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lunes, julio 26, 2021
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Citan a los empleados municipales que cobraban el Plan Jefes y Jefas de Hogar

Durante todo el mes se citará a las 63 personas en el marco de la causa donde se investiga la presunta estafa al Estado por el cobro del plan social por parte de empleados del municipio. La mayoría son obreros contratados para las obras de viviendas y también hay guardiacárceles que trabajan en Campana. Hasta el momento todos se negaron a testimoniar, pero extraoficialmente aseguran que no cobraron los $ 150 en el período investigado y algunos manifestaron intenciones de unirse para pedir explicaciones o demandar a la Municipalidad.

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“Van a tener que dar explicaciones por esto”, dijo enojado uno de los 63 ex empleados del municipio que están siendo citados por la Justicia Federal para declarar en el marco de una causa que investiga una estafa al Estado.
El Juez Carlos Villafuerte Ruzo es el responsable de una investigación que se inició a partir de una denuncia asentada por la UFISES, la Unidad Fiscal de Investigaciones sobre la Seguridad Social, sobre la existencia de irregularidades en el cobro del Plan Jefes y Jefas en diferentes municipios de la provincia de Buenos Aires.
Lo que esta fiscalía de Estado descubrió es que una importante cantidad de empleados municipales estuvieron cobrando el beneficio durante varios meses, aún cuando habían sido contratados por el municipio. Y fueron descubiertos al entrecruzarse sus datos con la ANSES.
San Pedro es una de las ciudades más complicadas por el elevado número de casos registrados que suman 63. El Fiscal Federal Juan Murray confirmó que la totalidad de estas personas serán citadas durante el transcurso de este mes para prestar declaración indagatoria en calidad de imputados. Hasta el momento son pocos los que se han presentado porque las citas se iniciaron la semana pasada, pero según dijo el Fiscal todos se negaron hasta ahora a testimoniar, tal como lo prevé la ley y por asesoramiento de sus defensores oficiales.
Es que la mayoría de los involucrados se enteraron de esta investigación al recibir en el último mes la notificación de la Justicia. La reacción fue la esperada: una profunda indignación porque todos los empleados aseguran que dejaron de cobrar los $ 150 una vez que empezaron a trabajar con el municipio. Lo grave de la situación es que la fiscalía asegura que los períodos de cobranza “irregular” oscilan entre seis meses y más de un año, un tiempo demasiado extenso para ser justificado como un “error administrativo”. Además, la Justicia cuenta con los comprobantes de cobro firmados supuestamente por los beneficiarios en las entidades bancarias que certifican que el dinero se cobró durante todo ese tiempo. El paso siguiente, será que los empleados reconozcan o no esas firmas y en todo caso se realicen las pericias correspondientes para saber si hubo terceras personas que cobraron en su nombre.

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Obreros y guardiacárceles
La Opinión pudo conocer algunos de los casos de los empleados que fueron citados por la Justicia. Uno de ellos es un guardiacárcel que se desempeña en la Unidad Nº 41 de Campana y que anteriormente trabajó como obrero en la construcción de las 49 viviendas. “Yo cobré dos meses el plan nada más”, aseguró este trabajador que al ser contratado por el municipio dejó de percibir los $ 150. Su situación se ve complicada porque si bien trabajó durante dos años y ocho meses en obras de viviendas, sólo recibió aportes durante los últimos ocho meses. Por ese motivo, aseguró que ahora se está asesorando con una abogada particular y está dispuesto a demandar al municipio por involucrarlo en una causa federal.
Un compañero suyo está en la misma situación y por eso tienen intenciones de unir a otros imputados para iniciar una acción conjunta. “Lo que más tememos es perder el trabajo que tenemos ahora por esta causa. La mayoría somos personas trabajadoras, honradas, que el único pecado que cometimos fue conseguir trabajo”, dicen.
La fiscalía asegura que casi el total de los empleados investigados eran obreros de las obras de viviendas, con contratos de locación de obra de servicio y no planta estable, pero la relación contractual es suficiente para que dejaran de cobrar el plan; contaban con CUIL o CUIT habilitado.
“Aún cuando hayan cobrado un mes de más del Plan, están en incursión de un delito. El municipio también tiene una responsabilidad porque debería haber advertido que estas personas tenían planes sociales y una actividad laboral bajo contrato. Por eso estamos viendo quiénes eran los responsables de las áreas correspondientes, para que se los convoque a declarar”, dijo el Dr. Murray.
Al término de las audiencias de Diciembre y recién después de la feria de verano, el Juzgado Federal podría definir las situaciones procesales de las 63 personas denunciadas. La carátula es presunta pero define un delito de estafa agravada por las circunstancias de fraude a la administración pública.
El municipio reconoce que “en los cruces que hacía el Ministerio de Desarrollo Social y la secretaría de acá, había superposición de planes y trabajo”, pero fueron errores administrativos y nada más.
El hecho es que se trata de una buena suma de dinero (el cobro de un mes de las 63 personas suman $ 9.450) que el Estado dice haber pagado, aunque todavía se desconoce exactamente a quién.

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