Clínica San Pedro: el sindicato denunció penalmente al anterior Directorio por sospechas de “acciones fraudulentas”
El abogado de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina hizo la presentación ante la Fiscalía Nº 7 que conduce María del Valle Viviani para intentar establecer quiénes son los verdaderos dueños del establecimiento y que la Justicia investigue si existe alguna "situación fraudulenta" en el traspaso de acciones.
La falta de respuestas a los trabajadores y la ausencia de los responsables del establecimiento sanitario llevaron a que la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) efectúe una presentación judicial en la Fiscalía 7 que coordina María del Valle Viviani para intentar establecer responsabilidades en la situación que atraviesan los empleados y procurar comprobar la existencia de algún delito.
El abogado Paulo Cordara, en representación del gremio de la Sanidad, radicó la denuncia penal y ahora deben aguardar cuáles son los pasos que se dan y qué medidas se toman.
“La semana pasada las representes de ATSA me convocaron preocupadas porque no tenían respuestas favorables de parte de la clínica”, comentó Cordara en El Reporte de la Tarde.
“Hoy los trabajadores no tienen certezas de quiénes son los verdaderos dueños legales o como estaría conformado el verdadero Directorio”, señáló el abogado.
Cordara indicó que hasta el momento sólo se presentaron algunas personas asegurando que son los nuevos dueños de las acciones, pero que “ante el Ministerio de Trabajo nadie acreditó esa situación”.
A ello se suma la situación relacionada con los salarios de julio, que todavía no fueron abonados. “Por el contrario de la situación que se había planteado, día a día la clínica se está vaciando”, dijo el abogado.
“Acá existe una situación pasible de ser investigada. Entendemos que podemos hacer una presentación judicial en la Fiscalía de turno para que eventualmente se investigue si hubo alguna situación fraudulenta en el traspaso de las acciones y eventualmente de comprobarse, el personal, pueda reclamar hacia las personas físicas y no a las personas jurídicas como estamos sujetos en este momento”, aseguró Cordara.
Para el abogado, la Justicia penal tiene “la potestad como para contener a las partes y que la clínica presente la documentación correspondiente” para que los trabajadores sepan en qué situación se encuentran, puesto que desde que cerró la clínica, el 7 de julio, viven esta incertidumbre.
“El martes nos reunimos con la fiscala Viviani, que es quien estuvo de turno en el momento en que se inició el conflicto, nos mostró su preocupación y se comprometió a tratar de dilucidar si hay delito o no, y si lo hay que puedan ser responsables penalmente. Y que los trabajadores puedan actuar contra las personas físicas que están interviniendo en nombre de la sociedad anónima”, aseguró el abogado de ATSA.
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