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    Bomba: Cuenta regresiva para los detenidos

    “Siguen todos detenidos”, dijo el Fiscal Patricio Múgica Díaz, responsable de seguir reuniendo pruebas en la causa por comercialización de drogas que tiene como principales imputados a Juan Carlos “Bomba” Gallardo y a su esposa Laura Quinteros, el matrimonio que desde hace cuatro años habita una casa en Vuelta de Obligado cuyos terrenos reclama la Fundación que lleva el nombre de Dolores Obligado. La única novedad de la semana se produjo con la declaración de Leonardo Andrés Barrios, quien alegó su inocencia.

    15 de febrero de 2017 | 15:56
    Bomba: Cuenta regresiva para los detenidos

    “Bomba” Gallardo, su esposa Laura Quintero, su hija Johana y su yerno Leonardo Andrés Barrios, a los que se sumaron Brea Fernández y Carola Austin, siguen a disposición de la Justicia en distintas dependencias. A las declaraciones de los sampedrinos representados por el Dr. Hugo Lima, se sumó Barrios, cuya defensa y la de su esposa están a cargo del Dr. Gotardo Migliario.

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    El yerno del principal imputado se declaró inocente y según se supo era el único que permanecía detenido en una zona cercana a San Nicolás a raíz de problemas de salud que impedían su alojamiento en un penal. Fue la única novedad en la causa que mantiene en vilo a todos los que han colaborado en la investigación y temen por su suerte. Ese es el caso de una persona que hizo tareas de inteligencia y que fue luego acusada de la comisión de un delito y por ende privada de su libertad. Hay otros colaboradores a los que recurrió la Justicia que esperan que salte el resto de los nombres vinculados a la banda y que lleguen imágenes que documentan todo lo que sucedía en el paraje histórico y en el resto de los domicilios donde operaban. De hecho el departamento de calle Boulevard Moreno 265 que fue requisado el día de las detenciones era utilizado como vivienda por Johanna Gaitán Quintero.

    La fiscalía tematizada a cargo de Patricio Múgica Díaz entiende que aún hay plazo para seguir aportando pruebas, incorporar nuevas escuchas telefónicas en los teléfonos secuestrados y pericias de armas. Cuando el plazo expire, de no mediar circunstancias especiales, los abogados defensores presentarán una serie de circunstancias que en el caso de al menos dos de las tres mujeres detenidas podrían justificar su libertad por ser madres de niños menores y porque “no representan peligro de fuga”, según evalúan por estas horas los profesionales.

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    Todos los imputados fueron trasladados a unidades del servicio penitenciario para evitar alojamiento en comisarías. Están en La Plata, Junín y Campana a la espera de instrucciones de sus abogados. Algunos han recibido visitas, otros, solo la comunicación con los profesionales. Quien observó a Gallardo en su primera estadía en una dependencia policial habló de un hombre “curtido y acostumbrado al mundo del delito” y auguró que por sus antecedentes le será más complicado demostrar que no era el jefe de la zona.

    Respecto a la agente de la policía local que estaba en el local de Oscar “Brea” Fernández en el momento del allanamiento luego se supo que su vínculo con el detenido era estrecho aunque no la coloca en ninguna situación delictiva más que la de haberse ausentado en su trabajo, el cual sigue ejerciendo.

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    Los bienes y el dinero
    Una parte importante de la investigación que aún no trascendió en detalles está fundada en la circulación del dinero que manejaban los Gallardo. Decían siempre que estaban vinculados a la industria frigorífica pero se los veía trabajar poco y viajar mucho. Los vehículos secuestrados el día de la detención, la propiedad discutida de la finca en Obligado y la escasa presencia de grandes sumas de dinero es uno de los puntos más débiles para demostrar el modo en que se distribuía el dinero en “esta banda”.

    “El vínculo no está probado y no pueden mantener detenida a Carola por estar en el local de Fernández”, dijo Hugo Lima en la tarde del lunes a La Opinión. “Ella y Brea declararon y los dos dicen que no tienen nada que ver. Brea dijo que conocía a Gallardo por el negocio de la madera que tiene en San Pedro”, agregó.

    Por su condición de “consumidores”, el letrado cree que habrá consideraciones distintas. “Acá no hay una asociación ilícita y si llegan a pedir la preventiva tendrán que fundamentar porque ahí presentaremos un recurso, cuando tengamos claro de qué los acusan y podamos defenderlos de lo que los atacan”.

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    En cuanto a la camioneta que estaba estacionada en el comercio de la maderera de Fernández, que fue secuestrada y derivada junto a los rodados que participaron del traslado de la droga cuando fueron interceptados en Zárate, Lima dijo que no hay motivo para retenerla y recordó que su representado cumplía con una actividad lícita en la que era lógico “tener contacto con muchos clientes”.

    Obligado y los vecinos

    En la localidad los comentarios arden, al punto de explicar que la familia Gallardo no reviste la condición de “vecina” y que todas sus relaciones han sido ocasionales. La casa que está al cuidado de un casero también es motivo de litigio. La Fundación Obligado pidió el desalojo cuando la vivienda fue construida por la familia Renigruber y luego ampliada por los Gallardo como finca estratégica para sus operaciones.

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    • Edición N° 1298
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