Clínica San Pedro: los nuevos dueños deberán participar de una audiencia en el Ministerio de Trabajo
Así quedó establecido en el acta de este martes. La abogada de la empresa confirmó la transferencia de acciones y que se mantendrá la misma razón social. El Ministerio de Trabajo dejó asentado que es una falta "muy grave" modificar las relaciones laborales existentes, de acuerdo a la normativa vigente.
Este martes, representantes sindicales, trabajadores y la abogada del directorio de la clínica San Pedro, Margarita Frisch, participaron de una audiencia virtual del Ministerio de Trabajo que condujeron la delegada local, Sofía Rotundo, y la directora de negociaciones colectivas, Natalia Villaba Lastra. En ese encuentro, quedó ratificada la venta del paquete mayoritario de acciones.
El personal de la clínica solicitó que se les notifique fehacientemente en qué términos se hará la transferencia de acciones en lo que atañe a la continuidad laboral, además de volver a reclamar por el salario y el medio aguinaldo de los que hasta el momento percibieron parte.
Frisch ratificó el compromiso asumido de pagar esa deuda con los recursos que se generen de la facturación de obras sociales, sobre todo de PAMI, y confirmó que la operación de venta sellada el lunes en el Círculo Médico implica una transferencia de acciones por lo que se mantendrá la razón social Clínica Privada San Pedro S. A.
El Ministerio de Trabajo dispuso una nueva audiencia para este miércoles, a las 10.30, en la que, dejaron asentado, “deberá comparecer un representante legal de los accionistas reales”, es decir de los nuevos dueños.
Además, recordaron en el acta que el decreto que prohibe despedir trabajadores por la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus COVID-19 y que constituye “una falta muy grave” no mantener las relaciones laborales vigentes con sus condiciones actuales y de acuerdo a lo que establece el convenio colectivo del sector.
El Ministerio de Trabajo intimó a al empresa a “continuar dialogando en el marco de la buena fe”, lo que implica, señalaron, “no alterar situaciones y condiciones y mantener el diálogo permanente antes de adoptar cualquier decisión que pueda dañar la paz social”.
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