Causa federal por los 50 trabajadores rurales no registrados en La Buena Moza
La Justicia Federal de San Nicolás abrió una causa por reducción a la servidumbre luego del allanamiento que tuvo lugar el martes en un establecimiento producto de arándanos. La Procuraduría contra la explotación y la trata de personas y la Dirección de Orientación, Acompañamiento y Protección a la Víctima tomaron intervención. Eran 50 trabajadores oriundos de Santiago del Estero no registrados y alojados en condiciones de hacinamiento.
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La Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), a cargo de Marcelo Colombo, y la Dirección de Orientación, Acompañamiento y Protección a la Víctima (Dovic), acompañaron al Fiscal Federal de San Nicolás Matías Di Lello en el allanamiento en un establecimiento ubicado en La Buena Moza, donde rescataron a 50 personas que eran explotadas en el marco de la cosecha de arándanos.
La Justicia Federal investiga la presunta comisión del delito de reducción a la servidumbre, luego de tomar declaración testimonial a los 50 trabajadores, oriundos de Santiago del Estero, quienes señalaron que les prometieron el pago de 200 pesos por día por juntar entre 50 y 75 bandejas de fruta, aunque nunca llegaron a recolectar más de 10 por jornada.
El allanamiento detectó condiciones de alojamiento que no eran las óptimas, ya que los trabajadores no contaban con gas natural y debían cocinar a leña; tampoco tenían heladera; y aseguraron que las goteras del techo hacían que durante los días de lluvia entrara agua al lugar donde habitaban.
Declararon que al ingresar a la finca les retuvieron los documentos. Además, indicaron que les proveían un promedio de cinco kilos de carne para todos y que les descontaban 30 pesos diarios por persona por la comida.
La investigación se originó a partir de un informe que envió el Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (Renatea) a la Protex, que a su vez remitió los datos a la Fiscalía Federal de San Nicolás, que coordinó el operativo con Gendarmería y el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas del Delito de Trata.
La Fiscalía dispuso un allanamiento en las oficinas comerciales de la emrpesa, donde el miércoles por la noche secuestraron dinero, que fue repartido entre las personas rescatadas por disposición del Juez que interviene en la causa, en concepto de “pago parcial” por la deuda originada.
