Con sumarios, expulsiones y reemplazos, Salazar apunta a reordenar el Hospital
El intendente dejó afuera del servicio de emergencias a Juan Oberse y Emmanuel Piombietti, quienes revistaban como temporarios y participaron activamente del conflicto del año pasado. Además, hay tres empleados de seguridad suspendidos sin goce de sueldos y con sumario abierto, cuyas tareas ahora lleva adelante una empresa privada de fuertes vínculos con el encargado del área. La Juventud Fe pintó el frente de la Guardia y anunciaron la creación de un shock room.
Luego de las medidas relacionadas con atacar la problemática financiera y en medio del conflicto con Coopser, el Gobierno de Cecilio Salazar se abocó a un sector que el intendente tuvo siempre como prioridad en su campaña, producto de su grado de conocimiento del sector a raíz de la tarea desde Osprera y de contar como alfil para implementar las decisiones con José Herbas.
Desde la semana pasada, el Ejecutivo apretó el acelerador y en pocos días provocó una serie de cambios que para algunos implica un cimbronazo y para otros un reacomodamiento necesario.
Los frentes fueron varios: desde la pintada de la Juventud Fe, que embelleció el frente de la Guardia; pasando por el despido de dos médicos considerados “conflictivos”; la suspensión de empleados vía sumario, anuncio de construcción de un shock room para la estabilización de pacientes críticos, contratación de seguridad privada y rescisión del contrato con Terapia Intensiva.
Cada una tiene sus aristas, sus pros y sus contra, defensores y detractores. La comunidad deberá evaluar si estas decisiones, tomadas en dos meses de gestión, son acertadas para mejorar el sistema de salud local, golpeado por dos años de conflicto con médicos de Cicop que no iban a trabajar y los de la Guardia que pasaron factura por haber “bancado” ese proceso.
Dos tarjetas rojas
Juan Oberse y Emmanuel Piombetti fueron despedidos como médicos del servicio de emergencias. Para ser exactos, no se les renovará el contrato, ya que ambos eran empleados temporarios, precarizados por más de una gestión en un Estado local acostumbrado a tener profesionales en negro, pagarles con recibos de sueldo de otros y a cuentagotas.
Los dos participaron activamente del conflicto del año pasado. Oberse fue punta de lanza, en su condición de delegado del Sindicato Único de Trabajadores Municipales que conduce Juan Cruz Acosta.
Ambos estuvieron involucrados en el affaire de los audios y mensajes de WhatsApp que hizo públicos Sin Galera y en el que aparecen palabras intimidatorias para con el entonces intendente Giovanettoni, su director del Hospital Diego “yo también mando mensajes nada santos por celular” Noto y la amenaza de dejar de atender como corresponde a los pacientes.
El Director del Hospital José Herbas lo advirtió desde el principio, cuando volvió al nosocomio para ser jefe. Tanto, que llegó a decir que sus colegas del servicio no estaban preparados para la tarea.
El Secretario de Salud Edgar Britos fue el encargado del anuncio. Dijo que era decisión del intendente respaldar a quienes “realmente trabajan” y que Oberse y Piombetti eran “poco colaboradores”, además de responsabilizarlos de “operaciones” que no detalló pero que, señaló, hacen imposible mantener una “relación laboral”.
Por su parte, Oberse le dijo a La Opinión que cuando sean notificados accionarán legalmente la medida que considera “una persecución” y a la que vinculó con su rol en los reclamos. Recordó que hace tres años que es temporario y que esa condición había sido materia de discusión con los gobiernos de turno, plasmada en actas del Ministerio de Trabajo.
Juan Cruz Acosta apoyó a su compañero. Dijo que “Britos miente” y que a Oberse lo echan “por reclamar”. En un comunicado de pésima redacción y ortografía, repudiaron los despidos por “arbitrarios e ilegales” y calificaron la medida de “persecución ideológica digna de la Dictadura”, al tiempo que advirtieron que irán a la Justicia “para que se reincorporen a los compañeros sesanteados (sic) de manera ilegal”.
Oberse es delegado gremial pero el Sindicato nunca tuvo elecciones y recién ahora las tendrá, por lo que su situación es por lo menos grisácea. El reclamo que presentarán una vez que sean notificados irá a parar a la Jueza en lo Contencioso Administrativo María Isabel Fulghieri, cuya resolución puede demorarse bastante más de lo esperable.
El despido de Oberse y Piombetti se suma a las renuncias de Gustavo Alarcón, Nadia Martínez y Natalí Zingoni, quienes también participaron del conflicto el año pasado.
Tres tarjetas amarillas
En el Hospital hay tres empleados sumariados sobre los que pesa una suspensión sin goce de haberes de diez días que se cumplirán la semana que viene. Los tres se desempeñaban en el área de seguridad del nosocomio y son investigados por el ingreso de desconocidos al archivo.
Ayer fueron a declarar dos de ellos: uno con antecedentes penales por abuso de arma de fuego, por acoso sexual mientras era inspector, por manoseo de una joven, por el abandono de un móvil encajado en una zanja con conductor borracho, y sobre quien pesan sospechas relacionadas con la venta de estupefacientes; el otro, un exinspector vinculado a un sindicato, que supo tener activa relación política con al menos un funcionario de los gobiernos de Guacone y Giovanettoni, lo que le otorgó cierto poder.
El tercero ya había ido a declarar por sus propios medios, ante de aprovechar los días de suspensión para tomar un poco de sol y playa en la costa del Mar Argentino.
El último fue el que estaba cuando se cortó la luz que inutilizaron las cámaras de seguridad, pero cuando se produjo el presunto ingreso ya no estaba trabajando. El de los antecedentes sí estaba y fue el que encontró la puerta abierta. El otro no trabaja los fines de semana y ni siquiera estaba en San Pedro. Los tres fueron reemplazados por seguridad privada (ver aparte).