Caso Aldana Correa: “Es una locura lo que nos toca vivir tras esa desgracia”
A casi 13 años de ocurrida la muerte de la pequeña Aldana en el Hospital luego de que le fuera suministrada una droga que no era la que correspondía, y a un año de haber firmado un convenio por un resarcimiento económico desde el Municipio, los padres aún no han cobrado un peso. El estado de la causa y el dolor de Víctor y Gladys se suma al comportamiento de profesionales de la abogacía que ejercen la defensa sólo para quedarse con el dinero de las víctimas.
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El 9 de noviembre de 2009, Víctor Omar Correa y Gladys Mabel Franco firmaron con la Municipalidad de San Pedro un convenio por el cual se ponía fin al litigio judicial tras la muerte de su hija Aldana Correa, ocurrida en 1998 en el Hospital local, cuando le fue suministrada una medicación errónea.
El convenio establece el pago de 100.000 pesos para cada uno de los padres, a pagarse en 5 cuotas, la primera de ellas a pocos días de celebrado el convenio entre las partes.
“Cerramos el acuerdo porque si no siempre estamos en la misma historia, dando vueltas. Con esto no es que nos vamos a olvidar de nuestra hija. Firmamos todo para poder seguir con nuestras vidas, por nuestros hijos. Incluso esto le convenía a la Municipalidad, porque nos correspondían como 400 mil pesos… Pero seguimos así”, explicó Víctor, el papá de Aldana, con voz que entremezcla bronca, impotencia y tristeza.
Víctor señaló que “desde que se firmó el convenio nunca cobraron ni un centavo de lo que correspondía”. Sin embargo, manifestó que no quiere volver a la Municipalidad a preguntar. “Cada vez que voy tengo mucha bronca, mucho odio. No puede ser que porque no soy Diputado la vida de mis hijos no valga un carajo”, dijo enojado.
Por su parte Gladys, la mamá de Aldana, contó: “Estoy mal. Estoy mal espiritualmente, mal económicamente. Estoy sin trabajo. Siento que todo quedó en la nada”.
Explicaciones legales
Daniel Porta, Director de Asesoría Letrada del Municipio, contó en qué estado está la causa y por qué aún no se han efectuado los pagos. Luego de que el convenio fuera aprobado por el Concejo Deliberante, tuvo que ser enviado para su homologación en el Juzgado correspondiente. Porta informó que ello se hizo efectivo hace poco más de 20 días.
Sin embargo apareció una nueva traba: los primeros representantes legales de la familia Correa, del estudio del Dr. Axel Cartey, apelaron la suma de dinero fijado por la Justicia en conceptos de sus honorarios.
Al Estudio Cartey de San Nicolás le resulta insuficiente el dinero que el Juez en primera instancia resolvió que le correspondía y del cual deberá hacerse cargo el Municipio. A causa de la apelación, el convenio volvió a Cámara, lo que llevará al menos un mes más para que terminen estos vericuetos legales.
El Dr. Cartey además, dictó un embargo sobre la suma que percibirá Gladys, quien firmó un pagaré por un monto cercano al que recibirá en compensación por el grave episodio. Todos los consultados coinciden en señalar que con esta deuda contraída poco será el dinero que recibirá finalmente la madre de Aldana.
Además, el Dr. Cartey no fue el único abogado patrocinante de la familia. La Dra. Lucía Tedone, también de San Nicolás, fue la asesora letrada tras el alejamiento del primero. Los honorarios de ella correrán por cuenta de Gladys y Víctor, lo que también deberá extraerse de lo que les pague el Municipio. La Dra. Tedone también renunció tras haberse firmado el convenio con la Municipalidad, por lo que en los últimos meses han sido asesorados por la Dra. Marisa López Bravo aunque, claro está, con un acuerdo ya firmado poco queda por hacer.
La Dra. López Bravo manifestó que de cualquier manera, una vez cancelada la deuda por parte del Municipio, evaluará la posibilidad de iniciar acciones penales por ese pagaré firmado con el Estudio Cartey, en circunstancias al menos poco claras.
Más allá de las frías leyes
Hablar de números y artículos o procedimientos legales, esconde el padecimiento de una familia que no puede cerrar un capítulo y que sigue viviendo el dolor de tener que revivir todos los días lo sucedido hace tantos años atrás, aún hoy sin todos los responsables debidamente individualizados. Sólo una enfermera pagó por el error pero los responsables políticos y de la farmacia del Hospital deslindaron responsabilidades.
Víctor lo dijo claramente: “Es una locura lo que me toca vivir tras esa desgracia. Me acuerdo y siento bronca por lo que me tocó vivir pero también por lo que me pasa”, dice incluso pidiendo perdón por sus palabras.
“Yo como papá siempre me encargué de trabajar. Tengo una hija que está estudiando y no quiero que la vida la cachetee como a mí”, afirmó y destacó: “La plata no es la solución para lo que pasó. Mi problema se va a solucionar cuando yo me muera”.
Vergonzoso
Medrar con casos como este, patrocinar a una humilde familia que sólo llevó a su niña para una nebulización y recibió en cambio una inyección que le costó la vida merece otro trato por parte de la Justicia. Tal vez, la clave sea denunciar a quien maliciosamente induce a firmar un pagaré a una madre en estado de desesperación. Las opiniones de la prensa suelen resultar molestas pero ante situaciones como esta que sólo saltaron a la luz porque una ocasional testigo del deceso llamó a una radio y desnudó la gravísima situación que se llevó la vida de Aldana es mérito más que suficiente para calificar la actuación de los profesionales como “vergonzosa” y carente de humanidad. Los honorarios deberían pagarlos quienes verdaderamente eran los responsables y no las víctimas que en estado de absoluta indefensión y sin los conocimientos suficientes padecen desde 1998 una situación de alta injusticia. La Cámara debería reabrir el caso, ordenar el urgente pago y al menos elevar al Colegio de Abogados la torpe e insólita actuación de los estudios jurídicos intervinientes. Por más que los tiempos se aceleren poco quedará para que cobren los padres de Aldana.
