Comisión Investigadora: los puntos que preocupan al intendente
De los once cargos que contiene el dictamen, desagregados en una multiplicidad de puntos, algunos generan mucha preocupación dentro del gabinete porque saben que será difícil rebatirlos, mientras que para otros consideran tener todas las respuestas. La disputa entre los reconocidos abogados que asesoran a cada parte sigue su marcha. Los plazos indican que la sesión para votar el informe final será a mediados de enero.
A la espera de una decisión de la Jueza en lo Contencioso Administrativo N° 1 María Isabel Fulgheri, que amontona escritos pero apenas si emitió una mínima resolución, el Intendente Pablo Guacone y su abogado Carlos Andreucci preparan la estrategia de defensa contra la Comisión Investigadora, que la semana pasada entregó el dictamen con las observaciones y las pruebas para que el Jefe Comunal haga su descargo.
En el gabinete hay preocupación por algunos de los puntos, ya que los argumentos para rebatir cada uno de los once cargos son más o menos verosímiles, dependiendo del caso.
Por ello, la estrategia de Andreucci sigue siendo la de desconocer las actuaciones de la Comisión Investigadora y buscar artilugios de forma que permitan una salida favorable al Intendente, acorralado por la decisión del Concejo Deliberante de eyectarlo de su cargo vía suspensión o destitución, sobre todo después de haber analizado con detenimiento la documentación solicitada.
El jueves de la semana pasada los ediles dejaron el dictamen en las manos del Secretario de Gobierno Raúl Cheyllada. Ese mismo día, la Jueza dictó una resolución en torno a los reclamos judiciales de ambas partes, luego de que el 21 de octubre pasado el tema político central de la ciudad se judicializara.
Andreucci estaba en Roma pero envió el lunes a dos jóvenes abogados de su estudio jurídico para que tomen vista del expediente elevado por los concejales, no sin antes presentar una nota en la que señala la nulidad de la notificación ya que no fue hecha a Guacone en persona, lo que los ediles desestimaron.
A pesar de haber planteado que las actuaciones de la Comisión Investigadora están fuera del plazo previsto por ley, los asesores del intendente prestaron atención a los anexos para preparar el eventual descargo, del que tenía diez días hábiles desde la notificación, tiempo que, con sábados, domingos y feriados, vence el 28 de noviembre.
Todo indica que el mandatario municipal deberá elevar su descargo y que lo hará de manera “subsidiaria” al reclamo judicial pendiente. Fulgheri debe decidir si da lugar a la pretensión cautelar o si bien se declara incompetente, de acuerdo a la solicitud del abogado de la Comisión Investigadora, Leandro Nimo, ratificada este lunes.
Puntos de preocupación
Entre los once puntos en total, con decenas de apartados, algunos hicieron fruncir el ceño de los funcionarios que observaron el dictamen antes de dárselo al Director de Asesoría Letrada José Ignacion Macchia, encargado de poner en conocimiento a Andreucci.
Bonificaciones por guardia, designaciones de personal de manera retroactiva, jornalizados pasados a planta permanente, festival de horas extras y guardias médicas son parte del dictamen.
Tres anexos llaman la atención y generan preocupación en el Gobierno: el 16, sobre venta ambulante; el 20 sobre estacionamiento medido; y el 23, sobre alquileres.
Por venta ambulante, al 17 de octubre, el ingreso fue de apenas 8.889,26 pesos, lo que no se corresponde con el movimiento que se ve en la ciudad. Extrañamente, no hay recaudación para los meses de enero y febrero, en plena temporada.
En cuanto al estacionamiento medido, señalaron que no hubo prórroga del contrato con Ayudis desde noviembre de 2011, aunque esa organización siguió prestando servicios. La entidad debía depositar a diario la recaudación pero en 2014 sólo lo hizo en dos oportunidades. No hay rendición de cuentas y los concejales presentaron un ticket cuyo número no corresponde con lo que debería ser.
“La última orden de compra vinculada con esta impresión es de fecha 11/03/2013 donde se imprimieron 20.000 talonarios Ticket desde el 180.001 al 200.000”. El que entregaron lleva número 0093676 con fecha del 05 de noviembre pasado.
En 2012 la recaudación fue de 207.863 pesos, de acuerdo a la rendición de cuentas de ese ejercicio, cuando el valor del ticket era de $2; “ en lo que va del año 2014 se recaudaron $ 102.760,73 (valor del Ticke $ 3)”, advirtieron.
“No consta contrato de seguro que cubra por eventuales contingencias que puedan sufrir las personas afectadas a la prestación del servicio, y su endoso a nombre de la municipalidad de San Pedro”, señalaron.
En el caso del estacionamiento medido podríamos estar ante la presencia de un delito de estafa o de malversación de fondos públicos, por lo que los concejales tendrán la obligación de hacer la denuncia penal correspondiente.
Respecto a los alquileres pagados, observaron que no existen los decretos que autoricen la contratación y la adjudicación.
Otros puntos para el análisis
Entre los usos presuntamente irregulares del Fondo Educativo, muchos de ellos sujetos a debate e interpretación, aparecen algunas cosas extrañas como el pago de sueldos a empleados que prestan servicio en el Hospital.
A Borgo no le preocupa la observación sobre la autorización para el manejo de una cuenta bancaria con posibilidad de librar cheques como si el nosocomio fuera un organismo descentralizado, ya que considera que se trata de “una cuenta puente” y que puede justificarlo.
Las licitaciones privadas por obras tienen la particularidad no contar con publicación en Boletín Oficial de los llamados a licitación y, en general, contar con una sola oferta válida sin que pase por el Concejo.
Uno de los temas presentes en el análisis es que hay obras por contratación directa que suman alrededor de 800 mil pesos en total, que deberían haber tenido otro mecanismo de asignación. Montesino, Vlaeminck y Francia, los principales contratistas.
Los ediles observaron que Pablo Pichioni fue designado como Director del Hospital, con un 90 por ciento de bonificación por función, y que se le reservó el cargo de Jefe de Guardia. “Siguió cobrando como médico hasta la fecha y guardias médicas respecto de las cuales no consta que las haga”, señalaron y agregaron que “el Dr. Pichioni percibe bonificaciones del cargo de Jefe de Guardia y no se observa normativa que autorice el pago”.
Muchas cosas, como la falta de publicación del Boletín Oficial, las múltiples irregularidades presentes en el libro de decretos o la falta de convocatoria a Mayores Contribuyentes, son cuestiones formales sobre las que hay que escarbar bastante para considerarlas “faltas graves lesivas del patrimonio público”.
El incremento de personal sin autorización tiene como argumento la falta de aprobación del Presupuesto de 2013, aunque también los ediles marcan lo sucedido en el corriente año, el de la peor crisis.
Los pasos que siguen
Como se dijo, el 28 de noviembre vencen los diez días hábiles para el descargo del intendente, donde responderá punto por punto las pruebas ofrecidas por la Comisión Investigadora. Si fuesen corridos, como pretende Guacone, vencerían el domingo 23.
Una vez cumplido este plazo, los concejales tiene quince días, que serán tomados también hábiles, para calificar la gravedad de los hechos en sesión especial, que se cumplirán el 23 de diciembre.
La Ley Orgánica prevé que “para proceder a la destitución del Intendente” el Concejo deberá convocar a sesión especial con ocho días de anticipación. Como los ediles cuentan hábiles, para esa reunión en el recinto habrá que esperar hasta el 12 de enero, de acuerdo a los cálculos que hicieron en el HCD.
El Intendente tiene permitida su defensa “pudiendo ser asistido por los Secretarios del Departamento Ejecutivo y letrados”. Para destituir, el Concejo debe votar la “decisión debidamente fundada, mediante las dos terceras partes” del cuerpo.