejorar nuestra ciudad cumpliendo así con sus cuatro años de mandato dejándonos mejoras y no deudas”, cierra la carta.