Cada acarreo de la grúa costará casi $ 2 mil al infractor
El Concejo Deliberante aprobó la compra del dispositivo. El Gobierno espera la comunicación para llevar el camión donde será montada la grúa tipo percha adquirida a la empresa Cor-Vial. La semana que viene ya podría estar en la calle para los operativos de tránsito. Cada traslado costará $ 1.974 al infractor.
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Los concejales aprobaron la autorización para la compra de la grúa que pidió el Gobierno para los operativos de tránsito y la semana que viene ya estaría en la calle, con el acarreo de autos abandonados en la vía pública como primera tarea urgente.
La empresa Cor-Vial fue la única oferente de la licitación privada para la compra de una “grúa hidráulica tipo percha con capacidad de carga hasta 2500 kg. con giro de pluma”, por lo que se necesitaba la aprobación del Concejo Deliberante.
El permiso fue aprobado por todos los ediles, con la excepción única de Ariel Ramanzini, que se oponía al uso del Fondo de Seguridad para ese destino.
Un camión y una grúa
El Gobierno llamó a licitación para la compra de la grúa y de un camión donde será montada. El vehículo, un Iveco Daily, fue adquirido a una de las empresas que se presentaron con su oferta y permanece en la concesionaria, ubicada en ruta 8, en la zona del conurbano.
Desde el Gobierno informaron a La Opinión que esperan la confirmación de la disponibilidad de la grúa para ir a buscar el camión y llevarlo para el montaje del dispositivo.
De seis empresas invitadas a participar, la licitación para la compra de la grúa tuvo a la firma Cor-Vial –a la que el Estado local le compró otras máquinas– como único oferente, por lo que se necesitaba la autorización del Concejo Deliberante para proceder a la adjudicación.
El Gobierno destinó 370.000 pesos del Fondo de Seguridad que remite la Provincia para la compra de esta grúa, “para el desempeño de las tareas habituales de la Dirección de Tránsito y Nocturnidad”.
La ordenanza para la implementación del servicio para el acarreo de vehículos mal estacionados fue sancionada en 2011, tras iniciativa del bloque de concejales que integraban en ese entonces Carlos Casini y Damián Mosquera.
La solicitud para la adquisición fue de “un vehículo (chasis) tipo camión con hasta 8.000 kg. de peso bruto, tipo frontal, óptimo para maniobras en el radio urbano”, por un lado.
Por el otro, una “grúa hidráulica tipo percha, capacidad de carga hasta 2.500 kg, con giro de pluma que permitirá la carga de un vehículo estacionado entre otros dos rodados, tomándolos por cualquiera de los ejes. Giro mínimo del brazo 65 grados” a la que deberá agregarse, al momento del montaje “baúles laterales, jaula antivuelco, paragolpes regulables, un boggie con ruedas para el traslado, luces de trabajo nocturno, baliza, sirena, megáfono y un comando inalámbrico para el movimiento de la pluma”, según consta en el expediente.
Para qué la van a usar
El Ejecutivo señaló que “contar con este vehículo resulta imprescindible, pues agilizará el trabajo que diariamente se lleva a cabo en las calles, basado en el control de rodados mal estacionados, abandonados y los controles de alcoholemia”. El traslado de los vehículos abandonados implicaba la contratación de un privado, que costaba entre 700 y 900 pesos por intervención y que luego nadie paga porque, por lo general, nunca aparecen los dueños a recuperar el auto secuestrado.
El plan del Gobierno es, apenas llegue el elevador montado sobre el camión, comenzar con la remoción de varios rodados que ya tienen registrados por denuncias de vecinos y que llevan mucho tiempo estacionados en la vía pública.
Además, los inspectores lidiaban con las quejas de los infractores a quienes se les retenía el vehículo en los operativos, ya que para el traslado hasta el depósito municipal no había grúa disponible y se ocupaban los propios empleados, que conducían los rodados hasta el galpón.
El uso más polémico será, sin dudas, el de acarreo por mal estacionamiento, que tiene una serie de requisitos a cumplir por parte de los inspectores que trabajen en el tema.
Casi 2 mil pesos por acarreo
La ordenanza impositiva vigente establece que el costo que debe pagar el infractor “por uso de grúa para traslado de automotores desde lugares de infracción hasta el corralón municipal, por traslado” es de 1.974 pesos.
El procedimiento para retirar vehículos de la vía pública está normado desde 2011 y tiene una serie de requisitos que los inspectores deben cumplir para que su actuación tenga validez.
Antes de retirar un auto con la grúa, los inspectores deben hacer sonar el silbato dos veces, a modo de anuncio, para que el conductor pueda salir de la zona de infracción. Aunque se le labrará el acta, en ese caso podrá evitar el acarreo.
Si el infractor no aparece tras los dos pitidos, el inspector colocará fajas en puertas, capot, y baúl, hará una “planilla-inventario” en la que constará si hay roturas o desperfectos visibles en el vehículo y deberá tomar “fotografías de los laterales, frente y parte trasera”.
Si no hay nadie para notificar, deberán “fijar un cartel adhesivo” que “indicará que se ha procedido a remover el vehículo y su lugar de depósito”.
Cuando el automotor secuestrado llegue al depósito, el infractor sólo podrá retirarlo tras pasar por el Juzgado de Faltas, pagar la multa y la tasa de acarreo de casi 2.000 pesos.
La ordenanza sancionada en 2011 establecía la implementación de una campaña de difusión para informar a la población sobre la posibilidad de secuestro de autos mal estacionados, con el domicilio del depósito y las dependencias en las que debe hacer el trámite para recuperarlo. Además, obliga a “instalar en la zona céntrica carteles” con esos datos.
Ramanzini, el único que se opuso
El tema generó debate en sesión. Todos contra Ramanzini. Así fue. De hecho, la autorización de la compra fue aprobada por todos los presentes, menos el massista.
“Han pasado seis años y medio”, recordó Mosquera, desde que se sancionó la ordenanza de su autoría. “Quiero felicitar y agradecer que esto se lleve a cabo”, dijo y pidió “que no sea netamente con un fin recaudatorio”.
“No es sólo para organizar el tránsito, también es contribuir contra la inseguridad”, señaló Iván Paz.
Ramanzini pidió la palabra y el debate se encendió. “Estamos en desacuerdo con la fuente de financiamiento: nuevamente el Fondo de Seguridad. ¡Es para el combate de la delincuencia! ¡Ya lo dijimos cuando se instalaron los semáforos! ¡Eso no combate la delincuencia!”, dijo, vehemente.
En medio de su encendido discurso previo a las elecciones, tuvo un yerro reglamentario que provocó risas en el Concejo: propuso una moción para que la grúa no se pague con esos recursos sino con otros. Rosa y Otero le recordaron que para el expediente en trámite, lo único que podían hacer los concejales era decir “sí” o “no”, con su voto.
“Tenemos entendido que ya está comprado. Esto funciona como una escribanía”, acusó y trató a los ediles oficialista de “súbditos” del intendente.
Otero, como en cada sesión, le disparó munición gruesa. Tras recordarle que hace cuatro años es concejal, lo conminó a “revisar la Ley Orgánica”, la “Biblia” del funcionamiento del Estado local. Con un temblor de enojo en la voz, le dijo: “No somos súbditos: somos honorables concejales, como usted”. También le recordó que existe un fondo de seguridad municipal creado con el aporte de funcionarios y ediles, al que ya nadie aporta.
En medio del debate, Quintana dijo que esa cuenta “no tiene plata”, según consulta que hizo con el Contador municipal, y que “en el Fondo de Seguridad de la provincia hay 3.500.000 pesos”. Al 1 de julio, según la documentación oficial, había ocho millones.
