Cecilio Salazar tuvo una semana tensa

La detención de Gerónimo “Momo” Venegas ordenada por el Juez Norberto Oyarbide el jueves pasado, en el marco de la megacausa que investiga la llamada “mafia de los medicamentos” agitó todo el espectro político del país y tuvo importantes repercusiones en San Pedro, de donde es oriundo Cecilio Salazar, su segundo en la obra social de los trabajadores rurales, Osprera.
El sampedrino estaba en la ciudad de Rojas, acompañando al equipo de fútbol infantil del Club Atlético Mitre, que integra uno de sus hijos y disputaba un encuentro del torneo provincial.
La noticia lo sorprendió allí y rápidamente se trasladó a Buenos Aires para interiorizarse del caso. Desde allí fue uno de los encargados de organizar la movilización que en todo el país tuvo como protagonistas a los afiliados de Uatre para reclamar la liberación de su Secretario General.
Empapado de primera mano respecto a cómo funciona la obra social –es el Vicepresidente–, Salazar se ocupó de aclarar de inmediato en su pago chico que su superior “no tiene relación con la mafia de los medicamentos”, que investiga en todo el país una asociación ilícita encargada de la venta de medicamentos adulterados y vencidos, retornos fraudulentos y desvíos de fondos.
Su primera intervención fue con La Noticia 1, desde la dependencia de la Policía Federal donde estaba detenido Venegas, a las pocas horas del allanamiento en la sede central del gremio. Desde allí se refirió al presunto desvío de unos dos millones de pesos destinados a un programa de prevemción que fueron utilizados para la compra de vehículos. Al respecto, señaló que compraron “hospitales móviles” y cuya operación fue “autorizada por la Superintendencia de Servicios de Salud”, a cargo del procesado Héctor Capaccioli. “No somos una obra social urbana”, dijo recalcando que deben llegar a sus afiliados en todas las provincias sobre relieves adversos.
San Pedro fue escenario el viernes de una de las movilizaciones que se desarrollaron en todo el país en defensa de Venegas. El kilómertro 145 fue el punto elegido, en el límite entre Baradero y San Pedro, del lado de la vecina ciudad, para evitar la intervención del Fiscal Federal de San Nicolás Juan Patricio Murray, ya que allí la jurisdicción corresponde a Campana.
Horacio Neyra de la delegación San Pedro y Víctor Hugo Ríos de la de Río Tala, dos hombres del círculo íntimo de Salazar en el gremio, fueron los encargados de encabezar la convocatoria, que reunió unas 250 personas, entre trabajadores rurales, adherentes y el apoyo de productores de la Sociedad Rural y la Federación Agraria locales, que cortaron la autopista intermitentemente durante la mañana del viernes.
La preocupación ganó el entorno de Venegas, donde Salazar tiene un lugar privilegiado. Por ello, ese estado de ánimo se reprodujo en el sampedrino, a quien se lo notó perturbado por la situación que salpicó su propia gestión como segundo en la obra social.
Venegas está imputado en tres causas por cuatro delitos: asociación ilícita por dos casos de medicamentos vencidos y adulterados y presuntamente adquiridos por afiliados a Osprera; defraudación al Estado por el presunto desvío de fondos; infracción a la ley de marcas, ya que se sospecha que Osprera utilizó medicamentos de marcas falsas que le proveyó una droguería involucrada en la “mafia de los medicamentos”.
Uno de los casos de medicamentos vencidos y adulterados fue denunciado por un afiliado a la obra social de la ciudad de Venado Tuerto, en la provincia de Santa Fe, enfermo de Sida. El otro corresponde a la provincia de Salta. Allí están puestas las miradas y la interpretación política que abona a la teoría de la persecución.
Al respecto, Salazar indicó que su obra social “no tiene relación alguna con las distribuidoras de medicamento que estén en la causa”, reafirmó la compra de hospitales móviles para “llegar a lugares donde la medicina no llega” y sumó sus sospechas al presunto “armado político” de la causa con participación del Gobierno Nacional, de quien Venegas es un opositor declarado y además uno de los principales impulsores de la candidatura presidencial de Eduardo Duhalde.
El dirigente gremial sampedrino dudó de la denuncia del enfermo de HIV de Venado Tuerto y señaló que “alguien lo indujo” a realizar la denuncia. “Buscamos los antecedentes del tema, tenemos toda la documentación probatoria que nada que ver con esta empresa (la droguería) Arcacel”, dijo y agregó que la distribuidora habitual del gremio es Redfarm. Gerónimo Venegas espera ahora la decisión respecto a su situación judicial, ya que el Juez debe dictaminar si lo procesa o bien dicta la falta de mérito en el marco de las causas en las que está imputado. El viernes, tras declarar durante siete horas, dictaron su excarcelación bajo una caución de medio millón de pesos y a las 23.00 recuperó su libertad, bajo el festejo de los manifestantes y el acompañamiento de Eduardo Duhalde y, por supuesto, Cecilio Salazar. El domingo estuvo en Necochea donde su casa particular también había sido allanada. Allí secuestraron las computadoras de sus hijas y el celular de su nieta. “Como es una causa humilde no fueron los medios”, dijo Venegas el lunes por la tarde confirmando que fue recibido por decenas de vecinos y afiliados.

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