Castells y Ojeda no cumplieron pero dicen que los títulos llegarán
La coordinadora local de la Universidad Popular del MIJD había dicho que entregaría títulos el fin de semana pasado, pero no cumplió. Les dijo a las alumnas que lo harán en septiembre, ya no del Chaco sino desde Lomas de Zamora. El Juez Pratti denegó un pedido de allanamiento. En el Hospital, las enfermeras sin título habilitante siguen en sus puestos.
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La Fiscalía del Dr. Marcelo Manso continúa recabando testimonios en el marco de la causa por estafa que tiene a Graciela Ojeda como principal imputada, sospechada de traicionar la buena fe de cientos de personas que se inscribieron, cursaron y hasta terminaron la carrera de enfermería en la mal llamada Universidad Popular del Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (Mijd) que conduce a nivel nacional Raúl Castells.
Ojeda es la “coordinadora académica” del instituto terciario no reconocido en ningún ministerio, casa de estudios de la que egresaron auxiliares de enfermería que trabajan en el Hospital, los de las localidades y en los centros de salud.
La Justicia tiene en la mira la actitud del Gobierno municipal, que no modificó el estatus laboral de esas empleadas, a pesar de la recomendación que hizo el propio Director de Asesoría Letrada, José Macchia.
Al día de hoy, la Secretaría de Salud que conduce Javier Sualdea tiene enfermeras sin título habilitante en plenas funciones, que ingresaron al sistema sanitario público con un certificado de título en trámite emitido por una casa de estudios no reconocida en los Ministerios de Educación nacional ni provincial.
Otra prórroga
para los títulos
Desde que La Opinión hizo pública esta problemática, Graciela Ojeda dijo en distintos medios locales que iba a entregar títulos el 8 ó 9 de agosto, es decir el fin de semana pasado, y que provendrían de la sede central de la Univeridad, en Chaco, que fue clausurada por más de 100 irregularidades administrativas.
“Ahora dicen que vienen a fin de mes y de Lomas de Zamora”, señaló a este semanario una de las que espera su certificado de estudios. Otra, que logró dialogar con Ojeda, confió que la líder del Mijd en San Pedro les dijo: “Van a ver cuando lleguen los títulos, se van a tener que retractar”.
Desde Chaco, como se dijo, los títulos nunca podrían venir. Esa sede fue clausurada y nunca fue habilitada como Universidad. Lo que había en esa provincia era una habilitación provisoria para dictar carreras de nivel terciario en el partido de Güemes, que también cayó por no cumplir con los requisitos.
Sobre el Centro de Formación Profesional de Lomas de Zamora, ya se lo habían dicho a Nina Peloso en ocasión de una reunión que tuvo a mediados del mes pasado con integrantes del Ministerio de Educación provincial: no se puede expedir títulos de enfermería a través de esa institución educativa.
El lunes, alrededor de las 16.00, fueron citadas las alumnas de primer año. A las pocas que pudieron ingresar les dijo que el jueves va a tomar un parcial de una materia que ella misma dicta, aunque luego el que firma las libretas es su hijo, Rodrigo Ponzoni. “El día jueves, si les queda bien, tomamos el parcial”, les comunicó.
El Ministerio
y la Justicia
La Dirección General de Cultura y Educación provincial pidió a Salud que remita los datos de las enfermeras con certificado de título en trámite del Mijd que trabajan en el sistema público. No lo garantizaron, pero existe la posibilidad de que evalúen la forma de lograr que rindan en otra institución y puedan recibirse.
Desde el Hospital aseguran que no las cambiaron de área porque “son sumamente idóneas en la materia” y confirmaron que “cada una sigue en el puesto donde estaba, no fueron movidas para nada”. En las próximas semanas podrían tener una audiencia con personal del Ministerio que conduce Nora de Lucía.
Por su parte, la Justicia trabaja en la causa por estafa. Como se dijo, Manso recoge testimonios y pidió al Juzgado de Garantías allanamientos para dar con documentación que considera relevante para la causa.
Sin embargo, el Juez Ricardo Pratti denegó la medida y no hubo allanamiento ni en la sede de Gomendio y Caseros ni en la casa de Ojeda, donde los licenciados Hernán Iturgay y María del Carmen Sapoliti, docentes de la “Universidad”, aseguraron haber visto documentación importante.
Aún así, en la Fiscalía N° 5 confían en que podrán reconstruir lo que sucedió, más allá de los allanamientos. Es que los elementos recabados hasta el momento son muchos y de relevancia. Los recibos truchos, sin validez alguna, que este semanario publicó la semana pasada, son parte del tema.
Ojeda les cobraba 80 pesos por mes a cada alumno, “para pagar el alquiler”. Ese dinero no tiene comprobante alguno. Era “la cuota” de la “Universidad”. Un “bono contribución” cuya rendición de cuentas nadie vio.
