Comisión Investigadora: Guacone prepara la documentación que le pidió la Justicia y los concejales trabajan en el dictamen

El viernes pasado al mediodía, concejales y funcionarios del Gobierno de Pablo Guacone se enteraron por La Opinión que el Juez en lo Civil y Comercial José Ricardo Eseverri, subrogante por licencia de María Isabel Fulghieri, demoró la decisión sobre la medida precautelar que presentó el Intendente para frenar la Comisión Investigadora.
El Magistrado llamó la atención sobre cuestiones de forma respecto a la presentación que hizo el reconocido abogado Carlos Andreucci, que patrocina al Jefe Comunal en la causa. Les pidió que vuelvan a presentar la documentación con la que pretenden el “restablecimiento o reconocimiento de derechos” ya que “la que se presenta en fotocopia simple, carece de toda fuerza probatoria”.

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Copias certificadas
El Juez pidió que presenten “sus originales o copias debidamente certificadas por autoridad competente” de las actas y audios de la sesión extraordinaria del 01 de octubre, donde el Concejo votó la Comisión Investigadora.
Además, y a los fines de “posibilitar su correcta lectura”, Eseverri solicitó que se coloquen en hojas por separado las copias certificadas de la documental presentada.
Desde el Gobierno, el Director de Asesoría Letrada José Ignacio Macchia informó a este semanario que en el transcurso de esta semana enviarán las copias certificadas del decreto de conformación de la Comisión Investigadora y del orden del día de la sesión extraordinaria en la que fue votado.
El Juez también pidió copia certificada del audio de la sesión, algo que sólo podría autenticar el propio HCD. En ese sentido, el Ejecutivo no le pedirá formalmente a Barbieri que les certifique la copia, sino que dejarán que el expediente siga su marcha y cuando la Jueza Fulghieri –que en principio se restituiría a su cargo esta semana– lo considere oportuno hará la solicitud correspondiente.

La Comisión avanza
El viernes por la mañana, los concejales Rocca, Vázquez, Ramanzini, Paz y Atrip, junto a los consejeros escolares Liloff, Romagnano y D’Andrea, recorrieron las escuelas Media N° 1 de Santa Lucía y 13 de Mataderos, para observar las obras que deberían haberse ejecutado con dinero del Fondo Educativo, y que forman parte del análisis de la Comisión Investigadora.
“Se puede observar que las obras están sin terminar y también defectos notorios en muchas de las tareas que se hicieron anteriormente, como por ejemplo la conexión de gas”, dijo a La Opinión desde Santa Lucía el concejal del Frente Renovador Ariel Ramanzini.
El establecimiento tiene el gas cortado por pérdidas producto de una conexión hecha en forma precaria y aún resta terminar con las obras. Situaciones similares observaron en la escuela 13, con vidrios rotos, paredes rajadas y múltiples reparaciones que esperan por las obras.
El mismo día, el Secretario de Gobierno Raúl Cheyllada remitió el resto de la información que le habían solicitado. “Estamos analizando la documentación y ya empezamos a foliar todo para adjuntar lo que llegó al expediente”, dijo Iván Paz.
El presidente de la Comisión Investigadora consideró que están “prontos a cerrar el asunto” y que se tomarán “una semana para la elaboración del dictamen” con el objetivo de “presentarlo el 13 de noviembre”.
Sobre la decisión de Guacone de ir a la Justicia, Paz la consideró “una contradicción”, ya que el Jefe Comunal había señalado su intención de “colaborar”. Aun así, analizó: “Creemos que la Justicia no va a detener la Comisión Investigadora. De cualquier manera, nosotros seguimos trabajando, no queremos que esto nos desconcentre de nuestra tarea”.
El Concejo deberá contratar a un abogado para que intevenga en la causa que Guacone inició en San Nicolás.
Los temas en análisis
Los concejales comenzaron a trabajar el lunes con lo último que envió Cheyllada, que se sumó a lo que envió el Director del Hospital Pablo Pichioni la semana pasada.
Los ediles habían pedido el organigrama de la Guardia general y de la Guardia de Pediatría del hospital local, el de Santa Lucía y el de Gobernador Castro, así como la individualización de los profesionales que formaron parte de cada una de las guardias de ese organigrama desde el 1 de junio al 30 de septiembre.
Lo mismo hicieron con el organigrama de las guardias prestadas en la Secretaría de Desarrollo Humano, con individualización de los profesionales y agentes que las cumplieron en el mismo período que lo anterior.
Entre la documentación solicitada aparecen los formularios de autorización de horas extras realizadas durante el año 2014 hasta la fecha, pedidos luego de que La Opinión publicara un informe que da cuentas de que en la última liquidación el Gobierno pagó más de 635 mil pesos en ese concepto, sin que haya podido reducir ese gasto en lo que va del año.
Además, pidieron el listado completo de empleados, con detalle de la dependencia a la que pertenece cada uno, su categoría, horario y tarea que desempeña; al tiempo que exigieron informe sobre los casos con licencia médica, con´fecha y motivo del beneficio.
A su vez, pidieron copia certificada de los libros de decretos 2014 hasta el 29 de mayo, cuyos originales tiene secuestrados la Justicia por la causa penal del Fondo Educativo, y copia digital e impresión de archivos de esos mismos decretos.
El Ejecutivo de Pablo Guacone entregó también los convenios vigentes para cobro y control del estacionamiento medido, con detalle de ingresos mensuales por ese derecho, así como el detalle diario de ingresos por uso de playas y riberas, y por venta ambulante.
Completa la información elevada aquella referente a los empleados a los que se les pagó con el Fondo Educativo desde 2013 a la fecha, con precisiones sobre dependencia, horario y tarea que desempeña cada uno de esos trabajadores.
Los alquileres que se pagaron con el Fondo Educativo y las órdenes de pago efectuadas desde esa cuenta tanto el año pasado como lo que va del corriente forman parte de la documentación remitida al HCD.

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