Burgos debutó con reorganización del área
Apenas asumió, siete trabajadores de Inspección fueron notificados de su traslado. La mayoria está vinculado al sindicato de Parzon, que es uno de los que fue derivado a otro sector. Sufrirán recorte en sus salarios a través del quite de bonificaciones. Hablan de “persecución”.
:format(webp):quality(40)/https://opinionsemanariocdn.eleco.com.ar/laopinion-static/images/logo.png){kind=logo}
En la asunción del jueves, la jura de Roleri habilitó la palabra a los directores. El de Tránsito y Nocturnidad Ángel Burgos emitió un mensaje que tendría sus consecuencias oficiales minutos más tarde. Dijo que su objetivo es que el vecino “encuentre inspectores confiables, responsables, honestos y con buena predisposición”. Con ese discurso de fondo, trasladaron a siete empleados del área.
“Fuerza compañeros Rafael, César, Osvaldo, Braian, Rodolfo, Darío”, publicaron desde el sindicato que conduce Parzon. Todos ellos, cinco de los siete, fueron reubicados. Los dos primeros a la portería del Estadio. Uno al Corralón. Dos al Centro de Monitoreo. Otro al buque museo.
“Hemos sido trasladados nuevamente de área sin ninguna explicación”, dijeron y aseguraron que la decisión se dio “curiosamente” para con integrantes de esa organización sindical, al tiempo que auguraron un camino “muy largo, oscuro y espinoso”.
“Bajo ningún punto de vista, no los conozco”, dijo Burgos cuando se le preguntó si acaso estos trabajadores no respondían a la consideración de “confiables, responsables y honestos” que necesita en el área.
Lo que en el sindicato de Parzon califican como “persecución” está avalado por la emergencia económica, que permite este tipo de traslados. Algunos de los removidos perderán pingües beneficios, como bonificaciones del 90 por ciento, premios por conducir vehículos y dedicaciones exclusivas que durante los últimos años disfrutaron.
Entre los siete trasladados hay un joven que el año pasado se escapó de su tarea como vigilador de las cámaras para ir al Estadio a jugar al fútbol. Ello provocó que lo cambiaran de área, pero ahora lo regresaron.
La mayoría pidió licencia. Vacaciones que, aparentemente, no habían gozado. Dicen que desensillarán hasta que aclare, aunque lleve tiempo. “La vida es una rueda”, repiten, resignados.
Para reemplazarlos, Burgos tiene previsto por lo pronto sumar personal de otras áreas. Luego, informó, habrá un “concurso público” para tomar “entre 10 y 15 inspectores” y conformar un cuerpo de “entre 25 y 30 personas que necesita el área”.
Para ello, deben esperar que a fin de mes termine la vigencia de la emergencia económica, que impide tomar personal. En el Ejecutivo, donde evalúan prorrogarla, analizan alternativas para excluir áreas sensibles de la prohibición.
Los sumariados se defienden
La semana pasada La Opinión reveló que hay tres empleados sumariados y suspendidos por 60 días sin goce de haberes, acusados de conductas impropias de gravedad que podrían derivar en sus despidos, de probarse lo que se les imputa.
Se trata de una empleada de Tesorería investigada por el faltante de 167 mil pesos de la caja mediante la anulación de comprobantes de pago, detectados cuando contribuyentes plantearon que no pudieron hacer un trámite y que desde el momento en el que en el Gobierno se dieron cuenta de que no figuraban pagos por el uso del Estadio que habían hecho varios clubes, empezaron a investigar.
El abogado Mauricio Gugger, que representa a la trabajadora, hizo una presentación en el Ministerio de Trabajo por acoso laboral y consideró que hay “persecución política” en el caso, ya que su clienta es “militante del Frente para la Victoria”. Sostuvo que no hay elementos para probar la acusación.
También dijo que no podrán probar la acusación en su contra el empleado del Juzgado de Faltas acusado de acoso sexual. La semana pasada, con este semanario en la calle, aparecieron en la Municipalidad otros testimonios que refieren lo mismo que el primer denunciante: citas fuera de horario, toqueteo de las partes íntimas, solicitud de favores sexuales a cambio de hacer desaparecer las multas.
El trabajador es afiliado al Sindicato de Trabajadores Municipales que conduce Juan Cruz Acosta, cuyo asesor legal lo representa. En el gremio consideran que con la palabra de los denunciantes no alcanza para que el empleado haya sido suspendido y mucho menos para que lo dejen cesante.
El tercer caso es el de un empleado del Centro de Salud de Río Tala, acusado de llevar menores de edad sin autorización médica, diagnosticar patologías y prescribir tratamientos sin ser profesional y utilizar el espacio como “veterinaria”.
