Alrededor de 70 allanamientos en todo el país se desarrollaron antes del fin de semana en el marco de una megacausa que investiga una red de delincuentes que cometían delitos bajo la modalidad ciberestafas y que derivó en el denominado “megaoperativos Hermes”.

Entre los procedimientos, hubo allanamientos en San Pedro y una de las causas surgió por un caso ocurrido en Baradero, cuya investigación lleva adelante la Fiscalía Nº 8 que conduce Hernán Granda.

Heber Lischetti, secretario de la UFI 8, explicó en Sin Galera cómo fue el episodios que derivó en una causa que se sumó a la investigación de la que participaron 15 fiscalías de toda la provincia, bajo la conducción del Departamento de Ciberdelitos y Tecnologías Aplicadas de la Procuración General bonaerense.

Un cliente del Banco Provincia de Baradero denunció que lo llamaron “desde una supuesta cuenta de Mercado Pago, donde incluso le muestran una factura de compra de un eterminado producto cargado a su tarjeta”, explicó Lischetti.

Los estafadores le dijeron que tenían dudas respecto de la legitimidad de la compra y lo engañaron para que descargue un programa con el que presuntamente podría elminar esa compra.

“En realidad, con ese programa ingresan al teléfono de él y a partir de ahí lo llevan a lo que es la cuenta bancaria del banco Provincia, donde le efectúan transferencias de dinero a cuentas de terceros”, explicó el secretario de la Fiscalía de Granda.

Cuando lo advirtió, era tarde. “Incluso llama al Banco Provincia y no puede frenar la transferencia”, señaló Lischetti. La investigación procuró rastrear las llamadas, las direcciones IP, etc.

“En el caso de la denuncia de Baradero intentaron ingresar a una cuenta de otro banco que él tenía, lo que pasa es que en ese banco intentaron hacer algo, pero no había dinero suficiente, como sí habá en el Provincia”, dijo para graficar que la vulnerabilidad estuvo en varias entidades bancarias.

La coincidencia de las denuncias radicadas en diversos departamentos judiciales, la Procuración General dispuso la participación del Departamento de Ciberdelitos, que derivó en los alrededor de 70 allanamientos que permitieron secuestrar celulares, computadoras, dinero en efectivo, armas, entre otros elementos de interés para la investigación.