Causa Proyecto Steel: el abogado de los denunciantes consideró que se trata de un caso de “estafa piramidal”
Adrián Tellas, patrocinante de un grupo de damnificados que se presentaron a la Justicia contra la empresa sampedrina cuya cara visible es Martín Oña, explicó en Radio Cuarentena los alcances y el estado de la causa penal, tras los allanamientos. La denuncia es por estafa y administración fraudulenta.
Dos allanamientos en San Pedro y alrededor de 15 en la zona de Buenos Aires y el conurbano tuvieron lugar en los últimos días en el marco de la causa penal radicada en Capital Federal que investiga el incumplimiento de la empresa sampedrina Proyecto Steel respecto de contratos para la construcción de viviendas.
La denuncia radicada por decenas de damnificados es por estafa y administración fraudulenta, puesto que cada uno de ellos entregó entre 20 y 50 mil dólares para que la firma cuya cara visible es Martín Oña les construya la casa pero no obtuvieron nada a cambio.
El abogado de 11 de los damnificados que fueron a la Justicia, Adrián Tellas, explicó en Radio Cuarentena los alcances y el estado de la causa penal que tramita en el Juzgado Criminal y Correccional 7 de Buenos Aires, a cargo de Paula González.
Tellas contó que sus representados antes y después de radicar la denuncia intentaron comunicarse con la empresa y la respuesta que obtuvieron fue que “no estaban en condiciones de construir la casa” y que iban a “reestructurar la compañía”.
Además, “quienes optaron por la vía civil, que mandaron carta documento para iniciar mediación ni siquiera pudieron notificarlos, venían rechazadas”, señaló el abogado.
Los denunciantes son familias que firmaron contrato con Martín Oña y Diego Alberto Pereyra, en representación de la empresa Proyecto Steel, para la construcción de viviendas bajo el sistema steel framing.
Entregaron en dólares el equivalente a la mitad del costo total del proyecto. El 40 por ciento estaba destinado a acopiar materiales “para congelar precio”, señaló el abogado. Sin embargo, “hasta donde se supo no hay acopio de material de ninguna de las personas que han puesto esos dineros”, indicó.
“Mi experiencia me indica que estos casos, aunque no hay uno igual a otro, se puede hacer un paralelo con estas estafas piramidales que son noticia corriente, con gente condenada, detenida, etc., en la que quizás no se pueden recuperar los fondos”, advirtió el abogado.
“Sería auspiciosa que la persona que cometiò estos delitos recapacite y pueda enmendar el mal que ha hecho, entiendo que quizás no pueda enmendarlo del todo, pero bueno, normalmente estos casos, cada vez más, terminan en condena”, agregó.
Respecto del dinero entregado, Tellas señaló que “la lógica indica que deberían estar en los corralones, por eso entendemos que si no hubo una intención inicial de de defraudar esa confianza depositada por cada uno de los clientes hay una administración infiel porque el dinero que debía destinarse a los materiales no se destinó a esos fines”.
Inicialmente, muchos damnificados pensaron en reclamar el material y contratar a otra empresa para continuar con la construcción, pero se encontraron con que al no haber acopio en los corralones habían perdido todo.
“En este momento rige un secreto de sumario porque hay posibilidades de hacer allaamientos, detención de personas, etc., por lo que no puedo dar mayores detalles. Pero normalmente el proceso es que tras la denuncia, se presentan pruebas, el fiscal analiza el mérito, solicita al juez medidas restrictivas de derechos o para procurar pruebas, cosas como detenciones, allanamientos, embargos”, explicó el abogado sobre el devenir de la causa.
Además de la cuestión penal, que puede implicar condenas de prisión, los damnificados esperan actuar en la vía civil para recuperar el dinero que pagaron, por el que deberán responder los responsables con su patrimonio, dijo el abogado.
“Hay casos de todo tipo, algunos verdaderamente conmueven, han puesto ahorros de toda la vida en este proyecto y ven frustrado poder continuar el proyecto y otros que como consecuencia de aprobar planos y no iniciar la obra debe pagar en barrios cerrados cánones mensuales más onerosos”, detalló.
El miércoles, la Policía Federal allanó dos domicilios ubicados en Sarmiento al 700, una oficina comercial y una vivienda familiar, donde secuestraron elementos de interés para la causa penal en trámite.
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