{fecha y hora actual} | laguiaclub | Lanoticia1 | Singalera
Edición 1419
Publicado el: Miércoles, Junio 12, 2019 - 15:53

Cimbronazo político en el gobierno por la detención del chofer del intendente

Leonardo Macelli fue apresado el sábado en un allanamiento en Baradero. Lo acusan de integrar una banda de piratas del asfalto. Cuando lo detuvieron, estaba con el auto oficial del intendente. Fue despedido del Municipio y además deberá afrontar una causa por el uso indebido de ese rodado. Salazar lamentó el “abuso de confianza” y recibió respaldo de casi todos los funcionarios de su equipo y seguidores en las redes sociales. La oposición pide interpelar al jefe comunal.

El sábado, el intendente Cecilio Salazar celebró un logro: tras 14 años de disputa, sus gestiones permitieron la apertura del tramo de la avenida Melgar. A las pocas horas del acto, la alegría fue empañada por una noticia inesperada que, cuando se hizo pública al otro día, provocó un verdadero cimbronazo en el gobierno. 

Habían detenido a Leonardo Macelli, el chofer del intendente, un hombre de absoluta confianza, un amigo, un compañero de veladas futbolísticas en la cancha para ir a ver a Mitre, un hombre cercano desde las épocas de Uatre y Osprera. No sólo lo habían detenido. Al lugar del allanamiento donde lo capturaron “con las manos en la masa” había llegado en el auto oficial del Estado local.

La detención de Macelli, exagente del Servicio Penitenciario de 43 años, fue por piratería del asfalto. Se produjo el sábado, alrededor de las 14.30, en el galpón de una metalúrgica que fue propiedad de un reconocido exconcejal de Baradero y que desde hace años funciona a través de una cooperativa de trabajadores que se quedó con el predio y las máquinas gracias a una ordenanza y una ley de expropiación.

En ese galpón estaban Leonardo Macelli; Leonardo Leguizamo, a la sazón, su sobrino, también de 43 años, de Baradero; otro tío de Leguizamo, Carlos Nores (60), también de Baradero y presidente de la cooperativa; Diego Alberto Giménez (43), de Boulogne; Rafael Campuzano (43), de Monte Grande; Alejos Palomino Williamson (35), domiciliado en San Martín y de nacionalidad peruana; y Silvio Fernández (49), de Baradero y también miembro de la cooperativa que explota la metalúrgica.

El allanamiento los encontró infraganti

El operativo fue preciso: los efectivos de la DDI San Nicolás y de la DDI Zárate - Campana llegaron a la planta ubicada en ruta 41 y General Roca a desbaratar la banda que había robado un camión el jueves por la madrugada en la ruta 9. Los encontraron en plena tarea de traspaso de mercadería robada a un camión que iba al conurbano. Para el Fiscal Granda no hay dudas de las responsabilidades de cinco de los siete detenidos. Los dos miembros de la cooperativa recuperaron su libertad, aunque en el marco de la causa deberán probar lo que declararon: que sólo habían alquilado el lugar como depósito.

La causa está caratulada como “robo agravado de mercadería en tránsito en concurso real con encubrimiento agravado”.

Todo comenzó el martes 4 de junio, cuando un camión cargado con productos de la empresa Unilever recibió disparos de armas de fuego en el km 85 de la ruta 9 desde un vehículo que se dio a la fuga cuando el chofer del transporte resistió y no se detuvo. La DDI Zárate - Campana le brindó ayuda y comenzó la investigación.

Al otro día, ya pasada la medianoche, alrededor de las 2.00 de la madrugada del jueves, otro camión de Unilever fue asaltado y su chofer secuestrado. El camión fue hallado más tarde, abandonado en la ruta 6 y sin la carga que transportaba. Lo habían tenido tres horas cautivo hasta que lo liberaron.

Esa noche, la policía había divisado tres autos en situación sospechosa en la zona de ruta 9 y ruta 6. Eran un Chevrolet Meriva gris, un VW Golf blanco y un VW Vento gris, cuyos ocupantes estaban afuera de los vehículos y conversaban.

Prácticmante a la misma hora en la que se recepcionó la denuncia, el Golf y el Vento pasaron por el peaje de Lima. La policía detuvo al segundo automóvil, conducido por un hombre identificado como Atilio Ramón Campusano, de 52 años, quien tenía un pedido de captura desde el año 2002. Entre la documentación del vehículo había una cédula azul a nombre de Carlos Telleldín, acusado de haber entregado el coche bomba del atentado a la AMIA, quien ahora es abogado y tiene un estudio jurídico en Ituzaingó y que dijo que ese permiso de manejo estaba en el Vento porque pertenecía a una empresa constructora para la que su estudio había trabajado.

El sábado, pasadas las 14.00, la policía llegó al galpón de la fábrica metalúrgica, detuvo a esas siete personas que estaban ahí y secuestró un camión Mercedes Benz, un Fiat Palio y un Toyota Corolla blanco: el automóvil municipal que manejaba Leonardo Macelli y que el gobierno adquirió el año pasado para reemplazar el Corolla gris como vehículo para trasladar al jefe comunal.

El Fiscal Hernán Granda resolvió que, como no estaba relacionado con el robo, el coche sea restituido al Estado local. El secretario de Seguridad, Eduardo Rolleri, fue el encargado de la tarea.

La policía secuestró, además, 17 pallets de mercadería de Unilever, con productos de limpieza y perfumería de las marcas Cif, Ariel, Ala, Sedal, Lord Cheseline, jabones Dove y alimenticios de las marcas Savora, Maizena y caldos Knorr, valuados en 200  mil pesos.

A la metalúrgica de Baradero llegaron gracias al enlace que la mesa interempresarial de piratería de camiones hizo entre las empresas y la policía, que permitió un entrecruzamiento de datos que estableció la ubicación de la mercadería robada.

Los detalles de la causa

El camión Scania que había sido asaltado el jueves por la noche tenía un servicio de seguimiento satelital. La última señal registrada fue en ese galpón de Baradero. Testigos de identidad reservada permitieron avanzar muy rápido.

El sábado a las dos de la tarde había personal policial vigilando, que observó que había movimientos. El fiscal Granda estaba trabajando en la redacción de la solicitud de allanamiento, pero decidió hacer un procedimiento de urgencia ante lo que vieron los efectivos.

En conferencia de prensa, Granda informó el martes que entre los detenidos había un camionero, que había ido a buscar la mercadería. Ese chofer declaró ante el fiscal que trabajaba para el titular de un supermercado chino en el conurbano cuyo depósito, ubicado en la ruta 25, a la altura de Moreno, fue allanado el lunes y en el que se encontró el resto de la mercadería robada.

El titular de la UFI 8 reveló que las personas de Baradero y Macelli actuaban como nexo para abrir el galpón. Para la investigación, son los que tenían a su cargo la logística.

“Estamos trabajando porque se sospecha que hay más casos, porque hay testigos que indican que serían tres los camiones que descargaron en ese lugar”, informó.

Macelli y los detenidos baraderenses declararon. El resto decidió no hacerlo. Dos de los domiciliados en el conurbano tienen antecedentes penales por robo. Los miembros de la cooperativa, liberados pero imputados, contaron todo lo que se veía en el galpón. Su relato incluyó “cajas con antenitas”, es decir un inhibidor de señales satelitales.

Para Granda, la banda está desarticulada. Ahora, el fiscal tiene 30 días para pedir la prisión preventiva de los cinco detenidos. Mientras tanto, permanecerán tras las rejas.

Un baldazo de agua fría

A Salazar le avisó el director de Coordinación de Policías, Juan Carlos Agüero. Fue un golpe anímico para el intendente, que entre el asombro y la conmoción alimentó bronca y decepción: se sintió defraudado por un hombre en el que había depositado mucha confianza.

El domingo, la Justicia ordenó una serie de medidas, entre ellas un allanamiento en la casa de Leonardo Macelli, ubicada en Ruffa al 200, donde secuestraron ropa, productos de limpieza y celulares. Ese día, su hijo mayor ganó el superclásico con Paraná a Mitre, el club donde siempre había jugado.

Ese domingo, el comentario ganó la calle. La Opinión certificó la veracidad de los datos que circulaban y publicó la noticia. Rápidamente, las redes sociales se inundaron de comentarios, memes y hasta falsas novedades.
El lunes el gobierno tomó la decisión de dar de baja a Macelli como empleado municipal. El secretario de Gobierno, de cuya área dependía el chofer, redactó la solicitud de confección del decreto correspondiente para despedirlo.

“Cometió una falta grave por utilizar un vehículo municipal para cuestiones particulares”, informó a La Opinión el funcionario.

“El auto estaba en el allanamiento. Todo indica que no está involucrado en el hecho, por eso lo pudimos recuperar”, explicó Corti acerca de la presencia del Toyota Corolla y aseguró que “es la primera vez que detectamos que usó el auto para cuestiones particulares”. Ese vehículo no tenía GPS.

“Nunca sospechamos nada, la justicia lo tiene detenido y lo está investigando. Nosotros estamos a disposición, porque no hay impunidad ni encubrimiento. El que las hace, las paga”, sostuvo el secretario de Gobierno y dijo que Salazar “está muy enojado, porque abusó de su confianza”.

El mensaje de Salazar

Salazar envió un mensaje a funcionarios, concejales y militantes de Cambiemos en San Pedro.

“Quiero transmitirles tranquilidad. Yo estoy bien. Confiar en la gente es uno de mis puntos débiles pero es una condición que me marcó toda la vida. Pero no es un delito. Esta es una vez más en las que me siento defraudado. Ya van varias. Tengo la conciencia muy tranquila. Lo único que no me puede dejar dormir tranquilo es una obra  que no se hace y no poder resolver los problemas de la gente. Así que sigamos trabajando a full.

Con más fuerza que antes. Se dijeron y se van a seguir diciendo muchas cosas más. Quienes las dicen son los mismos que defienden a la multiprocesada Cristina Fernández. Muchas gracias a todos aquellos  que me saludaron y confían en mí”.

En las redes sociales hubo una catarata de mensajes de los miembros de Cambiemos, sobre todo del partido Fe, para respaldar al intendente.

Una fábrica metalúrgica “recuperada”, en medio de la tormenta

La planta allanada es una histórica metalúrgica de Baradero, propiedad de la familia de Ricardo “Picky” Schlegel, reconocido además por su labor política: fue concejal y en 2017 ocupó la Dirección de Producción del gobierno de Antonijevic.

Schlegel se fundió trabajando en la empresa que fundó y en la que trabajó y dio trabajo toda la vida. Un grupo de operarios tomó la planta y, con respaldo de organizaciones sociales como el Movimiento Evita, cuyo referente baraderense es Fabián “Curu” Ferreyra, que en ese momento era funcionario de Carossi, conformaron una cooperativa y se quedaron con el galpón y las máquinas.

La ordenanza que permitió la expropiación fue aprobada en el Concejo Deliberante. Ese día levantaron la mano hasta los excompañeros de bloque de Schlegel. En 2015, la Legislatura aprobó la ley de expropiación y el metalúrgico perdió todo. Hasta ahora, no le pagaron. El plazo vence el año que viene.

El detenido Leguizamo fue el encargado de alquilar parte del predio como depósito. El presidente de la cooperativa, Nores, es su tío. Cuando llegó el allanamiento, “estaban trabajando en cuestiones relacionadas con herrería, por eso entendimos que el material probatorio es menor en su caso y los dejamos en libertad”, explicó el fiscal.

“Las personas de la cooperativa no guardan relación, en principio, con la piratería. Ellos alquilaron un predio y podría haber sido de buena fe”, señaló, aunque los mantiene imputados y se sabe que no les estaría permitido arrendar una “fábrica recuperada” aunque sea parcialmente. El propio Shlegel que logró volver al mercado en su rubro y con más de cinco decenas de empleados tuvo que rentar otro lugar para poder desempeñar su oficio frente al predio que fue de su propiedad.

En diálogo con La Opinión, “Curu” Ferreyra dijo que continúa asesorando legalmente a la cooperativa en cuestiones relacionadas con ese tipo de administración y consideró que los miembros del Consejo de Administración “son perejiles”. “Se comieron el garrón porque no había contrato escrito ni nada firmado, era de palabra, ahora lo tienen que explicar a través de la investigación”, señaló.

“Esto es una torpeza enorme de la banda, que expuso ante unas 20 personas esa mercadería”, dijo Granda y reveló que el depósito fue alquilado hace seis meses.

“Leo”, del SPB al auto de Cecilio

Leonardo, “Leo”, “el Turco” Macelli nació, creció y todavía vivía en el barrio Obrero. Siempre ligado al fútbol, al club Banfield y luego a Mitre a través de sus hijos, tenía un vínculo muy cercano con Cecilio Salazar, desde su temprana juventud. De hecho también su pareja es empleada de Osprera, la obra social de la que el intendente es vicepresidente y en la que permanece de licencia.

Aunque era chofer del intendente desde 2016, Macelli recién fue formalizado como empleado municipal en febrero pasado, cuando se firmó el decreto de designación como trabajador temporario con 40 horas semanales y un sueldo básico, previo al último aumento, de 26.775,29 pesos más $ 1.000 de premio por asistencia.

Su condición de temporario permite el despido directo, sin que deba ser sometido a un sumario administrativo, puesto que no cuenta con estabilidad laboral. Para pasar a la administración pública municipal había pedido la baja en el Servicio Penitenciario.

Macelli nació el 12 de febrero de 1976. El 20 de mayo de 2008 entró al SPB. Su jerarquía era la de cabo. Trabajó en una unidad penal de San Martín y su último destino fue la UP 11 de Baradero, donde estaba asignado como guardia de seguridad exterior. Al momento de su detención, la baja estaba todavía en trámite y había sido ingresada el 18 de marzo de 2019, un mes después desde que fuera formalizado como empleado municipal. En los últimos años, incluso desde antes de que el entonces secretario privado Jonathan Galván hiciera los trámites para la cédula azul que lo convirtió en chofer del intendente, en 2016, estaba de licencia en el SPB.

El sábado, tras el acto en la avenida Melgar, le dijo a su familia que iba a Baradero a hacer una changa. Se fue en el automóvil municipal. No volvió. Sigue detenido a disposición de la Justicia, acusado de integrar una banda de piratas del asfalto.

Cuando le detuvieron, gritó: “Yo vine a hacer una parrilla, por favor, no”. Luego, en su indagatoria, reveló Granda, dijo que “hacía changas, que venía a ayudar a cargar y descargar camiones”, pero el resto de los imputados que declararon dijeron que en ese depósito no hacían ninguna de esas tareas, nunca.

“En la indagatoria dijo que por su hijo, que jugó en las inferiores de Independiente, conoció una persona del conurbano que necesitaba un galpón”, indicó el fiscal sobre Macelli. Para Granda, si bien no sería parte de los que estaban a cargo de “los hechos ‘de caño’ en los camiones”, su rol como parte de la logística sería fundamental.

“Para nosotros es un eslabón de la cadena de la banda, encargado de la logística, en lo que se denomina en la jerga ‘enfriar’ la carga para luego colocarla en el mercado”, señaló.

Además de ser imputado por pirata del asfalto, el ahora exchofer del intendente deberá afrontar una causa por estafa a la administración pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público, todo por el uso del auto municipal, el combustible, etc.

Granda citará como testigo al secretario de Gobierno y eventualmente al intendente para que expliquen los alcances del permiso que tenía sobre el vehículo el chofer.

EDICION IMPRESA #1429
Jueves 22 Agosto 2019

Comentarios