Sobre la reforma política y los tránsfugas
Mientras que en el congreso se discuten alternativas para el proyecto oficial de reforma política, las noticias nos hablan nuevamente de un caso de transfuguismo: se trata esta vez de Ricardo Colombi, flamante gobernador electo por la UCR en la provincia de Corrientes, quién anunció públicamente su apoyo a una eventual candidatura de Kirchner en el 2011.
Resulta llamativo (y hasta caricaturesco) que mientras por un lado se pretende modificar el sistema electoral, para “mejorar la calidad de la democracia”, se produzcan tamañas estafas al electorado sin que se produzca demasiado escándalo entre la opinión pública.
Si bien se podrían hacer muchísimas valoraciones subjetivas sobre la actitud de Ricardo Colombi de hacer campaña como opositor pero asumir como oficialista, lo que está claro es que el transfuguismo es un fenómeno que excede al gobernador electo por Corrientes.
En el 2007, durante el momento de mayor apoyo social al Kirchnerismo, podían explicarse los pases hacia el oficialismo como una cuestión de oportunismo electoral, o un intento por obtener algún destello de la enorme aceptación a la gestión K.
Esta claro que, dos años después, podemos suponer que la decisión de Colombi no tuvo nada que ver con una estrategia electoral. Más bien todo lo contrario: Ricardo Colombi se presentó ante la sociedad correntina como opositor al Kirchnerismo para intentar obtener la mayor cantidad de votos posibles del creciente nicho “anti K”.
La realidad es que Ricardo Colombi (al igual que muchísimos gobernadores e intendentes de la Argentina) resulta al mismo tiempo víctima y victimario del sistema clientelístico perverso con el que se somete a ciudadanos en condiciones de pobreza.
El clientelismo político consiste en, esencialmente, intercambiar favores por apoyo electoral. Pero si bien el término es comúnmente utilizado para indicar la extorsión política que se realiza sobre sectores en situación de vulnerabilidad social, lo cierto es que la misma lógica se replica en las relaciones entre los distintos niveles del Estado.
Es que en la Argentina la discusión sobre el rol y las competencias de los estados subnacionales, no ha sido saldada.
A partir de la década del 90´ y del proceso de Reforma del Estado, la tradición fuertemente centralista fue reemplazada por un modelo en el que ese Estado central relegó formalmente, o por simple abandono, la prestación de numerosos servicios en los subnacionales.
Esto ha ido reconfigurando la distribución de las competencias y funciones entre los diferentes niveles de gobierno, haciendo que las provincias y municipios asuman nuevos roles dentro de su agenda.
Pero la transferencia (formal o no) de responsabilidades no ha tenido hasta aquí un correlato a nivel fiscal, destinándose en la Argentina menos del 30 por ciento de los recursos públicos a la sumatoria de todas las Administraciones Municipales y Provinciales del país.
Para agravar más la situación, se observa cada vez con mayor frecuencia que las cuentas salariales de los gobiernos locales y provinciales representan un porcentaje elevado de los gastos corrientes, dejando poco margen para elaborar y ejecutar programas propios.
En el hecho de que sea el Poder Ejecutivo Nacional quien maneje el 70 por ciento de los recursos públicos de la Argentina se explica tanto la lamentable situación de los servicios a cargo de las provincias (educación, salud y seguridad por ejemplo) como el poder que logra el gobierno para disciplinar a intendentes y gobernadores.
Se ha ido configurando, de esa manera, un sistema perverso y extorsivo en donde la fuerte dependencia financiera de los niveles de gobiernos superiores convierte muchas veces a los gobiernos locales en meros “gestores” o ejecutores de programas y políticas de otros niveles de gobierno. Cada territorio resulta beneficiario de diferentes obras, aportes y otras asistencias otorgados discrecionalmente, de acuerdo a cuestiones subjetivas y no automáticas.
De esta manera, si el “éxito” de una gestión resulta consecuencia de la “habilidad” a la hora de gestionar recursos y programas otorgados discrecionalmente, se entra en una lógica en la que hay que intentar obtener cuanto programa y recurso sea posible, sin importar si encaja o no con las prioridades de gestión o con la realidad local y sin importar si en el medio hay que estafar al electorado.
Los gobiernos locales irán en búsqueda de tantos programas habitacionales, sociales o de obra pública como puedan conseguir, sin reflexionar si aquellos atienden a las verdaderas necesidades y/o prioridades, porque el costo en definitiva es erogado por otro nivel de gobierno.
Se entra así en una lógica “de rapiña,” en la que los gobernadores compiten entre sí por los recursos, luego competirán entre si los intendentes y por último los ciudadanos en condiciones de vulnerabilidad social, quienes también replicarán esta lógica intentando obtener del Estado tantos recursos como sea posible. Aparece así otra variante del clientelismo, que al igual que el tradicional, atenta contra la libertad y la democracia.
Se hace imprescindible en este escenario, equilibrar nuestro sistema político-tributario para permitir un mayor margen de maniobra que permita tomar decisiones, definir prioridades y desarrollar políticas públicas de orden local, para construir así un sistema mucho más justo, más inteligente y más eficiente.
No existirá en la Argentina una reforma política genuina y verdadera, si antes no se realiza una profunda transformación tributaria y financiera que funde un régimen fiscal realmente federal y democrático.
Martín Pando.
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