Caso Rojas: Barbieri envió una nota a la Cámara de Apelaciones

Tal como se había comprometido ante los familiares y amigos del policía Luis Castañarez el día de la marcha “Justicia por la Injusticia”, el Intendente Municipal Mario Barbieri envió una nota a la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal efectuando un pedido en que destaca el reclamo popular que recibió el condenado.
La misiva fue remitida al Presidente de la Cámara, Dr. Alberto Antonio Moreno y dice en algunos de sus párrafos: “Me dirijo a Ud. y demás magistrados integrantes del Tribunal, a efectos de hacerles conocer un hecho acontecido en la ciudad de San Pedro el día 22 de agosto del corriente año en el cual una marcha multitudinaria, de más de mil vecinos, se presentó en la Municipalidad en horas de la tarde para hacer entrega de una comunicación que recibieron la Sra. Presidente del Honorable Concejo Deliberante, Concejales y Secretarios del Departamento Ejecutivo, dado que me encontraba en una reunión en la ciudad vecina de Campana. A más del petitorio y de las firmas que allí se obtuvieron en apoyo del mismo, la Sra. Sonia Mateos, esposa del Sr. Luis Castañarez, me solicitó una reunión a la cual accedí en mérito de la representación política que del Municipio ostento, ya que se trataba de una solicitud de una vecina que hacía uso y ejercicio de su derecho constitucional a peticionar”.
“Respeto plenamente la independencia de los poderes constitucionales y de manera alguna puedo o pretendo avasallar la esfera de competencia que cada uno de los poderes tiene reservada para sí en la República, pero no es menos cierto que el hecho palmario y manifiesto de la marcha, movilización vecinal y la entrega del petitorio se concretaron”, agrega. “En razón de que no existen aún sentencias definitivas pasadas en cosa juzgada, entiendo que colaboro con el Alto Tribunal al allegarle el petitorio que tuvo espontánea y multitudinaria adhesión en la ciudad, adhiriendo expresa y especialmente a dos preceptos contenidos en el art. 18 de la Constitución Nacional en tanto sostienen que: ‘Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquélla exija, hará responsable al juez que la autorice’”, finaliza la carta. Durante la primera quincena de agosto se llevó a cabo el juicio oral y público contra el policía Castañarez y se lo halló culpable de la muerte del joven Gonzalo Rojas en diciembre de 2005, aplicándole una pena de 18 años de prisión. En un primer momento la defensa pidió un Habeas Corpus para que el condenado cumpla su pena con el beneficio de prisión domiciliaria, que tenía hasta la sentencia, pero le fue denegada. A partir de allí, se gestó la marcha y el pedido al Intendente.