Camioneros: Viviani solicitó la prisión preventiva de Cabaleyro y Espíndola, la defensa la recusó
Como era prever la fiscalía que instruye el caso por "aprietes y extorsión" presentó este lunes el pedido de prisión preventiva para los sindicalistas Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola. Mientras tanto la defensa de los imputados recusó a la fiscala y a la jueza María Eugenia Maiztegui y la Cámara deberá resolverlo antes del jueves.
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En la tarde del lunes la titular de la fiscalía 7 de San Pedro, Dra. María del Valle Viviani, solicitó al juzgado la prisión preventiva de los dirigentes del sindicato de Camioneros, Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola, quienes permanecen detenidos e imputados en una causa por “aprietes y extorsión” denunciado por los representantes de la firma Rey Distribución.
A la vez durante la misma jornada, la defensa de los acusados a cargo del Dr. Mauricio Gugger, presentó la recusación de la fiscala Viviani y de la Jueza de Garantías María Eugenia Maiztegui.
Según pudo saber La Opinión, la presentación de la defensa está basada en presuntas irregularidades detectadas en un legajo fiscal señaladas como “graves”, la transcripción de charlas del propio abogado defensor con sus clientes en donde entienden que se estaría violando el privilegio cliente-abogado, y otras conversaciones que son consideradas discriminatorias hacia los acusados. De todo esto más otros detalles considerados determinantes para solicitar la recusación de las profesionales, fue puntualizando en un acta confeccionada la semana pasada.
Lo solicitado por el defensor es en carácter de urgente y la Cámara de Apelaciones deberá resolverlo en las próximas horas ya que el jueves es la audiencia para definir el pedido de prisión preventiva solicitada por la fiscalía.
La semana anterior la Dra. Viviani había realizado una nueva presentación con respecto a la carátula original del caso bajo la figura de “extorsión por suscripción de documento con efectos jurídicos”, lo que agrava la situación judicial de Cabaleyro y Espíndola y tiene una pena de entre 5 y 10 años de prisión.
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