Carta documento a la Fiscal tras la liberación de un joven acusado por violación
La liberación de un joven acusado por violaciones reiteradas, dejó al desnudo la dura pulseada que existe entre la Fiscal Gabriela Ates y la familia de quien estuvo varios meses preso. El Dr. Benito Aldazabal, apuntó con munición gruesa la actuación de la repartición judicial.
Las cosas nunca son como parecen ser. Detrás de bambalinas suelen aparecer pulseadas que nada tienen que ver con las causas que se tramitan a la luz del día.
A la polémica detención de un joven acusado de violar, al menos a dos mujeres, se le sumó una particular discusión práctica y académica entre el Dr. Benito José Aldazabal, quien por entonces derivó la defensa del imputado a otro letrado y la Dra. Gabriela Ates, quien denunció ante la Justicia y el Colegio de abogados, la persecución de la que estaba siendo víctima por parte del conocido abogado, quien publicó en dos medios gráficos, notas relacionadas con los derechos de los imputados en cualquier causa, a saber el motivo por el cual se los detiene y por que se utilizan los “testigos de identidad reservada”.
“Me armaron una causa en la Fiscalía”, dijo hace poco tiempo una mujer que advirtió ante los medios, que se cometían atropellos con quienes, aún sin tener antecedentes, se sienten acosados por denuncias cuya identidad se desconoce.
Batalla en el ring
Más allá del caso que dio origen a las disidencias entre el Dr. Aldazabal y la Dra. Ates, conviene tener en cuenta que mientras el joven permanecía detenido como acusado de un delito más que aberrante, otras cuestiones se dirimían sobre el ring, sin que el público alcanzara a entender a cuantos rounds se jugaba el encuentro.
Las notas publicadas por Aldazabal y sus declaraciones como abogado defensor (recordemos que renunció al caso, cuando no se le permitieron ver las actuaciones realizadas en la Fiscalía) molestaron y mucho, no sÓlo a la Fiscal sino a las autoridades policiales que habían estado a cargo del procedimiento.
Según informaron en el Juzgado de Garantías, en Junio de 2007, la Dra. Ates solicitó la intervención de la Justicia, para protegerse de un posible “escrache” que habría anunciado el progenitor del acusado, con el apoyo del Dr. Aldazabal y a la vez reclamar que se le solicite a esas personas que “cesen dichas actitudes hostiles hacia la suscripta, a lo fines de continuar la investigación con criterio objetivo y sin necesidad de excusarse por ser violentada moralmente y hasta amenazada y calificada por el letrado”. Hasta allí, lo único que se sabía es que existía una causa caratulada “XX y otra – abuso sexual con acceso carnal agravado reiterado”.
Nadie tiró la toalla
No sÓlo el Juzgado de Garantías recibió la denuncia de la Fiscal. También el Colegio de Abogados, tuvo que tomar cartas en la pulseada que comenzó a abrirse entre la funcionaria y el profesional.
Como principio de corolario de esa silenciosa batalla, el joven fue liberado recientemente, por no haberse podido probar los cargos que se le imputaban y por la insuficiencia de testigos que lo hayan reconocido como el autor material del gravísimo hecho, pese a que hubo rueda de reconocimiento y que según las víctimas había actuado a cara descubierta.
La noticia llegó muy rápido a los medios y tras ella, una catarata de documentos que ratifican que mucho más allá de ese resultado judicial, nadie tirará la toalla, al menos, hasta que se investigue la actuación de la Fiscal y se inicie una causa de reparación para quien –por el momento- parece haber estado varios meses preso, sin haber cometido un delito.
Esto recién empieza
Antes del conteo definitivo o la pérdida por KO, se supo que la respuesta de Aldazabal a las acusaciones que la funcionaria hizo en el Colegio de Abogados, fueron mucho más que ardientes. No sólo negó haber iniciado una campaña persecutoria, sino que habló de “exceso de imaginación” por parte de Ates, respecto de cualquier tipo de hostigamiento.
Aldazabal, remitió su respuesta poco antes de finalizar el año. Pese a que este medio, no pudo acceder al escrito, trascendió que esa respuesta es el puntapié inicial que desemboca en dos cartas documento que fueron remitidas la semana pasada. Una firmada por el progenitor del acusado y la otra, por el propio Aldazabal.
Apunten a Ates
Las dos cartas documento están dirigidas a la fiscal Gabriela Ates. Este medio, pudo tener acceso a la firmada por el progenitor de quien estuvo preso. En ella tras citar las acusaciones de hostigamiento que había efectuado Ates por el presunto anuncio de un “escrache”, dice: “le solicito que en el término de 5 días ratifique o rectifique lo afirmado” para culminar con un consabido “de no rectificarse o dar explicaciones satisfactorias suficientes, procederé a iniciar la pertinente querella criminal, denuncia ante el Ministerio Público Fiscal y acción civil reparatoria”.
Un texto similar tendría la remitida por el Dr. Aldazabal. En la próxima semana vencería el plazo otorgado por ambos para que la titular de la fiscalía responda, aunque no es ese el único problema que atraviesa ya que el Municipio también ha sembrado serias dudas sobre la actuación de la Fiscalía en las usurpaciones que se perpetraron en el mes de Octubre, considerando que podrían haberse abortado fácilmente si se hubiese obrado en forma inmediata.
El camino, aparece lleno de espinas, aunque un alto funcionario policial que participó activamente en la investigación dijo a este medio: “Cuando lo liberaron pensé en irme a mi casa, no vale la pena seguir trabajando en estas condiciones. Había pruebas más que suficientes.”
La liberación
Con fecha 21 de Diciembre, la Justicia dejó en libertad al joven acusado de las dos violaciones. Entre los fundamentos, no sÓlo indica que los exámenes de ADN realizados, no eran compatibles con el detenido, sino que el único indicio estaba dado por una testigo de identidad reservada y alguien que reconoció el olor de una bufanda presuntamente secuestrada en el domicilio donde moraba el acusado. Recordemos que ambos hechos se habían perpetrado en la calle Almafuerte esquina Beaumont, contra una menor de 16 y otra de 18. La causa, al menos por el dictamen de la Juez de Garantías, Dra. Laura Vázquez, no será elevada a juicio.