Buena noticia: discapacitados no tendrán que hacer trámites para seguir cobrando su pensión no contributiva
Tras varias semanas de incertidumbre el gobierno nacional dio marcha atrás con una medida que obligaba a los beneficiarios a validar con trámites complicados su estado de salud y el derecho a percibir sus haberes. Hubo más de 200 consultas que desbordaron a médicos y administración hospitalaria. Quienes iniciaron el trámite deben completarlo.
La Agencia Nacional de Discapacidad (AND) canceló la Resolución 187/2025, que había aprobado el sistema denominado “Baremo 2025” para la evaluación de los beneficiarios que accedieron a pensiones no contributivas, exceptuando los menores y las personas auditadas en 2024.
La metodología aplicada para la elaboración de una escala que analizaba si los beneficiarios cumplían con los requisitos quedó sin efecto y generó un alivio para quienes debían someterse a la consideración de un auditor y, por ende, al Hospital local que era el centro de atención de los pensionados.
Se estima que más de 200 personas se vieron afectadas por la incertidumbre que generó la obligatoriedad de un trámite que ponía en riesgo sus ingresos. Muchos creían que era el final de la pensión que recibían, porque eran citados a una auditoría médica donde se les pedía un informe actualizado de historia clínica.
No obstante, aquellos que recibieron la notificación para efectuar el trámite deberán completarlo.
La disposición que tenía un plazo acotado también exigía otros trámites y documentación. Por ese motivo, eran muchos los que deambulaban en procura de los certificados que debían presentar, incluso viéndose obligados a movilizar a personas con dificultades para desplazarse.
El procedimiento se completaba con la auditoría, que tenía su lugar en nuestra ciudad. Pero esto también sumaba otra dificultad, porque los beneficiarios eran citados con pocos días de antelación, lo cual obligaba a salir raudamente a buscar un turno para el médico, que ordenaba estudios para luego certificar el estado del discapacitado.
“Un proceder que afectaba a todo el sistema sanitario ya que los costos recaían sobre la estructura municipal”, indicó uno de los funcionarios que solicitó que se difunda la caducidad de esa medida para aliviar a los afectados.
Ahora el Gobierno Nacional trabajará en una nueva reglamentación, con “criterios técnicos actualizados”, tras las observaciones realizadas sobre su implementación en marzo de este año.
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