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domingo, junio 20, 2021
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Con la marca del estigma, se recupera la mujer que abortó en un consultorio privado

Fue dada de alta tras luchar por su vida y prestó su primera declaración. La Justicia estudia las imputaciones que caben en el caso y corresponden tanto al médico como a la paciente. Podría haber una tercera persona involucrada. El debate en la ciudad cargó tintas contra la mujer sin contemplar una realidad que preocupa en todo el país y que merece una discusión parlamentaria sin fanatismos.

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En plena recuperación tras ser dada de alta en San Nicolás donde fue derivada tras llegar a la clínica San Martín con una hemorragia producto de haberse practicado un aborto, la mujer de 37 años que fue blanco de críticas que no contemplaron ni contemplarán su situación, sea la que fuere, declaró y aguarda las decisiones judiciales en torno al caso.

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Mientras la Justicia investiga, la instrucción avanza y se recaban elementos para evaluar las imputaciones –que tendrán a la propia paciente y al médico como principales responsables–, el debate está instalado.

Más allá del “aborto sí, aborto no”, de posiciones “científicas” o de fanatismos religiosos, el aborto es una práctica extendida que pone en riesgo de muerte a miles de mujeres a diario.

Una sociedad estigmatizante
En cada rincón de la ciudad se abrió un debate que por momentos asusta por la calidad de las cosas que se dicen. En las redes sociales se lee desde “yegua que mató a un angelito” hasta aberrantes condenas morales.

En ámbitos de decisión política, los debates están razonablemente más enmarcados a comprender la situación de una mujer que toma la decisión de interrumpir un embarazo. Incluso en personas que profesan la fe católica o evangélica se han visto posiciones menos estigmatizantes y que recuerdan que ser “antiaborto” no necesariamente implica no reconocer la problemática en medio de la cual debe darse la discusión sobre el tema.

“Ninguna mujer aborta con alegría y por deporte”, sostienen quienes consideran que es necesario que al dormido debate parlamentario se sume un verdadero abordaje en la sociedad, donde puedan exponerse los argumentos sin extremar posiciones irreductibles que no conducen a solucionar la raíz del problema y se evite un negocio que por su “clandestinidad” es para adinerados y con muchos riesgos sanitarios. Se estima que en la Argentina se practican alrededor de 500 mil abortos al año.

Más allá de los debates “científicos” respecto de “dónde comienza la vida”, la discusión necesaria en el país es que hay miles de abortos clandestinos, miles de muertes y miles de pesos en juego. Menos lo último, todo lo padecen mujeres jóvenes y pobres a quienes las políticas de reproducción sexual no llegan como deberían y sobre quienes todavía pesan dedos acusadores.

La marcha de la causa
En lo que a la Justicia respecta, la Fiscala Gabriela Ates está a cargo de la causa, que comenzó a instruir Viviana Ramos por licencia de la titular de la UFI 7, quien tomó contacto con el expediente donde obra la denuncia del médico de la clínica donde fue recibida, los elementos secuestrados en el allanamiento producido en el consultorio de Uruguay 1250 y la declaración de la propia paciente.

La carátula de aborto implica que la Justicia evalúa las imputaciones correspondientes a quienes hayan cometido el delito en cuestión, titpificado en el Código Penal: ella misma y el médico que la asistió para la práctica, prohibida en el país con excepciones específicas.

Además, podría ser imputada una tercera participante, que es la secretaria del profesional, quien recibía a los pacientes del consultorio y llevaba las anotaciones pertinentes, ya que los elementos secuestrados permitirían deducir que debería estar al tanto de lo que iba a suceder cuando comenzaron las consultas con el médico.

“Está prohibido abortar”, es lo que recuerdan desde la Justicia cuando se los consulta sobre la situación en la que quedan envueltos no sólo un profesional de la salud que conoce los riesgos a los que se somete a sí mismo y a la paciente, sino también la propia mujer y todo aquel que haya estado cerca de la decisión o que pudiera haber hecho algo por impedirla.

A medida que la instrucción avance, todos serán citados a declarar ya sea en calidad de testigos o a indagatoria, es decir como imputados del delito que se investiga. Hasta ahora, por los dichos del denunciante y de la propia mujer, todo indica que se trató de un aborto clandestino.

La paciente fue visitada en San Nicolás por personal de la UFI 7, asistentes sociales y médicos de la Asesoría Pericial, quienes ya elevaron sus informes a Ates.

Como antecedente hay en el sistema judicial un “homicidio culposo” con elevación a juicio por un caso ocurrido el 23 de noviembre de 2007, cuando un paciente falleció tras una intervención quirúrgica de vesícula en cuyo marco se investiga si hubo mala praxis por parte del mismo profesional señalado en el marco de esta causa.

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