Comienzan a quitar carteles publicitarios por el costo y los riesgos

La tarea de la empresa Tipsa para cobrarle a los comercios y empresas el derecho por uso de espacios públicos para publicidad y propaganda disparó el debate tras el censo de carteles para intentar comenzar a cobrar sumas más que apetecibles para las arcas municipales. La famosa “tasa de cartelería” que fuera aprobada en 2004 pero puesta en marcha recién a partir de la tercerización votada en 2010, provocó el reclamo de comerciantes locales, teniendo en cuenta que además de pagar comenzaron a tener problemas con las empresas que los proveen.
Es que Tipsa comenzó por grandes y nacionales o compañías multinacionales, con capacidad de pago y también de resistencia. Su trabajo en ese sentido es la de contener las embestidas judiciales que puedan aparecer y obtener “acuerdos” que permitan un grado de cobrabilidad más o menos relevante. Desde un cartel de caramelos a una marquesina de una automotriz están alcanzadas por este tributo obligatorio.
Pese a la intensa difusión que este medio le dio al tema, ahora la presión llegó a las empresas y comercios locales, que también deben pagar por sus carteles, por lo que la Dirección de Rentas comenzó a atajar las quejas por una nueva contribución a la que hay que ponerle muchos números y más billetes.
De la misma manera, las marcas importantes que reciben la intimación de cobro porque aparecen en las vidrieras de los negocios, enviaron su advertencia a los comerciantes, algunos en forma de carta documento en la que solicitan una resolución urgente o atenerse al inicio de acciones legales si no retiran la cartelería con sus marcas.
Varios son los locales que sufrieron esa situación. Incluso hay quienes ni siquiera tienen una relación directa con una multinacional, sino que compran a un distribuidor. Sin embargo, cuando el municipio intimó para cobrar, esas empresas a su vez hicieron lo propio con los comerciantes para que saquen cualquier signo suyo, se hagan cargo de la situación (pagando, por ejemplo) y también se abstengan de ofrecer sus productos. Para llevarlo al ejemplo si tienen un cartel con una marca de chicles que entrega un distribuidor deben quitarla o pagar para exhibirla.

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Cientos de miles de pesos
Las grandes empresas pagan mucho dinero. Tanto que una reconocida marca de cerveza envió su propio equipo para realizar el relevamiento de su presencia en el espacio público sampedrino. Los resultados fueron diferentes a los relevados por Tipsa y hubo que alcanzar un acuerdo, por el que pagará cerca de un 40 por ciento menos de lo previsto.
Con experiencia en otras ciudades donde esto también se cobra, decidieron retirar carteles, calcomanías, sillas, sombrillas y mesas con su marca de todo local que no sea un punto de venta autorizado. De esa manera, sólo pagarán por lo que reconozcan como parte de su política publicitaria. Tienen incluso un grupo que se ocupa de pintar lo que no corresponda, experiencia que realizan hasta en Capital Federal. Derecho viejo, tapan el cartel.
Su representante local explicó a La Opinión: “Mantendrán la cartelería en los puntos de venta oficiales por una cuestión de imagen, porque lo que cobran no se justifica”.

Cartas a Guacone
Una multinacional italiana intimó a un comerciante local que vende sus productos a través de la compra a un proveedor. Tras pagar su propio cartel, se comunicó con el intendente para anoticiarlo de que había recibido una carta documento que afectaría sus intereses y pidió algún tipo de intervención.
Resignado y para evitar una acción judicial posterior de la multinacional, se acercó a Rentas para pagar por la calcomanía. Si bien al principio casi no le cobran, acabó por pagar los más de mil pesos correspondientes. El recibo lo enviaría a la empresa, con la foto en la que consta que ya no tiene la calco, para así evitar ulteriores problemas. Sí, una calcomanía que indica que vende esos productos.
Como ese hay varios ejemplos de comercios a los que las marcas directamente les piden que no exhiban nada que los obligue a pagar. La solución llegó no sin antes dejar una nota en el municipio donde de alguna manera consta su conformidad con el pago.

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La posición del
Centro de Comercio
La entidad representativa empresaria local recogió las inquietudes de sus asociados y con ellas fue a Rentas. Sus autoridades mantuvieron un encuentro con el renunciante Edgardo Delbene y el nuevo titular del área, Cristian Rial.
“Nuestra entidad se dirigió a ellos para solicitar algunas reconsideraciones con respecto a esta ordenanza que no es nueva y que por lo tanto el Municipio se encuentra facultado para exigir su cobro”, manifestaron desde la Comisión Directiva.
Dos fueron los logros ante los reclamos de los comerciantes: por un lado, aquellos locales que deban abonar más de 500 pesos podrán solicitar un plan de pago en cuotas, “con una tasa de interés del seis por ciento anual”, destacó Esteban Grecco. Ese beneficio corre sólo para aquellos que tengan al día la tasa de seguridad e higiene o hayan solicitado un plan de regularización de deuda; por otro, quienes informen que retiraron la cartelería recibirán una reliquidación.

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