Con Ramos de licencia, sigue el debate público sobre la “legítima defensa” en los casos Lezcano y Chaves
La fiscala que tiene a su cargo las investigaciones por los dos asesinatos que conmovieron a San Pedro en las últimas semanas entró de licencia y en su lugar firma el fiscal de Baradero, Hernán Granda. Mientras tanto, no cesa en la ciudad el debate acerca de si las actitudes de Elías Gonda y Sebastián Dotti fueron, en cada caso, en “legítima defensa”.
Mientras San Pedro asiste a un debate público sostenido respecto de si los dos asesinatos cometidos en las últimas semanas están enmarcados en casos de “legítima defensa”, la fiscala que tiene a su cargo ambas investigaciones, Viviana Ramos, entró de licencia al finalizar su turno, la semana pasada, y volverá a sus funciones el viernes 15.
Hasta tanto Ramos regrese, la firma de los expedientes que tramitan en la Fiscalía 11 quedó a cargo del fiscal de Baradero Hernán Granda, aunque los funcionarios que dependen de la fiscala nicoleña siguen de cerca, como lo hacen habitualmente, las tareas correspondientes a las causas.
El caso Lezcano
La semana pasada, el debate respecto de la legítima defensa se centró en el segundo de los casos relevantes, el que tuvo como víctima fatal a Oscar Lezcano, de 17 años, y como imputado a Elías “Pipi” Gonda, de 20, quien permanece detenido en San Nicolás, acusado de “homicidio agravado” y a la espera de una resolución judicial respecto de su situación procesal.
Tras su declaración indagatoria, su abogado Mauricio Gugger pidió su excarcelación, mientras que Fiscalía trabaja para reunir elementos y pedir la prisión preventiva para que permanezca preso hasta el juicio. La calificación penal que sostiene la fiscala Viviana Ramos es la de “homicidio agravado”, cuya pena prevista en el Código Penal es la de prisión perpetua.
En la causa hay al menos un testigo que dijo que “una vez que el cuerpo de Lezcano yacía tendido se acercaron dos sujetos, uno con una remera blanca con un número 7 en su espalda, que levantan el cuerpo y retiran un arma tipo escopeta recortada con la que se retiran de lugar”. Además, hay otros que están dispuestos a contar lo mismo, puesto que estaban en el sitio del hecho.
La Fiscalía tiene identificados a al menos dos personas que si bien no aparecerían como partícipes, sí se los ubica como quienes “modificaron la escena del crimen y como portadores de armas de fuego”. Las pericias detectaron “proyectiles de distintas armas en la escena del hecho” y está certificada la presencia de un acompañante de la víctima, sobre quien Ramos dijo que “hay que ver si tuvo participación o si sólo es un testigo”.
Se trata de Juan Lescano, de apellido similar pero no familiar de la víctima fatal, quien la semana pasada accedió a hablar con La Opinión para contar lo que sucedió esa tarde. Como se dijo, su relato todavía no obra en la causa porque es probable que fiscalía lo impute, aunque él sostiene que no estaban armados. “No teníamos ni una honda”, repitió varias veces.
Juan Lescano dijo que Oscar lo encontró en la calle y que le pidió que lo acompañe a buscar a Gonda porque le había pegado. Salieron rumbo a la casa y él conducía la moto. Aseguró que al doblar hacia Fray Cayetano Rodríguez desde Hermanos Indios recibieron “una balacera” y que cree que eran dos personas las que dispararon.
Contó que quiso “pegar la vuelta” y que en ese momento Oscar cayó herido. Como los disparos seguían y hasta impactaron en la moto, se fue. Sostuvo que no iban armados y que nada sabe acerca de que alguien pudiera haber sacado una carabina de debajo del cuerpo de su amigo.
Incluso dijo que el diálogo vía Facebook con una persona identificada en esa red como Marcelo Sotelo –a quien señalan como parte de este conflicto–, en el que su usuario contesta al otro que es su culpa por prestarle la carabina, es falso. “Me hackearon el Facebok”, dijo y estimó que puede haber sido “alguna exnovia”.
Su relato ante La Opinión, en una transmisión en vivo a través de Sin Galera, fue sin que se le viera el rostro, porque aseguró que teme represalias, y al otro día de una manifestación en la Comisaría organizada por familiares y amigos de Gonda.
La convocatoria fue acompañada por más de un centenar de vecinos, amigos y allegados que sostuvieron que el joven actuó en “legítima defensa”. Para sostener ese argumento, esgrimieron documentación que acredita que desde hace meses esperaban que la Justicia actúe sobre al menos una denuncia de una balacera contra la casa de la familia Gonda de la que hacen responsable a personas cercanas a Lezcano.
Relataron lo que sucedió y aseguraron que “Pipi pasó de víctima a victimario”, para ilustrar sobre la falencia judicial que “pudo haber evitado todo lo que pasó”.
En su declaración indagatoria, Gonda reconoció ser el autor de los disparos que ultimaron a Lezcano y aseguró que actuó en “legítima defensa” para repeler un ataque que el otro iba a propinarle, en el marco de un conflicto de larga data.
El caso Chaves
El sábado, Sin Galera logró el testimonio de Leandro Bértola, un amigo de Sebastián Dotti que compatió el asado con los compañeros de la peña de Boca, que luego fue al bar Berlín con él y a quien Dotti dejó en su casa antes de ir a buscar a su novia y de protagonizar el episodio con Elías Chaves en el centro de la ciudad.
Bértola ratificó que no hubo ningún conflicto previo del que participara Dotti y pidió “que realicen la reconstrucción de las cámaras, que utilicen la justicia para ver que realmente fue legítima defensa, si se vio amedrentado por los golpes que le dio esta persona, me gustaría que realicen una investigación exhaustiva para delimitar que fue legítima defensa”.
Bértola y otros testigos ofrecidos por la defensa de Dotti todavía no fueron convocados a declarar. La fiscala Ramos cree que “hay imprecisiones, inconsistencias” entre la versión del imputado y la que ella observó a través de las imágenes de las cámaras de seguridad.
“La actitud que tuvo Dotti de no presentarse en la Justicia impidió que se puedan constatar las lesiones” provocadas por la gran cantidad de puñetazos que refirió haber recibido por parte de Chaves.
Ramos desconfía, además, del certificado médico que firmó un profesional de la salud sampedrino de manera particular, de confianza del abogado Mauricio Gugger, quien visitó a Dotti en su domicilio y le extendio el diagnóstico de las lesiones presuntamente provocadas por los golpes de Chávez.
Cuando fueron a buscar el vehículo, el padre de Dotti dijo que su hijo le refirió la situación cuando se iba primero a San Nicolás y luego a Rosario. Ramos recordó que la madre lo acompañó en lo que ella como fiscala consideró una fuga y que eso implica que ese vínculo establece que no se la pueda imputar por encubrimiento.
Esa huida, dijo la titular de la UFI 11, provocó que no se le pudiera practicar el examen médico sobre las lesiones ni un test sobre el consumo de alcohol o drogas que incluso, precisó, podría haber jugado a su favor. “Podría alegar que estaba fuera de sí, drogado o algo, pero ese dato no lo podemos obtener”, explicó.
La fiscala destacó el testimonio del remisero de la agencia Arco Iris que trasladó a Dotti desde San Pedro hacia San Nicolás y Rosario, puesto que su relato es muy imporante para la causa. Ramos advirtió que esa actitud de presentarse espontáneamente “le habría generado algún tipo de problemas a nivel laboral, que lo instaban a que no vaya a declarar” y señaló que son “versiones” que buscará corroborar en el marco de su investigación.