25.3 C
San Pedro
sábado, enero 22, 2022
- Publicidad -
- Publicidad -

Con la refacturación, Coopser pierde millones

La cooperativa está obligada a no cobrar el aumento. Mientras apela el fallo, trabaja en la refacturación. El silencio político deja a los usuarios sin respaldo institucional ante el riesgo financiero de una empresa que pertenece a más de 40 mil sampedrinos. Mientras tanto, en el Consejo de Administración siguen obsesionados con la compra de la clínica San Martín.

 

La medida judicial que obligó a los distribuidores de energía a retrotraer las tarifas y emitir nuevamente las facturas de electricidad pone en serio riesgo las finanzas de la Cooperativa de San Pedro.

Publicidad

El viernes, la entidad confirmó la presentación de un amparo que comprenda la situación de las entidades que compraron y pagaron energía a valor de las nuevas tarifas y fueron obligadas a vender por debajo de esos costos.

En nombre de los sampedrinos, el estudio Funes y Aiello llegó al Juzgado de Primera Instancia N° 1 en lo Contencioso de La Plata para intentar evitar los perjuicios que sufrirán los prestadores del servicio que por obligación son clientes de Cammesa, la Compañía Administradora del Mercado Mayorista.

El pedido se presentó en conjunto con otras asociaciones damnificadas y cámaras que representan al sector más débil de la cadena de comercialización de energía. Buscan que se ordene a Cammesa a que se abstenga de aplicar “los cuadros tarifarios sancionados” en clara observación primero al denominado “tarifazo” dispuesto por el Ministerio de Energía y luego a la resolución del Juez Luis Arias, que no contempló tampoco las realidades de las ciudades donde no son empresas privadas las que están a cargo del servicio.

Un fallo que les cuesta a todos los socios

Si la primera reacción ante la resolución judicial fue la de celebrar porque es justo que el tarifazo impuesto por los gobiernos nacional y provincial se retrotraigan para que el bolsillo no sienta el intempestivo “sinceramiento” de dejar de aportar subsidios para que sea de manera directa el usuario el que paga la tarifa plena, cuando el análisis se hace desde la perspectiva de una empresa cooperativa en la que los más de 42 mil socios son los propietarios, todo cambia.

Los números que manejaba Coopser al cierre de esta edición son preocupantes para la comunidad que sostiene desde 1943 su cooperativa de servicios eléctricos y sociales.

Los 405 socios de grandes consumos representan una merma de 6 millones de pesos. Por el resto, no sabrán “hasta dentro de unos días” y todo depende de cómo reaccione el socio ante las opciones de pago (ver aparte).
Quien empieza a preocuparse mira con atención lo que sucede en La Plata. Pero allí son jueces y políticos los que dirimen el tema, mientras que aquí hay una ciudad en vilo que, si las pérdidas ponen en riesgo el patrimonio común, responsabilizará a quienes tiene más próximos, el Consejo de Administración, que seguirá en las mismas manos ya que no hay alternativas de cambio al menos para este año.

El cálculo, como se dijo, es millonario. A los 6 millones que hubo que resignar de grandes consumos hay que sumarles otros 10 millones que el Gobierno nacional enviaba en concepto de “plan de convergencia”, que ya no están; otros 4,8 millones que se calculan por subsidio que pagaba también el Estado central; el valor de compra de la energía, que desde el 1 de febrero cuesta el triple de lo que costaba y cuyo reclamo judicial no prosperó ya que la Justicia consideró legales los aumentos de Cammesa.

En Coopser hay un análisis que dice que no podrían resistir más de dos meses con esta ecuación.

La ausencia de la política

En el caso de San Pedro, aún no se ha podido tomar dimensión final del monto que están obligados a resignar por mes y será vital que el municipio en su condición de poder concedente acompañe a la Coopser, mal que le pese por la relación tensa que mantienen desde que asumieron el Intendente Salazar y el Secretario de Hacienda, Mario Sánchez Negrete.

En la sesión del Concejo Deliberante del jueves los concejales de la oposición anunciaron la presentación de un recurso de amparo similar a los elaborados por municipios que gobierna la oposición a Cambiemos. En el mismo sentido fue el Diputado Provincial por el Frente Renovador, Daniel Monfasani, y el concejal del mismo partido pero nada “compañero” del legislador, Ariel Ramanzini, buscaba hacer lo propio, además de las acciones que ya emprendió al respecto.

El debate se transformó en absurdo cuando comenzó el pase de facturas, el recorrido por la herencia reciente y hasta la recriminación de políticas nacionales entre los bloques sin evaluar la verdadera injerencia que podría tener una queja acompañada por la comuna y las consecuencias que soportarán los ciudadanos ante la puesta al borde de la quiebra de la única empresa social que subsiste -aunque siga siendo el botín de un sindicato que la maneja a su antojo desde hace más de una década- y que necesita de una gran campaña de concientización para no correr la misma suerte que el municipio cuando dejó que sus tasas se retrasen en valores insólitos por mezquindad y ejercicio obsceno de la mala administración.

Nadie mira ni quiere ver el futuro que se avecina si nuevamente el resorte es la discusión pequeña y no el ejercicio de la potestad de administrar lo propio y, sobre todo, cuidarlo de los buitres internos y externos que las utilizan como herramientas de permanencia en el poder y no como modelo de ejercicio colectivo de pertenencia.

La disyuntiva de una cooperativa que le gane al Municipio o de un Municipio que hunda a la Coopser es una tentación para el nuevo suicidio que tiene varios capítulos de lucha sorda y oculta por los dos presupuestos más altos que se administran, en una ciudad en la que la participación se ha transformado en una excepción y no en un hábito.

Hay que prestar atención a uno de los argumentos sensibles de auxilio más allá de la polémica rastrera cuando se habla de “preservar la prestación del servicio público de distribución de energía”, porque los usuarios, los socios o los contribuyentes somos ni más ni menos que quienes pagaremos todos y cada uno de los errores que se cometan en nuestro nombre.

Qué debe hacer el usuario

Quien pagó la factura, recibirá el reintegro con la factura siguiente. Quien todavía no pagó, puede hacerlo y esperar que le descuenten la diferencia el mes que viene, o bien ir a las oficinas de Coopser y solicitar la refacturación.

Quien elija la última opción puede aguardar en la sede de la cooperativa por la nueva factura o bien pasar al otro día, retirarla y pagar.

La devolución presenta algunos inconvenientes, como el hecho de que aquel que pagó la factura, además del servicio de electricidad abonó ese porcentaje mayor a los 60 puntos por encima del valor de lo consumido que se va en impuestos, capitalización y otros ítems.

El fallo de Arias sólo obliga a retrotraer el cuadro tarifario, pero no da ninguna instrucción acerca de cómo proceder. Eso sí, si no se acata la resolución judicial, la multa es de 30 mil pesos diarios.

Miremos las “curitas”

En medio de la crisis tarifarias, las autoridades de la Coopser parecen obnubiladas por la urgencia de tomar posesión de una clínica que no sólo está fundida sino que posee más de cincuenta empleados que pasarán a depender del sector de servicios sociales de la entidad.

Los argumentos acerca de “no dejar a los compañeros en la calle”, “sensibilidad social”, “casi no nos sale nada si lo pensamos a largo plazo” no resultan suficientes a la hora de salvar a un grupo de médicos que dejaron  una empresa de salud abandonada a su suerte y con deudas millonarias, y que ahora esperan un salvataje que les permita eludir o morigerar responsabilidades.

A simple vista parece una gran conquista y hasta una alternativa propicia para una ciudad que resignada por costumbre a la mala atención de los privados o a peregrinar por otras ciudades para recibir trato decente a la hora de enfermarse. A largo plazo imaginar una obra social en la que todos los usuarios de un medido paguen una cuota extra, el panorama cambia y sirve para ilusionarse con la permanencia eterna en el poder de una empresa que tiene garantizada su subsistencia por prestar un servicio imprescindible como la luz y puede seguir administrando casi sin control los derivados de otros rubros como sepelios, enfermería, ambulancia y hasta los dividendos de un departamento de Obras Públicas que cada vez tiene menos trabajo y cuesta más caro mantener.

El balance de corte llegaba certificado a Coopser, cuyos auditores ya tenían una copia informativa. La deuda, estimada en 25 millones de pesos, parece excesiva para que la “gerencie” una cooperativa que considera que si se sostiene la medida judicial que frenó el tarifazo estará en riesgo su devenir financiero.

En la ciudad había un chiste que decía que ese balance parcial no lo firmaría ni “cierto contador”, que sería el que acarreó el mamotreto de hojas contables con la firma de profesionales que no son locales.

- Publicidad -
- Publicidad -
- Publicidad -
- Publicidad -

Lo Último

Lo Más Leído

- Publicidad -
- Publicidad -

Otras noticias