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jueves, julio 29, 2021
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Cómo ser dueño de la isla en pocos pasos

La legislación vigente sobre el sector bonaerense de Islas, es prácticamente nula. En cuanto a la utilización de las tierras, la provincia de Entre Ríos, posee mejores regulaciones, aunque no excelentes. Este año, cuatro expedientes ingresaron a la Municipalidad.

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Los graves accidentes y terribles consecuencias que trajeron y que todavía traen los incidentes de quema en el territorio de islas, no sólo han dejado al descubierto una falta de preparación por parte de las provincias que intervinieron y la Nación, sino también, revelaron que las autoridades desconocen y no tienen (o no quieren tener) un registro de los propietarios o el mapa de las personas que habitan sobre las islas de ambas jurisdicciones. Sin embargo, con tan sólo un par de pasos (si hay algún contacto mejor), se logra obtener la propiedad de un territorio, que es de todos.

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Paso a paso
Es cierto, que son varios los trámites que se deben realizar y algo de dinero el que debe invertirse, pero teniendo en cuenta los réditos que ese lugar puede traer, quedarse con una porción de tierras en las islas, es simplemente “un trámite”. Casi como una receta, le describiremos los puntos a seguir para lograr su espacio.
Lo primero que debe hacerse es elegir el lugar. Un terreno que según el destino que se le quiera dar (hacienda, agricultura) sirva, sin importar si en el habitan personas que hayan nacido en el lugar o tengan varias generaciones allí. Una vez que tenga decidido el sitio, contrate a un agrimensor. Este, debe realizar un trabajo preciso, ya que con esos datos creará un plano de mensura. Una vez que tiene el mapa requerido, el profesional debe dirigirse a través de una carta al Intendente Municipal de la ciudad, solicitando una visación previa del expediente, el cual, será dirigido a la autoridad competente del lugar para ser tratado. En el caso de San Pedro, la Secretaría de Obras Públicas que dirige Pablo Zeme, más específicamente, a la Dirección de Obras, que dirige el Arquitecto Adolfo Benincasa o a la de Planeamiento a cargo de Diego Chediak.
Esa documentación ya en manos gubernamentales, es “completada” con algunos datos, tales como nomenclatura catastral, dominio, si en los registros figura ese terreno a nombre de alguien, partida inmobiliaria, etc. Los mismos son aportados por los documentos que tiene el municipio. Si por casualidad, el lugar escogido figura a nombre de alguien, no hay problemas; los trámites continúan sin inconvenientes.
En una segunda etapa, luego de obtener estos datos, el expediente pasa a la Dirección de Rentas, con el objetivo de saber si sobre el territorio en cuestión existe algún tipo de deuda de tasas municipales. Este, es un paso sencillo, debido a que nunca habrá deudas, ya que en el caso local, el Municipio no tributa tasas sobre la región, a diferencia de la vecina ciudad de Baradero, pero igualmente, se debe cumplir con esta etapa.
Terminado ese requisito, el plano y el pedido vuelven a Obras. Allí, se verifica la información aportada en el plano a través de un mapa que el municipio tiene, verificando principalmente que el territorio mencionado pertenezca a San Pedro, a través de los números de fracción, parcelas y superficie. Sin mayores inconvenientes, logra la firma de los responsables de área y es retirado por el interesado, pagando un derecho de parcelamiento, que depende de la cantidad de parcelas y la superficie elegida.

La Provincia
Aquí no termina todo, ahora la ambición por nuestro propio territorio insular lleva los papeles a La Plata, precisamente a la Dirección de Geodesia, dependiente del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos. Esta oficina tiene la tarea específica de realizar la cartografía en el territorio provincial, como así también realizar el control fotogramétrico, fiscalizar y aprobar las mensuras. La carpeta, pasa también por la Dirección de Catastro, dependiente de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) dirigida por Santiago Montoya. En ese lugar se vuelve a averiguar sobre el propietario del territorio, si esta vivo o si existen herederos. Básicamente se suman antecedentes para decidir. Una vez finalizado el trámite, se envía una copia a la Municipalidad de origen con la leyenda “Registración sujeta a Resolución Judicial”, ya que hasta que no se obtiene la venia por parte de un Juez, no se es “dueño”. Sucede que todos o casi todos, deben iniciar un juicio de usucapión que demuestre que la antigüedad propia o ajena (está de moda engañar habitantes para “comprarles” los años de posesión), les de derecho a hacerse legítimos dueños.
De esta manera y mientras espera el fallo favorable terminaría el recorrido legal para comenzar a hacer uso de su nuevo territorio. Igualmente, si usted logra tener con éxito un extenso terreno, donde viven familias, hay una alternativa: enviar a su apoderado con un par de efectivos policiales armados para hacerles firmar contratos de comodato con duración de un año y colocar carteles con la leyenda “Propiedad privada”.

Documentación local
Para llevar adelante todos los pasos aquí en San Pedro, la Dirección de Obras está munida de dos documentos esenciales, pero no por ello operativos. Por un lado, un mapa de catastro, que comprende el territorio bonaerense desde San Nicolás hasta San Fernando, con su determinado territorio insular, dividido a través de una línea imaginaria. Este, se encuentra totalmente desactualizado, ya que es del año 1965, por lo que algunas de las zonas ahí mencionadas, no existen más. Por otra parte, se encuentra un padrón, que contiene los datos de los habitantes o “propietarios” del lugar, donde se mencionan algunos nombres conocidos, tales como Celulosa Jujuy, otros no tanto, como Agrobosque S.A. y particulares, como Bibiano Fumazzoni, uno de los 160 dueños denunciados por el Gobierno por la quema y que se lleva varias hojas de las 17 que tiene este documento. Pero lo que llama la atención, es que este listado, proporcionado por el Ministerio de Economía, es del primero de Diciembre del año 1982.

Legislación entrerriana
En la provincia de Entre Ríos aparece una mejor organización, ya que en los últimos tiempos han avanzado en la creación de algunos documentos que den un marco legal a la situación de su enorme territorio insular, que permiten otra forma de obtener su espacio en las islas, en algunos casos bastante cerca de nuestra ciudad. El Decreto 9695 de la Gobernación, en ese entonces a cargo del Dr. Jorge Pedro Busti, aprobado el 29 de Diciembre de 2005, utilizando como base la ley 9603 del año anterior, menciona en algunos de sus tramos: “Que la norma enunciada somete a sus disposiciones a todas las Islas Fiscales de la Provincia de Entre Ríos, fracciones o lotes de las mismas y anegadizos que pertenezcan al patrimonio provincial o que en el futuro ingresen al mismo por cualquier título o modo, facultando a este Poder Ejecutivo a su arrendamiento mediante Procedimiento Público de Selección de Ofertas a través del Organismo que a tales fines se determine como “Autoridad de Aplicación” de dicha legislación”. Así, básicamente deja en claro la propiedad de los territorios y la metodología de utilización de terceros.
El objetivo, también señalado, es el de poder a través de una manera legal y clara realizar el recupero y/o reafirmación de los espacios del Estado, “propiciando como último fin la obtención de ingresos para el erario público, ante la demanda creciente de tierras, especialmente las de mayor aptitud, con destino a prácticas agrícolas intensivas en detrimento de su uso para el desarrollo de actividades ganaderas, apícolas y proyectos de inversión para servicios turísticos” según indica.
Sobre la posesión de los mismos, además menciona la situación precaria de algunos de los actuales habitantes, entre los que se encuentran los vecinos sampedrinos: “resulta necesario facultar a la mencionada Dirección (Desarrollo, Economía y mercados) a arbitrar los recaudos necesarios para obtener la restitución de islas fiscales que en virtud de prácticas anteriores a la vigencia de la Ley Nº 9603, fueron entregadas a terceros mediante “Convenios de Tenencia Precaria”, en forma gratuita para su uso y goce, bajo apercibimiento de iniciar las correspondientes acciones legales.”

Los “alquileres”
Tal cual como lo había comentado en una nota realizada por La Radio, Rubén Sarli, existe un régimen para el arrendamiento. El mismo, según indica este Decreto, se realizará a través de llamados públicos de ofertas realizadas por la Dirección ya mencionada. En el artículo quinto del documento, indica que el precio base del alquiler será “el índice promedio del kilo vivo de novillo que difunde el Mercado de Liniers correspondiente al día Miércoles anterior a la fecha de llamado a concurso, el que se ofrecerá por hectárea y por año.”
Para poder presentarse en una oferta, se deben cumplir algunos requisitos, tales como el cumplimiento de las obligaciones impositivas, ya sea en la Nación, en la Provincia y en el Municipio y acreditar el Libre Deuda. A la vez, se deben presentar otros documentos, según el destino que se le dará al territorio: los productores ganaderos presentarán carnet de marca actualizado su nombre y constancia de inscripción en el Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios (RENSPA), certificación de cumplimiento de las vacunaciones obligatorias vigentes expedido por SENASA.
Los productores apícolas deben entregar la inscripción en el Registro Nacional de Productores Apícolas (RENAPA). En caso de que se trate de un emprendimiento de miel orgánica, la certificación correspondiente. En producciones alternativas hay que detallar el tipo de especies que pretende explotar y descripción de su proyecto. Por último, en explotación turística se debe describir el proyecto y las inversiones a realizar. Además el Decreto aclara: “En todos los casos deberá aportar la documentación que acredite su carácter de propietario o arrendatario (o prestador de servicios de una explotación agropecuaria en la Provincia de Entre Ríos si es oriundo de otra provincia.” En caso de personas jurídicas, además de lo detallado tienen que acompañar una copia certificada de su estatuto social actualizado, el acta de última asamblea ordinaria de elección de autoridades y tiene, el acta de directorio de distribución de cargos.
Párrafo escandaloso
Un dato muy interesante, es el que aporta el artículo 10, donde especifica quienes no pueden ser arrendatarios: miembros de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, autoridades superiores provinciales y el personal jerárquico no escalafonado de la Administración Pública Provincial; miembros de la Comisión de adjudicación, cónyuges, ascendientes, descendientes y los parientes por afinidad y por consanguinidad hasta el segundo grado de la línea colateral de los mencionados en los incisos precedentes; los tenedores o poseedores ilegítimos de tierras fiscales, incluídos los intimados formalmente, que no hubieren desocupado el predio en cuestión; los concursados y los declarados en quiebra; los ex adjudicatarios de tierras fiscales provinciales, a los que se les hubiera rescindido la adjudicación por incumplimiento de las condiciones de las mismas y las personas físicas y jurídicas que mantuvieran deudas con el Estado Provincial.
Se trata de un párrafo más que escandaloso cuando se analiza quienes componen algunas de la sociedades con mayor cantidad de hectáreas en tierras entrerrianas.
Entre los “quebrados” por ejemplo, está Victorio Gualtieri y entre los funcionarios, Pedro Pou por sólo citar dos ejemplos con más de 50.000 hectáreas cada uno.
El Decreto en sí, consta de 23 artículos que en mayor o menor medida dan parámetros por los cuales una persona puede obtener un espacio. Requisitos muy sencillos, pero claros en un punto: en Entre Ríos, las islas son del Estado y no se las podría quedar algún rico o poderoso. Bah, eso dice la teoría, en cuanto a la práctica la realidad habla por sí sola. En Buenos Aires, todo es lo suficientemente confuso como para que cualquiera con un rollo de alambre y alguna vinculación importante, contrate un agrimensor y empiece su juicio.
No trate de hacerlo ahora, llegó tarde y está todo ocupado por los que “se avivaron” antes.

Pedidos de Pazzaglia 2008
En cuanto a solicitudes de estas características, en el registro municipal, no figuran muchos pedidos sobre el territorio de islas. “Este es un trámite que rara vez se hace” dijeron desde la Dirección. Sin embargo, en el año 2008, fueron cuatro los pedidos realizados, uno de un particular y tres a nombre de José Antonio Pazzaglia, el prófugo de la Justicia por la causa de incendios intencionales en islas.
De los tres pedidos, uno que está resuelto y con las firmas, no fue retirado jamás. El primero, el 4 de Enero y dos más en Febrero, el que espera es con fecha del 4 de Febrero, exactamente un mes después. El mismo, expediente 0066/08, consta de la firma del agrimensor Pablo A. Sagarra y dice lo siguiente: “Existe dominio vigente en el Registro de la propiedad. Bien: Lotes 94 y 95, Inscripción dominial: Folio 195, año 1972 (099), a nombre de: Winco Sociedad Anónima, industrial, comercial, financiera, inmobiliaria y agropecuaria.” La mensura, se realizó en Diciembre de 2007 por una parcela, por lo que se pagaron $ 200.

Lechiguanas
Entre lanchas y subterráneos, alternativas para una solución indispensable

Pasaron aproximadamente tres meses desde aquel indignante episodio donde inescrupulosos empresarios se acercaron a los habitantes de las Islas Lechiguanas con el fin de quitarles lo que les pertenece: su tierra. Hasta el momento ninguna autoridad política dio respuestas. El nuevo destino de los nativos engañados con contratos de comodato “truchos” es la Defensoría General de la Nación.

Con las escaleras del subte línea D como geografía, resulta difícil imaginar que el viaje tiene como fin una solución para los habitantes de las Islas Lechiguanas. Es que son realidades tan lejanas que produce cierta impotencia creer que es necesario llegar a pleno centro porteño en busca de una solución para algo que se produce a 160 kilómetros. Dios atiende en Capital y la Defensoría General de la Nación también.
Stella Maris Martínez es la Defensora General de la Nación y, según asesores judiciales, ella podría intervenir en el caso producido por el fraudulento contrato de comodato que Deltagro S.A. celebró con los isleños. El hecho de que la empresa de Vittorio Gualtieri tenga domicilio en Capital Federal, hace factible la intervención.
El edificio de la Avenida Callao al 970 tiene una puerta de madera doble con las manijas enchapadas en bronce, en un edificio de gran opulencia. A la entrada, un oficial de la Policía Federal custodia el paso de toda aquella persona que no tenga nada que ver con el organismo. Luego de escuchar que la intención era hablar con la Defensora General de la Nación se comunicó rápidamente con su secretaria privada Carolina, que en cinco minutos se apersonó en el lobby del edificio con papel y lápiz en mano, dispuesta a escuchar la inquietud.
La situación fue planteada cautelosamente y sin dejar ningún cabo suelto. Comenzamos nuestro desarrollo con la firma del contrato, comentando la existencia de los carteles de Propiedad Privada y manifestando todas las gestiones que ya habíamos realizado hasta el momento, desde el viaje a la Intendencia de Gualeguay, pasando por Rubén Sarli y la Municipalidad de San Pedro. Carolina, la secretaria de la Defensora General de la Nación nos explicó que la agenda de Stella Maris Martínez estaba repleta esta semana debido a la cantidad de petitorios en relación al conflicto agropecuario, pero que concertaríamos una entrevista para la semana próxima con el fin de interiorizarse del conflicto.
La sensación fue la de un sincero interés por parte de Carolina, quien a poco de andar, solicitó toda la documentación para entregar a la funcionaria que esta semana podría abrir su agenda al caso.

La otra esperanza
Tal como se dio a conocer oportunamente, todas las puertas al alcance de este medio fueron golpeadas. En la misma causa por la que el Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, su secretaria en cuestiones de medio ambiente, también se interesó por el caso de los vecinos de Lechiguanas. Nadie, nunca informó sobre su existencia a pesar de los anunciados planes de extinción del fuego que tienen como responsables a cada una de las provincias que adhirieron al programa. Ya se han cruzado un par de comunicaciones y se estudia una posible visita de funcionarios de esa cartera a la zona de islas. Por el momento, es sólo una posibilidad, pero tal vez el humo que llegó a plena Capital, provoque que alguien cominence a “olfatear” otros aromas hediondos que surgen del centro de los negocios que varias empresas y personas lamentablemente notables tienen sobre esas tierras. En esta semana, tambíén desde ese ámbito podrían surgir nuevas medidas. Al menos hay un indicio: el Juez Villafuerte Ruso solicitó a la Prefectura un relevamiento sobre las familias que habitan las islas.

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