Con medida de no innovar, Indalar va a la Justicia contra todos

La anteúltima jornada de 2010 fue complicada en la zona del puerto, donde el día de nochebuena el Consorcio de Gestión alambró un terreno propiedad de Indalar S. A. aseverando que medidas de planimetría enviadas desde La Plata con órdenes de la Subsecretaría de Asuntos Portuarios los avalaban.
Ello motivó una denuncia penal por usurpación por parte de la empresa que ostenta documentación como propietaria del lugar. Ese jueves, cerca del mediodía, personal del Consorcio llegó para continuar alambrando, mientras del otro lado del límite dispuesto había personal de seguridad de Indalar.
La situación provocó momentos tensos donde incluso hubo temor de un enfrentamiento armado, ya que a cada lado de la “frontera” había una casilla con personal de seguridad.
Del otro lado de la calle, un grupo de pescadores artesanales de la zona del Bajo Puerto y Bajo Cementerio reclamaban que el alambrado les impedía acceder al agua y a sus canoas, ubicadas en la costa.
Allí hubo varios altercados y cruces entre los presentes, con un momento de importante tensión que tuvo lugar cuando una camioneta guiada por personal del Consorcio arremetió contra un empleado de Indalar, que se vio obligado a esquivar el rodado para evitar que lo atropelle.
El empleado, que vestía ropas con insignias de Arcor, se llama Hugo Villarruel y señaló que al momento de esquivar la camioneta “trataba de que no ingresaran a terrenos que son de Indalar” y agregó que su presencia en el lugar tenía como objetivo “preservar la zona que pertenece a la empresa” mientras llegaba la medida judicial.
En ese momento, la Prefectura Naval Argentina recibía por teléfono y vía fax la resolución del Juez José Eseverry, que hizo lugar a una medida cautelar interpuesta por los representantes de la empresa y dictó un fallo con una medida de no innovar que implica dejar todo como estaba a ese momento, convocando a las partes a una audiencia que tendrá lugar el próximo 5 de febrero al mediodía.
El abogado de Indalar Benito Aldazabal manifestó su conformidad con el fallo judicial y señaló que todo esto es producto de “una situación absolutamente anormal”. El letrado sostiene que hay “usurpación”, producida con “la infantil excusa de una planimetría que mandó no sabemos quién” y señaló: “Tengo una gran curiosidad por conocer realmente cuáles son esas famosas órdenes recibidas por el Consorcio”.
Aldazábal ratificó que “la prefectura debería haberse constituido de inmediato” cuando ellos hicieron la denuncia, “porque había un delito en flagrancia. Deben suspender la ejecución del delito y aprehender a quienes están cometiéndolo. No lo hicieron”.
En ese sentido, sostuvo que la advertencia esgrimida en la denuncia del 24 de diciembre respecto a “reclamar civil y penalmente cualquier omisión en que se incurra por no actuar la autoridad en el inmediato cumplimiento de sus deberes legales” y adelantó que sus representados denunciarán a Prefectura por “incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Aunque eso no es todo: “Hubo un atentado contra la vida de personas que estaban allí. Habrá una denuncia penal por intento de homicidio, porque les tiraron la camioneta encima. Hay una lista de catorce testigos”, aseguró el abogado. Por su parte, los pescadores mantuvieron una reunión con el Intendente Pablo Guacone, a quien llegaron tras acercarse al bloque del Partido Justicialista, cuyo Presidente Daniel Monfasani intermedió para que el encuentro tuviera lugar.
Allí, los pescadores de la zona llevaron la inquietud al Jefe Comunal y sostuvieron que “esto es Reserva Nacional, y donde llegó el pico máximo de la creciente son 130 metros para arriba. Acá la gente del puerto está bien, que hagan lo que tengan que hacer, pero nosotros tenemos derecho a que dejen un lugar para el paso”. En ese encuentro, Guacone les manifestó su “compromiso” para garantizar que pudieran continuar con su trabajo de manera normal, y les comunicó los alcances de la medida de no innovar.
Desde Indalar ratifican su propiedad sobre el terreno en disputa y aseguran que esa área “está reservada para una futura obra de importancia vinculada al acontecer portuario”.
Algunos que conocen los tires y aflojes de las relaciones entre las partes, sostienen que todo esto debe verse como un nuevo capítulo que viene a continuar la novela iniciada con el frustrado proyecto de puerto de Arcor que en definitiva terminó en un nuevo monopolio de cargas pero financiado con dineros públicos.

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