Comerciantes lograron que el Concejo dé marcha atrás con el proyecto de playa de transferencia
La comisión de Servicios Públicos recibió a más de 30 empresarios de diversos rubros relacionados con el transporte de mercaderías en la ciudad, quienes expusieron los puntos del proyecto de ordenanza que consideran que los perjudican en su labor cotidiana. Los concejales informaron que la propuesta de playa de transferencia ya no está en el expediente y se comprometieron a escuchar, rubro por rubro, las voces de los interesados.
Los comerciantes y empresarios que, nucleados en el Centro de Comercio (CCIT), aunaron esfuerzos para pedirle al Concejo Deliberante que no apruebe tal como fue presentado el proyecto de ordenanza de Cambiemos que busca regular la circulación de camiones en la ciudad, se fueron de la reunión de la comisión de Servicios Públicos con una sensación de triunfo.
En la sala de reuniones de comisión del HCD, con el presidente del CCIT, Mauro Troilo, como principal vocero pero con la posibilidad de exponer cada uno su particularidad y su visión respecto al tema, dialogaron con los concejales de tres bloques que estaban presentes.
Su posición fue clara: es necesario que se mejore la situación de carga y descarga en el centro, para evitar complicaciones en el tránsito, pero es muy difícil implementar una norma que imponga límites de peso a los distribuidores, porque les implicaría una inversión que la mayoría no está en condiciones de hacer.
Además, se oponen al gravamen por “servicio de pesaje”, que consideran inconstitucional, al tiempo que expresaron un enfático rechazo a la propuesta de una playa de transferencia en la que los camiones de gran porte descarguen en otro más pequeños la mercadería a distribuir.
Hubo momentos de tensión, como el reconocimiento de los autores del proyecto acerca de la falta de estadísticas que les permita saber cuántos camiones y de qué tipo ingresan a diario a circular por la ciudad, lo que provocó sorpresa entre los presentes.
Entre los representantes del Centro de Comercio estaba el exconcejal Raúl Fullana, quien advirtió que su experiencia legislativa le dicta que antes de presentar un proyecto es necesario conocer los alcances de la norma que se pretende implementar y las consecuencias que tendrá en los actores interesados.
La advertencia respecto de un eventual “fin recaudatorio” de la ordenanza sobrevoló toda la reunión. Los concejales del oficialismo aseguraron que no es ese el objetivo, sino que, sobre todo, pensaron en la protección de las obras de pavimentación que el gobierno llevó adelante en su gestión y en el ordenamiento del tránsito.
Finalizada la reunión, los comerciantes se fueron con la certeza de que este fue el puntapié inicial para reformular el proyecto y sumar los aportes que surjan de su conocimiento de la actividad y de las problemáticas que presentan a diario.
Los concejales se comprometieron a recibir en reuniones de comisión a representantes, rubro por rubro, para conocer las particularidades de cada uno y evaluar a partir de esas conversaciones cómo plasmar sus aportes en el proyecto de ordenanza.
Además, informaron que el artículo que dispone la instalación de una playa de transferencia desparecerá del proyecto en esta instancia, para volver a ser debatido más adelante, cuando estén dadas las condiciones para avanzar en ese tema.
Gerardo Pelletier, que preside la comisión, Iván Paz y Mónica Otero fueron las voces del oficialismo, que estaba representado por otros ediles como Andrea Maroli y Juan Pablo Ruozi; también había funcionarios del área de Seguridad, Tránsito y Nocturnidad, como el director administrativo Juan Almada.
Desde la oposición, Rodolfo Trelles y Florencia Sánchez, del FpV-Unidad Ciudadana, sentaron posición inmediata respecto al tema y plantearon que no acompañarán ninguna propuesta que implique sumar un gravamen a la actividad comercial local, en medio de la crítica situación económica que atraviesa el país.
Por su parte, el Frente Renovador tuvo en la reunión al concejal suplente Fernando Espíndola, referente local del sindicato de Camioneros, que ocupa la banca por licencia de José Luis Tirelli, quien en varias oportunidades llamó la atención por las dificultades para la aplicación de la norma propuesta por el oficialismo.
“Hay que consensuar el tema del horario de carga y descarga, que es un tema muy complicado”, señalaron distribuidores y aseguraron: “Este proyecto se tiene que escribir de nuevo”. Además, consideraron que es necesario que el gobierno disponga espacios para estacionar y que controle que los supermercados tengan espacio de estacionamiento, como señalan las normas vigentes.
El jueves pasado, durante casi una hora y media, más de 30 referentes de comercios relacionados con la actividad de distribución de todo tipo de mercadería, debatieron en el Centro de Comercio, junto a su presidente Mauro Troilo, los puntos que consideran que deberían revisarse y que perjudican su trabajo cotidiano.
Esos puntos fueron presentados con el objetivo de que haya “gradualismo” en la aplicación, puesto que de aprobarse como está sería “imposible de controlar para ellos y de cumplir para nosotros”, aseguraron.
“Por ahí tendrían que conocer el trabajo de cada uno de nosotros, antes de poner en marcha esta ordenanza”, señaló dijo el sábado en Sin Galera Ariel Rey, titular de Rey Distribución, y explicó: “Hay cosas increíbles, como
que Bromatología esté en medio del centro de la ciudad. Es una problemática que estamos de acuerdo en que se debería arreglar”.
Para los empresarios, que dispongan una playa de transferencia implicará “una inversión enorme”. “Somos muchos distribuidores, de muchos rubros, que nos vemos afectados”, dijo el joven comerciante. “Tendríamos muchas dificultades para el trabajo”, aseguró y advirtió que “todo después se traslada al precio de la mercadería, son cosas que se analizan, esto cambiará la manera de trabajar”.
El proyecto plantea zonas delimitadas por las que no se podrá circular sino con vehículos de carga menor e incluía el plan de tercerizar una playa de transferencia para que las empresas puedan operar desde camiones de gran porte a los habilitados a hacer reparto en el ejido urbano.
Además de la restricción del peso, el proyecto plantea prohibiciones respecto de la operatoria de carga, descarga y reparto, con espacios, horarios, días y meses, algo con lo que los comerciantes acuerdan, ya que entienden que es necesario un reordenamiento en ese sentido.
La propuesta inicial, resistida por los comerciantes, es que los vehículos de reparto no superen los 12 mil kilos, lo que obligará a muchas empresas a reemplazar vehículos y, necesariamente, a tener un espacio de transferencia que, advirtieron varios en la reunión del jueves, implicaría la creación de un parque logístico que el gobierno no podría afrontar con recursos propios.
El proyecto original preveía una playa de transferencia tercerizada, que despertó suspicacias entre los distribuidores respecto de la posibilidad de que se estuviera favoreciendo a una empresa que tiene en marcha un emprendimiento de esas características.
“Esto es como la 125 de los Kirchner”, advirtió un comerciante el jueves, para impeler a sus colegas a la unidad. El lunes, cuando superaron el número de concurrentes inicial, sabían de entrada que tendrían garantizado el “voto no positivo” de los concejales.