Comienza a funcionar el centro de monitoreo de las cámaras de seguridad
Este jueves llega personal de la empresa Prima para poner en marcha el espacio que funciona en el viejo correo. Con varias demoras indeseadas, el Gobierno municipal tendrá esta herramienta para la seguridad ciudadana. Son ocho cámaras fijas y dos domos. Planifican unificar los llamados de emergencias médicas y policiales en la misma oficina.
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Las anunciadas cámaras de seguridad que tanto dolor de cabeza le costara al exsubsecretario de Protección Ciudadana Raúl Manchone comenzarán a funcionar este jueves, cuando la empresa Prima llegue para resetear, reprogramar y poner en marcha el sistema.
Desde el Gobierno municipal adelantaron a La Opinión que esa compañía, que tiene a su cargo este servicio luego de la firma del convenio con la Provincia, estará mañana presente para trabajar sobre ello, luego de que la oposición cuestionara en duros términos y preguntara cuándo finalmente estarían funcionando.
Uno de los problemas mayores era el personal capacitado para el centro de monitoreo, que según habían explicado desde el Ejecutivo, necesitaba unos nueve empleados, para que hubiera al menos dos por turno y un coordinador general.
Tras realizar un concurso interno en el que sólo se presentaron dos agentes que estaban en áreas donde aparecían como irremplazables, desde Recursos Humanos del municipio informaron que el centro de monitoreo va a funcionar “con parte de personal ya existente” y con “alguna incorporación que seguramente va a haber que hacer”.
La empresa Prima había colocado las cámaras de seguridad hace unos ocho meses, luego de la licitación y aunque el dinero no había llegado. Con la Provincia ajustando cinturones, los fondos siguen demorados y al problema financiero local para contratar el personal se sumaba que sin esos montos nadie querría comenzar la tarea.
A pesar de que la administración Scioli se había comprometido a abonar el 50 por ciento del monto y aún no lo hizo efectivo, Prima llega este jueves para resetear y poner en funcionamiento las cámaras, que estaban caídas.
Así, a partir de ese día, si todo sale bien, quedará el sistema operativo para funcionar las 24 horas, los 365 días del año, con personal municipal que será reasignado allí y que debe firmar un convenio de confidencialidad, teniendo en cuenta la información a la que tiene acceso y que pueda violar la privacidad de las personas.
De cualquier manera, es importante recordar que ellos mismos son grabados todo el tiempo, de manera tal que el Gobierno tiene acceso a controlar algún tipo de exceso en las labores que le corresponden, teniendo en cuenta que las cámaras pueden meterse dentro de los domicilios, por ejemplo.
El sistema graba toda la información en el servidor, que queda a disposición de la Justicia y que sólo puede ser entregado a su expreso pedido, sin que exista la posibilidad de que un vecino solicite grabaciones, como sucedió en el caso del robo de una camioneta, cuyo propietario exigió a Manchone la entrega de los videos.
Las imágenes también son destinadas al centro provincial de monitoreo, que coordina el Ministerio de Seguridad.
Como se dijo, se trata de ocho cámaras fijas y dos domos, instalados estratégicamente en diversos puntos de la ciudad, cuya ubicación el Ejecutivo prefirió reservar.
La disposición de las unidades fue realizada de acuerdo a un análisis que el área que ahora conduce Mario “Tatalo” Aguilera hizo junto a técnicos del Ministerio de Justicia y Seguridad provincial que conduce Ricardo Casal, tras la firma del convenio y su aprobación por el Concejo Deliberante.
Unificar la atención
El plan trazado prevé un ambicioso aprovechamiento de los recursos: concentrar la atención de todos los servicios de emergencia y seguridad en un solo espacio, el centro de monitoreo de Salta y Arnaldo.
La idea es trasladar allí el servicio del 107, de emergencias médicas del Hospital, lo que permitiría tener una persona allí que bien podría realizar esas tareas como una más de la de monitoreo de las cámaras.
Además, el plan contempla que funcione también en ese lugar el teléfono 101 de emergencias policiales, de manera tal que haya una persona de esa fuerza de seguridad, que bien puede ser un efectivo o un miembro del cuerpo administrativo civil creado recientemente.
Convenio sin fondos
El acuerdo firmado por el Ministerio de Seguridad y el Estado local, suscripto por el Ejecutivo y homologado por el Concejo Deliberante, planteaba el aporte no reintegrable de un fondo afectado para las cámaras, con la obligación para la ciudad de “cumplir con las finalidades contempladas, renunciando a “cualquier forma de sustitución o reemplazo”.
Parte de esas obligaciones implicaba “acreditar la realización” de lo convenido, aunque, como se dijo, nada podía hacerse sin los fondos enviados por el Gobierno provincial o sin la posibilidad de contratar personal. Además, el hecho de que la empresa haya instalado los dispositivos fue prácticamente azaroso, ya que lo hizo a la espera del pago inmediato.
